La presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Nathaly Farinango, abrió oficialmente hoy el tratamiento del texto propuesto por el Gobierno. La necesidad de sentencia ejecutoriada para la extinción de dominio centra el debate.
Con dos comparecencias, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea dio inicio al tratamiento del proyecto de Ley para la monetización de recursos para la lucha contra la corrupción (reformas a la Ley de Extinción de Dominio, principalmente), remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, con el carácter de económico urgente.
La presidenta de la Comisión, Nathaly Farinango (ADN), manifestó que el informe para primer debate estará listo la próxima semana para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea, de acuerdo con el cronograma que maneja la Mesa legislativa. Farinango aseguró que esta es una herramienta que le permitirá a Noboa luchar contra el crimen organizado. Agregó que el proyecto de Ley busca que el proceso para la recuperación de bienes productos de actividades ilegales, “o de los delitos de cuello blanco” sea más efectivo y rápido.
Sin embargo, el legislador de Construye Jorge Peñafiel dijo que la reforma, como está planteada, no agilita el proceso de recuperación de bienes mal habidos, ya que se necesita una sentencia condenatoria ejecutoriada de índole penal, lo que dura mucho tiempo. Por lo que es necesario que, a la par del proceso penal, se inicie un proceso civil más expedito para la recuperación de esos bienes.
A pesar de que el proyecto de Ley reformaría siete normativas, el debate se centra en la Ley de Extinción de Dominio, ya que es la que tendría la mayor parte de cambios.
Para la asambleísta Mercedes Erbs, de Gente Buena, lo ideal sería trabajar en reformas que se acerquen a la ley colombiana en la materia, de la que, dijo, es efectiva en el tratamiento de esos casos.
Las comparecencias
Tatiana Sampedro, directora de Transparencia del Consejo de la Judicatura, indicó que la Ley de Extinción de Dominio persigue bienes producto de delitos, pero no personas. Sin embargo, reconoció que hay muy pocas sentencias en ese sentido, por lo complejo que resulta llevar adelante los procesos, que es lo que buscaría corregir estás reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Dijo que un aspecto positivo de esta reforma es que aumenta los tipos penales en con cuales se podría aplicar la reforma.
Cristian Gallo, abogado penalista, aseguró que para aplicar la Ley no es sencilla su investigación, y que se necesita mucha coordinación interinstitucional, que no se da al momento ya que hay delitos conexos. Según Gallo, la actual Ley no cumple los fines previstos, lo que se trata de corregir con esta reforma.
A la cuarta fue la vencida
La primera vicepresidenta de la Asamblea e integrante del CAL, Viviana Veloz (correísmo), cuestionó que se haya calificado a trámite este proyecto de Ley ya que, asegura, no tiene unidad de materia ni su contenido cumple los requisitos para que sea considerado como urgente en materia económica. Sin embargo aseguró que están abiertos a analizar el proyecto, ya que una forma de atacar la economía de las bandas criminales es reformar la Ley de Extinción de Dominio.
Tuvo que llegar un cuarto proyecto económico urgente para que pueda entrar en escena la Comisión de Régimen Económico. En administraciones anteriores esta era la Comisión que usualmente se encargaba de tratar los proyectos del Ejecutivo en esa materia. Sin embargo, en la actualidad, ha asumido esa tarea la de Desarrollo Económico.
En la Asamblea se comenta que la “resistencia” del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para remitir un proyecto de Ley económico urgente a la de Régimen Económico es la poca experiencia Farinango, la asambleísta más joven, con apenas 23 años de edad, y otros legisladores de esta mesa.
Cuatro asambleístas del oficialismo integran la Comisión de Régimen Económico. A ellos se suman un socialcristiano, tres correístas, y una de Gente Buena. Así está conformada está Comisión:
Nathaly Farinango (ADN), presidenta. No tiene registrado título universitario.
Jorge Alvarez (PSC), vicepresidente. Ingeniero comercial.
José Vallejo (correísmo), ingeniero bursátil.
Eckener Recalde (ADN), abogado.
Manuel Bohórquez (ADN), no tiene título universitario registrado.
Patricio Cisneros (ADN), ingeniero comercial.
Mercedes Erbs, (Gente Buena), sin título universitario registrado.
Juan Pablo Molina, (correísmo) economista.
Antonio Vega, (correísmo) economista.
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