El segundo debate continuará el martes. En el Pleno, las intervenciones giraron en torno al rol de la Policía en la protesta pacífica y la necesidad de garantizar la labor policial frente a la delincuencia.
El Pleno de la Asamblea trató en segundo debate el proyecto de Ley de uso progresivo de la fuerza, bajo la expectativa de la sociedad de esta norma ayude a combatir la delincuencia, reducir la violencia y, sobre todo, que garantice la labor policial cuando enfrenta a los delincuentes.
Ocho legisladores intervinieron este día en el debate, quienes dieron sus aportes sobre diferentes aspectos, especialmente relacionados con la protesta pacífica y la intervención de la Policía, el uso de animales (caballos y perros) para frenar las manifestaciones, y la necesidad de proteger y garantizar la labor policial frente a la delincuencia.
Tras estás intervenciones, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (exBAN), suspendió la sesión y convocó su reinstalación para el martes, a las 09:30, cuando se prevé la intervención de otros 33 legisladores que se han inscrito para participar en el debate, luego de lo cual se preparará el informe final que se someterá a votación. Las bancadas se han pronunciado a favor del proyecto, por lo que se anticipa su aprobación.
Comisiones generales
Cuatro representantes de organizaciones fueron recibidos en comisión general para que expresen sus puntos de vista sobre la normativa. El coronel (SP) Mario Pazmiño aseguró que la Ley es necesaria porque el país ha entrado en una etapa de terrorismo urbano. Puso como ejemplo que, durante este año, han estallado cuatro coches bombas, tres de ellos en pleno Estado de Excepción; y que durante este Estado de Excepción han fallecido seis miembros de la fuerza pública. «El Estado y sus autoridades están desconectados de la realidad», dijo.
Sin embargo, añadió que en el proyecto de Ley no están todas las instituciones relacionadas con la seguridad; por ejemplo: el cuerpo de vigilancia aduanera, que tiene a su cargo captura de contrabando y la Comisión de Tránsito del Ecuador.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, cuestionó que se esté dando a la Fuerzas Armadas la potestad de participar de forma permanente en la seguridad interna, cuando es un ente complementario, de apoyo a la Policía. Para Vargas, la perspectiva es que se ponga en riesgo el derecho a la protesta social.
En comisión general también fue recibido por videoconferencia Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Su criterio fue que el proyecto cumple los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, y recomendó mayor articulación entre las instituciones del Estado, para que la Ley cumpla el objetivo con el que se redactó. Agregó también que luego será necesario establecer los protocolos para el uso de armas no letales, ya que en un momento dado también pueden convertirse en peligrosas, si no se tienen los parámetros definidos para su uso.
El debate
Para justificar la necesidad de contar con esta Ley, los legisladores exhibieron fotos, videos o hicieron mención de asaltos, robos, crímenes, sicariatos y otros delitos cometidos en el país en los últimos meses.
Pero también expresaron su preocupación de que pueda convertirse en una «carta blanca» para frenar la protesta social. Patricia Sánchez (PK) dijo que a las Fuerzas Armadas se les da la posibilidad de combatir la delincuencia, pero también se abre la puerta para que controlen la protesta social pacífica. «Justo cuando el movimiento indígena ha convocado a una movilización en su legítimo derecho a la protesta, asoma la urgencia de aprobar la Ley del uso progresivo de la fuerza», dijo.
Blanca Sacancela (CREO) respondió que la Policía necesita una Ley que los ampare y no se les judicialice por hacer su trabajo. Para la legisladora, esta ley debe ser aprobada, independientemente de los intereses políticos partidistas.
Mientras que Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad y ponente del informe, estableció las líneas generales del proyecto de Ley. Dijo que para garantizar la labor de la fuerza pública, la defensa del policía tiene que estar financiada por el Estado cuando sea sometido a un proceso judicial por uso de la fuerza. Agregó que se contempla la responsabilidad de los mandos por acciones u omisiones de sus subalternos.
Narváez dijo se contempla también la formación de jueces y fiscales para que puedan diferenciar, al momento de juzgar, entre un delincuente común, que comete un asesinato, y el policía que aplica el uso progresivo de la fuerza para detener a un antisocial. «No se puede tener el mismo concepto cuando un delincuente acaba con la vida de un ciudadano, que cuando un policía acababa con la vida de un asaltante en defensa de la ciudadanía», aseguró.
Y sobre la preocupación de que la Ley sea un instrumento que facilite a la fuerza pública para repeler las manifestaciones, dijo que la protesta social pacífica como derecho de los ciudadanos está garantizada y que sólo si hay actos delictivos y violentos, la Policía deberá actuar de manera focalizada y la tratar como delitos comunes.
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