La muerte de Fernando Villavicencio partió la historia del país en dos; no por su nombre, sino por lo que significó ese crimen para la sociedad. Ocho sicarios murieron y otros cinco recibieron sentencia. La gran deuda de la justicia: dar con los autores intelectuales. 

El 9 de agosto de 2023 terminaba con relativa normalidad en Ecuador. La campaña política previa a las elecciones anticipadas de ese 20 de agosto estaba en pleno desarrollo, las encuestas sobre preferencias electorales daban sus propias cifras y no coincidían sobre quienes pasarían a segunda vuelta; la clase política se enfrascaba en promesas de campaña y en cuestionamientos mutuos, mientras que la ciudadanía se dedicaba a sus actividades habituales, a ganarse el sustento diario, indiferente hasta cierto punto del movimiento político electoral que se venía desarrollando.

En fin, era un día como cualquier otro en este país. Hasta que, pasadas las 18:20 de ese miércoles, una noticia conmocionó al país: el candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio, había sido asesinado a tiros por un grupo de sicarios tras salir de un mitin político en el norte de Quito. 

Fue el día en que se empezó a escribir otra historia. “Sin lugar a dudas marca un antes y un después en la política. El Ecuador como isla de paz, como territorio amigable quedó en el pasado. Con la muerte de Villavicencio se da paso a un nuevo escenario en donde la narcopolítica y el terrorismo inciden en las campañas electorales y posiblemente en la designación de candidatos”, considera el analista político Alfredo Espinosa.   

Por su parte Cléver Jiménez, exasambleísta y exprefecto de Zamora Chinchipe, amigo personal de Villavicencio, considera que se demostró que el que combata a las mafias políticas, el que investigue actos de corrupción y exponga a la narcopolítica, sería asesinado. “Nos deja un sabor muy amargo porque ha pasado un año y hasta hoy no tenemos resultados de la investigación por parte de la Fiscalía para determinar quién o quiénes fueron los autores intelectuales del crimen”, comentó Jiménez. 

Criterio que es compartido por Nathalia Salazar, abogada de las hijas de Villavicencio, Tamia y Amanda, víctimas indirectas del magnicidio. “Estamos en pañales todavía”, dijo Salazar en referencia a que aún no se sabe nada de los autores intelectuales, por lo que el caso está lejos de cerrarse. A un año de su asesinato, estos son los hechos que se han dado en lo político y en lo judicial.

Repercusiones políticas

El efecto inmediato que tuvo el asesinato del candidato presidencial, consideran Jiménez y Espinosa,  es que en las elecciones presidenciales haya terminado por triunfar Daniel Noboa, un candidato que hasta entonces era casi desconocido, sin mayores posiblidades de imponerse en las urnas, con una campaña pobre en contenido y sin mayores argumentos. 

Espinosa explica que ese triunfo se debe a que en el momento en que asesinaron a Villavicencio, el anticorreísmo se quedó sin candidato y muchos de los que pensaban votar por él, optaron por hacerlo ya sea por Christian Zurita, quien reemplazó en la candidatura a Villavicencio, o por Noboa, que en ese momento se presentaba como un candidato conciliador, con imagen positiva, sin tomar una posición sectaria, abierto al trabajo y el diálogo con todos los sectores. 

Para el analista, Noboa supo capitalizar electoralmente el repudio que generó el magnicidio, y coincide con ciertos sectores políticos que califican ese triunfo como un “accidente” de la política, que se demostró al no poder estructurar un gabinete ministerial con experiencia y que a nueve meses de asumido el poder, sus funcionarios sean más conocidos por problemas administrativos que por gestión realizada. 

Jiménez añadió que con la muerte de Villavicencio, Construye, el movimiento que lo auspició, obtuvo un importante número de asambleístas que en condiciones normales no tenían la mínima oportunidad de llegar a la Legislatura. Obtuvo 29 curules, pero una vez instalada la nueva Asamblea, algunos han tomado caminos diferentes, uniéndose  al oficialismo o a otras bancadas o como independientes, dejando al momento a Construye con 14.        

En lo judicial 

A un año del asesinato, dos de los cinco procesados como autores materiales fueron condenados a 34 años y ocho meses de cárcel, y los tres restantes a 12 años de prisión. Según las investigaciones ellos se encargaron de conseguir la logística para el atentado, el dinero, y reconocer el lugar donde se iba a realizar el mitin político.

Salazar asegura que de este proceso aún quedan puntos por aclarar por parte de la Policía, como el no haber dispuesto una debida cápsula de seguridad para el candidato a pesar del alto nivel de riesgo de sufrir un atentado que mantenía, que era del 92% según el informe de la propia Policía. O por qué no se facilitaron los recursos logísticos para reforzar la seguridad del candidato, a pesar del pedido realizado por el oficial a cargo. 

Luego del magnicidio, la Policía abatió al principal gatillero, Johan David Castillo, alias ‘Ito’, quien falleció cuando era trasladado a la Unidad de Flagrancia. El cuestionamiento es por qué se le llevó a ese lugar y no a un hospital para que fuera atendido. 

Pero el mayor “cabo suelto” es qué pasó para que a los pocos días del asesinato del candidato, siete de los sicarios hayan aparecido muertos en cárceles distintas: seis en la penitenciaría del Litoral, Guayaquil, y uno en la cárcel de El Inca, en Quito. 

Salazar manifestó que esa es una respuesta que el Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), a cargo del manejo de las cárceles, le debe al país, pero sobre todo a las hijas y a la viuda del candidato. “Necesitamos conocer bajo qué circunstancias fueron asesinados el mismo día y a la misma hora, en centros de privación distintos siete de los sicarios que participaron de los hechos el 9 de agosto de 2023. Esa coincidencia del día y la hora es el mensaje de la delincuencia, tanto al Gobierno como a todo el pueblo ecuatoriano”, manifestó.  

La gran deuda y tarea pendiente es dar con los autores intelectuales, investigación que está a cargo de la Fiscalía y que se lo maneja con tanta reserva que según Salazar no se les ha permitido tener acceso al expediente y lo que han logrado hasta el momento es obtener el número de la investigación previa, con lo que esperan conocer los avances que ha realizado la Fiscalía y solicitar, si amerita, otras diligencias. 

“Espero que la muerte de Fernando sirva para que nadie calle, para que todos luchemos contra la corrupción y exijamos que los recursos del Estado se manejen de manera transparente y honesta”, concluyó Jiménez. 

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