Se realizaron los primeros operativos por parte de las Fuerzas Armadas que ahora tienen el respaldo del Decreto 730. ¿Qué contiene este decreto y cuáles son las directrices para los controles en las calles? Así es un operativo en la calle.  

Los operativos para combatir al terrorismo iniciaron hoy, al amparo del Decreto 730, firmado ayer por el presidente, Guillermo Lasso, que da vía libre para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles del país “para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas”. El terminal de El Recreo del Trolebús, en el sur de Quito, fue uno de los puntos de concentración de 40 militares que, con el apoyo de agentes metropolitanos, realizaron ‘cacheos’ a los usuarios del sistema para realizar control de armas, municiones y explosivos. Aunque son operativos que se han realizado con anterioridad, esta vez los militares tienen el respaldo adicional del mencionado Decreto. 

“Es una competencia legal de las Fuerzas Armadas y con el Decreto hemos intensificado estas actividades a escala nacional”, manifestó el teniente coronel José Luis Núñez, jefe del operativo. Manifestó que escogieron el sistema de transporte por ser un sitio de afluencia masiva de usuarios, pero también se cumplirán en las vías.

En este operativo lo que más se retiró a los usuarios fueron armas blancas, como navajas de diferente tamaño, estiletes, pequeñas dosis de marihuana, envolturas para ese producto, tabacos armados, cadenas, entre otros. Sus dueños trataban de justificar la tendencia de estos productos con argumentos de varios tipos: que son para consumo personal, en el caso de la marihuana; que son herramientas para el trabajo en carpintería, en el caso del dueño del estilete; que es parte de su vestuario, dijo en cambio el dueño de la cadena. 

Cristian Paredes, director Metropolitano de Seguridad de Quito, manifestó que son operativos interinstitucionales, que se cumplen entre tres o cuatro al día, en diferentes sectores de la ciudad, no sólo en el sistema de transporte. Recordó que en junio del 2022 se emitió la ordenanza 35, que prohíbe el uso y la comercialización de armas blancas en espacios públicos y que hasta la fecha se han retirado cerca de 250 armas de este tipo. 

Paredes aseguró que los agentes metropolitanos no pueden actuar directamente en el combate al terrorismo, pero que sí pueden apoyar cuando ubican a “personas que, aparentemente están dedicadas al terrorismo” dar las alertas necesarias. El funcionario aseguró que la presencia de los militares en las calles da una percepción de seguridad. 

Mientras tanto, la Policía informó que en Tachina, Esmeraldas, capturaron a dos personas, uno de ellos menor de edad, en cuyo poder se encontró un arma de fuego con cartuchos sin percutir; mientras que en Babahoyo abatieron a dos presuntos delincuentes y uno más resultó herido tras una persecución y cruce de balas. 

Un artículo polémico 

Aparte de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas, a través del Decreto se ordena al Comando Conjunto que inicie las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía. 

Y en el artículo 3, pide al Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI) que  tome “previsiones de seguridad para que el personal militar y policial que, como resultados de los operativos, sea sometidos a procesos judiciales penales, con la finalidad de garantizar su  integridad” en las cárceles.

Para el asambleísta de Pachakutik Salvador Quishpe, la intervención de los militares en la lucha contra el terrorismo debió haberse cumplido desde antes, ya que es su deber proteger la seguridad del Estado, pero espera que, a pretexto de combatir ese mal, no se reprima la protesta social. Sin embargo, no descarta que exista el riesgo de que los operativos se les vayan de la mano a las Fuerzas Armadas. “Lo hemos vivido. Los gobiernos hacen pendejadas, el pueblo reacciona, resiste, se levanta y lo que hacen los Gobiernos es ordenar a las Fuerzas Armadas que vayan y disparen y ahí están un montón de muertos en las organizaciones sociales”, dijo el legislador. Por eso, explica, estarían tratando de protegerse de alguna manera, a través del artículo 3 del Decreto.

En cambio, la legisladora del oficialismo Blanca Sacancela asegura que no es un instrumento para reprimir la protesta social, sino para combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Asegura que el artículo 3 pretende precautelar la seguridad de policías y militares que, actuando en el marco de los operativos, se vean sometidos a un proceso del sistema judicial que aún no sintoniza con la necesidad del país en materia de seguridad. 

Para el constitucionalista José Chalco, el Decreto es un instrumento jurídico idóneo y fundamental, que está en el contexto de la defensa de la soberanía del país para que en el interior del Estado no exista un poder que subyugue al Estado, como serían las bandas criminales.  

Sin embargo, considera que el artículo 3 era innecesario, porque le resta seguridad jurídica al Decreto, ya que se supone que todos los servidores públicos van a tutelar los derechos humanos, al ser una obligación constitucional y legal. “Bastaba con decir que se defenderá los derechos humanos, tanto para el Ejército, como para las presuntas personas que atentan contra la seguridad”, dijo Chalco.  

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