«Se ganó una batalla, pero aún no la guerra», comentó un asesor parlamentario del grupo de oposición legislativa, al conocer la resolución de la jueza Raquel Herrera de rechazar la acción de protección presentada por Guadalupe Llori (PK), presidenta de la Asamblea. 

Llori interpuso la medida en contra de cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que modificaron el orden del día de una sesión de esa instancia y, entonces, calificaron la denuncia en su contra que presentó el asambleísta Esteban Torres (PSC) por incumpliento de funciones, lo que llevó al Pleno de la Asamblea a integrar la comisión que evalúa su gestión. El objetivo de la titular de esta Función del Estado era dejar sin fundamento legal ese proceso, aduciendo que se vulneraron sus derechos y el debido proceso.  

La audiencia se cumplió hoy, de manera telemática, tras fracasar la recomendación de la jueza de que las partes en conflicto llegaran a una conciliación, con el objetivo de que resuelvan casa adentro sus discrepancias y así evitar la intervención de la Justicia en temas legislativos.

En su fallo, Herrera considera que lo resuelto por el CAL corresponde a actos administrativos propios de esa instancia, que tiene la competencia de conocer y calificar las denuncias y que el cambio del orden del día es una herramienta legal contemplada en la Ley de la Función Legislativa. Entonces, concluye, no se vulneraron los derechos al debido proceso ni a la seguridad jurídica, como había manifestado Llori en su demanda, con lo que legalizó lo actuado por el CAL y por el Pleno de la Asamblea. 

“La Comisión deberá seguir cumpliendo con el proceso y presentar el informe al Pleno, que será el que tome la última decisión”, dijo la asambleísta Johanna Moreira (separada de la bancada de la ID), integrante del CAL. “Es un claro mensaje a la Presidenta de la Asamblea para que deje de estar usando a la Justicia para seguir aferrándose a su cargo”, agregó.

En el mismo sentido se pronunció Darwin Pereira (ala rebelde de PK), también integrante del CAL, quien aseguró que se deja sin efecto cualquier intención de Llori de impedir el trabajo de la comisión, con el argumento de que es ilegal su conformación. “Consecuentemente, hay luz verde para que la Comisión multipartidista concluya su trabajo, con lo que el proceso es irreversible”, dijo Pereira. 

Para Torres, “esto es el principio del fin de toda esta lamentable injerencia (de la Justicia) en decisiones de la Asamblea”.

Pero Llori no se da por vencida y anticipó que apelará el fallo de la jueza ante la Corte de Justicia de Pichincha, ya que mantiene que se vulneraron los derechos, tanto de la Asamblea como institución, como sus Derechos Humanos. 

A lo largo de la audiencia, la Jueza hizo un “fuerte jalón de orejas” a la demandante y a los demandados, y les dijo que no es posible que lleguen a la audiencia con posiciones tan contradictorias para que la Justicia les dé resolviendo temas de índole político-administrativo. Herrera manifestó que, independientemente de esta demanda, esos temas que son parte de la cotidianidad tienen que resolverlos dentro de la Asamblea, ya que su función no es realizar control de legalidad de los actos administrativos de la Legislatura. Aseguró que sus actuaciones deslegitiman la imagen de la Asamblea ante la ciudadanía. 

Siguen acorralando a Llori

El fallo de la jueza no es el único revés que tuvo hoy la Presidenta de la Asamblea. Mientras se realizaba la audiencia telemática, hasta la Fiscalía General llegaron los asambleístas de UNES para presentar una denuncia penal en su contra por el presunto delito de peculado, específicamente por “abuso de recursos en patrocinio de medidas cautelares”. La demanda fue presentada por los asambleístas correístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz. “La señora Presidenta de la Asamblea ha utilizado a un funcionario de la Asamblea para su propio beneficio”, dijo Jarrín. Se refiere a que el procurador síndico de la Asamblea, Santiago Salazar, es quien ha patrocinado las demandas que Llori ha presentado contra el CAL o contra la Asamblea en su conjunto. “Ha utilizado al abogado de la Asamblea para conseguir medidas cautelares. Él no es abogado de Guadalupe Llori, es abogado de la Asamblea. Si ella quiere presentar denuncias penales, que contrate un abogado particular y no use funcionarios para su beneficio”, declaró el legislador. Veloz agregó que la conducta de Llori se configuraría en el presunto delito de “peculado de trabajo y servicio”.

Ante esta demanda, Llori respondió que defenderá los derechos de la Asamblea y su institucionalidad y que enfrentará esta nueva demanda. 

Todos estos hechos se dan un día antes de que la fiscal general, Diana Salazar, concurra a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea para que expliqué cuál es el fundamento legal para que haya iniciando una investigación previa contra los 93 asambleístas que votaron a favor del cambio del orden del día para que se debata la integración de la Comisión evaluadora. La notificación a los asambleístas se cumplió el viernes, con base en la denuncia penal que presentó Llori por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Y para rematar… reclamos en sesión 

Mientras se cumplía la audiencia telemática y UNES ponía la denuncia en Fiscalía, en la Asamblea Llori mantenía una sesión con los presidentes de las comisiones para evaluar el avance de la agenda legislativa. Aparte de la rendición de cuentas de lo que se ha hecho o dejado de hacer en materia netamente legislativa, los asambleístas Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión de Fiscalización; y Alejandro Jaramillo (ex ID), presidente de la Comisión de Justicia, cuestionaron la actuación de Llori y el que haya demandado a los 93 asambleístas. Villavicencio rechazó la injerencia de la Justicia en la labor de la Asamblea  y dijo que, por obra de la Presidenta de la Asamblea, este poder del Estado se ha convertido en una “comisaría”. Además, que esta serie de actuaciones ha llevado a que la actual Asamblea tenga una baja aceptación que podría llegar a niveles inferiores a la que presidió César Litardo (PAIS), que en el último año de gestión tuvo un 5% de aprobación por parte de la población. 

Mientras que Jaramillo dijo que por culpa de Llori entró en vigor la Ley del aborto en casos de violación con el texto que propuso el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Llori respondió. Le dijo a Villavicencio que durante su gestión se han aprobado más leyes que en periodos anteriores, por lo que no aceptaba que se le comparara con la Asamblea de Litardo o de otras autoridades anteriores.  Y a Jaramillo le dijo que él tuvo la culpa de que la Ley del aborto en casos de violación se haya publicado como quería el Ejecutivo, por haber perdido tiempo solicitando un pronunciamiento de la Corte Constitucional.