Esta decisión es síntoma de un momento político. El Gobierno y el Alcalde de Quito, entre otros, expresaron su inconformidad, mientras algunos movimientos sociales festejaron.

A pesar de las resistencias que en ciertos bloques legislativos había generado la aprobación en paquete de las amnistías propuestas por la Conaie y otras organizaciones sociales, la madrugada de este jueves (03:45), el Pleno de la Asamblea alcanzó 99 votos afirmativos, 16 en contra y 10 abstenciones, para conceder ese beneficio a 268 personas. 

Se trata de ciudadanos que habían sido procesados por su defensa de la naturaleza, de los territorios comunitarios, pero también a quienes participaron en la violenta protesta de octubre del 2019, convocada inicialmente por la Conaie y organizaciones sindicales, que terminó en acusaciones de infiltrados, destrozos, especialmente contra Quito, que fue víctima del vandalismo. Aparte del secuestro del que fueron objeto miembros de la fuerza pública y del incendio que se provocó en la Contraloría General del Estado. 

La Asamblea, con el argumento del derecho a la resistencia y de que la protesta social fue criminalizada en octubre de 2019, pasó por alto esos hechos y concedió las amnistías, lo que implica que se extingue la acción penal iniciada y sus efectos jurídicos; y, si existe sentencia condenatoria, se entenderá como no impuesta la pena, y quedan cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles. 

En otros 47 casos se negó la amnistía, ya que las causas se habían archivado; y en otro pedido ingresado el involucrado fue sobreseído. 

Los beneficiados 

Entre los principales beneficiados de la amnistía por los hechos de octubres constan:

• La prefecta de Pichincha Paola Pabón, el parlamentario andino Virgilio Hernández y Cristian González, los tres militantes del correísmo. Estaban acusados de rebelión y habían sido llamados a juicio.
• Leonidas Iza y Jaime Vargas, presidente y expresidente de la Conaie, respectivamente. Investigados por terrorismo, secuestro e instigación. Fueron los que convocaron y dirigieron la movilización de octubre de 2019. Por secuestro también estaba siendo investigado Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Mientras que Vargas tenía otro proceso abierto por sabotaje e Iza por daño a bien ajeno.
• Marlon Vargas, Andrés Tapia y Severino Sharupi, dirigentes de la Conaie. Por presunta vinculación con grupos subversivos. En este proceso consta también Jaime Vargas.  
• Por el incendio en la Contraloría se amnistió a 27 ciudadanos. Parte del argumento que consta en el informe es que, “si bien es cierto varios de los hoy procesados ingresaron a las instalaciones de la Contraloría (…) de manera irregular, no queda claro si su intención fue dolosa; es decir, con la intención de causar daño y vulnerar un bien jurídico protegido, o más bien utilizaron este inmueble con la intención de protegerse de las arremetidas de la fuerza pública y de esta manera seguir ejerciendo su derechos constitucional a la resistencia”. 

Las reacciones 

A nombre del Gobierno, el asesor Diego Ordóñez cuestionó la decisión de la Asamblea, ya que considera que muchos de los amnistiados estuvieron involucrados en los actos que vivió el país, y en particular Quito, en octubre del 2019. 

“La Asamblea ha olvidado a Quito en llamas, a familias afectadas, a la propiedad privada, a la integridad afectada, a la estabilidad democrática afectada”, aseguró el vocero. Agregó que se ha cometido un acto de injusticia y que si se quería dar un mensaje de pacificación, se debió incluir a los miembros de la fuerza pública “que estuvieron precautelando el orden y evitando que los desmanes llegaran a mayores”. Sin embargo, dijo que, en cumplimiento de la independencia de funciones, respetan la decisión de la Asamblea. 

En un comunicado público, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, lamentó que no se haya realizado un análisis individualizado y que se haya dado amnistías a ciudadanos que destruyeron Quito, por lo que no se les puede considerar perseguidos políticos. “Vejaron e hirieron a ciudadanos y miembros de la fuerza pública; perjudicaron a familias y negocios; incendiaron el edificio de la Contraloría; atentaron contra bienes públicos…”, consta en el comunicado. 

Mientras que la Conaie, a través de su cuenta de Twitter, posteó que habían logrado la amnistía para luchadores sociales y defensores de los derechos que habían sido judicializados y perseguidos. “Un logro histórico que impulsó la Conaie a favor de la lucha social”, consta en el mensaje.

El asambleísta Mario Ruiz (PK), ponente del informe de amnistías, manifestó que el propósito era lograr la pacificación de la sociedad y la reconciliación nacional. Agregó que sólo un 20% de las amnistías tiene relación con los hechos de octubre de 2019. 

Para el analista político Arturo Moscoso resulta lamentable que se haya dado la amnistía en grupo, ya que, si bien en el listado constan personas que pueden merecer ese beneficio, también hay ciudadanos que cometieron delitos y debían responder ante la justicia.

“Se ha desnaturalizado totalmente el espíritu de la amnistía y el mensaje que se está dando es que se puede no más ser golpista, ser violento que no pasa nada y al final lo que reina es la impunidad”, comentó. 

El manejo político

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), aseguró que es un día trascendental para Ecuador y que el Pleno había tomado la decisión pensando en la unidad y reconciliación.

“Con este acto de justicia se ha devuelto la paz a nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y de la naturaleza y a todas sus familias luego de haber sido judicializados por ejercer su derecho a la resistencia”, manifestó. 

Para el abogado Andrés Castillo, lo que pasó ayer y hoy en la madrugada en el Pleno de la Asamblea responde a un acuerdo político.

“Los votos que se necesitaban para alcanzar una supuesta evaluación de Llori incluían los de los nueve rebeldes de Pachakutik que responden a Iza en la Conaie. Resulta que, de la noche a la mañana, ya no fueron nueve sino sólo cinco y no se alcanzaron los 70 votos para la evaluación”, dijo Castillo.

Lo cierto es que fue una jornada en que le salió todo bien a la Presidenta de la Asamblea y manejó la agenda de las sesiones del Pleno de manera que todo confluyó para la otorgación de amnistías y para evitar, por ahora, ser evaluada.

En la sesión de la mañana se aprobó que los proyectos de Ley derogatorios de la Ley Tributaria deban ser calificados a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sin necesidad de elevar a consulta de la Corte Constitucional. Era una tema que reclamaba la oposición, donde se unieron UNES, PSC, una facción de Pachakutik y algunos independientes. 

Luego en la sesión siguiente la oposición no logró que se cambiara el orden del día para se debatiera la evaluación del CAL con Llori a la cabeza.

Faltó un solo voto: el de Mariuxi Sánchez, de UNES, que se ausentó para esa votación, con el justificativo de que estaba delicada de salud. Pero para el resto de la jornada se presentó en el Pleno y estuvo hasta que la sesión concluyó, tipo 04:00. 

En otras bancadas hubo contradicciones entre lo dicho y lo hecho. Cuestionaron que se trate en  bloque pero terminaron votando a favor.

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