En este espacio se planea levantar un proyecto habitacional, impulsado por una empresa en la que la Primera Dama es accionista mayoritaria y el foco recae también sobre funcionarios del Gobierno. ¿Qué está verificado y qué no dentro de este lío? Te lo contamos.
POR: Esteban Cárdenas V.
Olón, un zona poco nombrada en medios de comunicación y conflictos, ha cobrado fuerza en las últimas horas luego de que su comunidad se levantó en manifestaciones pacíficas para evitar que un proyecto habitacional se construya en este espacio. A esto se sumaron denuncias de diferentes fundaciones y organizaciones que rechazan la ejecución de esta obra. Y el asunto tomó mayor revuelo cuando se conoció que detrás de la empresa constructora está la esposa del presidente, Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi.
Para entender todo lo que ha ocurrido en este espacio es necesario primero comprender, precisamente, quiénes son los implicados en este conflicto y por qué este ha cobrado tanta fuerza. Quizá, lo primero, sea un relato cronológico:
En septiembre de 2023, la empresa Geosísmica Consultora emitió un informe de factibilidad para la construcción de un proyecto denominado ‘ECHO’, en Olón, Santa Elena. Específicamente cerca de la playa Oloncito, “en un terreno inclinado desde el Este (ruta Spondylus) – Oeste (playa Oloncito)”.
Según el informe realizado por la consultora, el proyecto arquitectónico incluiría, entre sus planos, la construcción de cuatro edificios que darían un total de 24 unidades de viviendas, divididas en departamentos. Además, el proyecto contempla la construcción de áreas sociales, áreas verdes, parqueaderos, acceso directo a la playa, malecón, entre otros productos.
Con ese documento emitido en 2023, su construcción estaba planificada en un lapso de tres años. Los inicios de los trabajos, sin embargo, levantaron las alertas de la comunidad y también de fundaciones que se encargan de velar por los derechos de la naturaleza. Esto, debido a que el proyecto implica la intervención del Esterillo Oloncito.
Anteayer, 6 de mayo, la comunidad de Olón se congregó en el estero para manifestar su rechazo al proyecto, considerando que este implica una violación a los derechos de la naturaleza. La protesta se desarrolló de forma pacífica y continuó también ayer, pero con un resguardo policial y militar que llegó a la zona con el anuncio de la vigilia.
Las protestas organizadas por los comuneros subieron de tono desde el lunes, cuando empleados empezaron a talar el manglar de la zona. Horas después, llegó el contingente militar y policial.
Otras voces
Junto con esta acción de hecho llegaron también denuncias desde diferentes sectores. Entre estos, está la fundación La Iguana, que se enfoca en velar por la protección ambiental, sobre todo en manglares. Esta organización denunció la presunta irregularidad en el otorgamiento de los permisos y el delito ambiental que se estaría planeando cometer en la zona, llamando a la realización de esta construcción como un ‘ecocidio’.
A las denuncias también se sumó la Fundación Ecológica Oloncito. Su representante, Roberto Palacios, aseguró en declaraciones de prensa: “Han decidido levantar un proyecto inmobiliario en una franja pequeña y han conseguido la autorización del Ministerio del Ambiente para rellenar el estero y recuperar lo que, algún día, el estero ha erosionado, como si el estero fuera de propiedad de las personas”.
Asimismo, otros sectores como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se sumaron a las críticas a esta construcción y la forma en la que se ha llevado a cabo, tomando en cuenta que el caso ha involucrado a autoridades del Gobierno.
El exministro del Ambiente Javier Dávalos también se pronunció a través de sus redes sociales. En un comunicado, aseguró que el permiso ambiental otorgado para este proyecto no se dio durante el Gobierno de Guillermo Lasso, pues la solicitud habría ingresado el 28 de noviembre de 2023 y fue aprobada el 5 de diciembre de ese año, cuando Noboa ya estaba en el poder. La actual ministra de Ambiente, Sade Fritschi, inició su periodo el 23 de noviembre de 2023, apenas unos días antes de emitir el permiso.
Sin embargo, lo que ha levantado aún más críticas está en los accionistas de las empresas implicadas, tanto Vinazin (empresa constructora) como Geosísmica (empresa consultora). Ecuador Chequea verificó que la primera tiene como accionista mayoritaria a la Primera Dama, mientras la segunda tiene entre sus accionistas a Roberto Luque, ministro de Transporte y de Energía. Este medio también corroboró que el permiso ambiental dado al proyecto fue emitido bajo la figura de ‘registro ambiental’ por parte del Ministerio del Ambiente.
La Asamblea tampoco dejó pasar el tema. La bancada de Construye solicitó que la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, se presente ante el Pleno para dar explicaciones sobre el otorgamiento del permiso ambiental. El Legislativo aprobó la moción con 115.
Luego de varias horas de silencio, el presidente Noboa dijo en redes sociales que este acto no es más que una acción contra su campaña y su Gobierno. Además, hizo referencia a la investigación previa que ha levantado la Fiscalía para tratar este caso.
Asimismo, horas más tarde, la ministra Fritschi se pronunció a través de redes sociales. Aseguró que la zona en la que se busca levantar el proyecto no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aunque aclaró que 16% del proyecto está dentro del bosque y vegetación protector natural Esterillo y que, según la normativa vigente desde 2017, el país permite actividades productivas dentro de bosques protectores.
En su comunicado, la funcionaria aseguró que el proyecto es de bajo impacto y está en una zona que ya ha sido previamente intervenida. Esto, luego de aceptar su comparecencia en la Asamblea.
Otra de las respuestas vino de asambleístas del oficialismo, que aseguraron que el proyecto cumple con los lineamientos ambientales necesarios para realizarse.
Las críticas
Algunas de las críticas al proyecto se han enfocado al hecho de que este se encuentra dentro de un área protegida por el Estado. Ecuador Chequea verificó que esto es cierto. La zona en la que se desarrollaría la construcción forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo la figura de bosque protegido.
Esta declaratoria se dio en noviembre de 2001, bajo el paraguas de una declaración ministerial.
Por otro lado, sobre la necesidad de rellenar el terreno, el mismo documento emitido por la entidad dicta que “debido a la configuración topográfica del terreno existente se han concretado procesos erosivos por el cauce adyacente y de acumulación de agua”. Por esto, previo a la construcción se deberá desarrollar un proceso de relleno y recuperación del terreno.
Para Franklin Buchelli, abogado y experto ambiental, este tipo de proyectos deben ser tratados con pinzas por las autoridades de control, debido a que en la zona se encuentran manglares.
“Este es uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados y, lamentablemente, los estudios que se han realizado en los últimos 30 o 40 años evidencian que estos se han reducido significativamente. De su superficie total, nos queda apenas un 25% o 30%”, dice.
Buchelli también explica que este ecosistema cumple funciones de gran valor ambiental, como la desalinización del agua que llega del mar y entra a los esteros. Además, a esto se suma la reducción de la erosión causada por el oleaje y su participación en la dinámica biológica, como nichos de especies de animales, sobre todo moluscos, crustáceos y aves; y plantas de todo tipo. Él asegura que lo que se está planteando talar en la zona es un espacio de mangle rojo.
Para el experto, el Ministerio de Ambiente debió haber sido aún más severo al otorgar estos permisos, tomando en cuenta que el proyecto se encuentra dentro de un área sensible. Además, aclara que debió haberse respetado el régimen jurídico que ampara a la comuna de Olón al consultar e informar a la población sobre el proyecto.
“Estamos hablando de un ecosistema sumamente frágil y, por ventaja, muy protegido en el país. El artículo 406 de la Constitución aclara que los ecosistemas frágiles no pueden ser intervenidos, salvo por asuntos de interés nacional”, dice.
Buchelli destaca también que talar estos espacios puede ser penado con hasta tres años de cárcel, al ser un delito ecológico, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
“De manera general, no es que al cumplir requisitos se pueda obtener permisos ambientales en este tipo de espacios. El manglar está bajo protección y deben cuidarse los servicios ambientales que el manglar brinda. El Ministerio de Agricultura y el de Ambiente deben intervenir en beneficio del ambiente y de la comuna”, dice. “Los actos que se han dado ameritan sanciones e investigaciones”.
Sobre las declaraciones de Fritschi, Buchelli asegura que todo bosque protector debe ser un área protegida. Asegura que esto está garantizado en la Constitución y en acciones pasadas, como la ocurrida en Quimsacocha, Azuay. Aclara que no existe distinción entre un área protegida y un bosque protector, pues ambos ponen al Estado la responsabilidad de garantizar que estos se mantengan intactos. “Toda la normativa asegura que estas son áreas protegidas, sin distinción. No se puede diferenciar, por más que se busquen citar mal las leyes”.
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