Quienes defienden el veto parcial, ponen sus esperanzas en que la Asamblea no logre los votos y la objeción entre por Ministerio de la Ley. Pero todos reconocen el riesgo de que la nueva mayoría vuelva a cumplir los sueños de censura del correísmo y sus aliados.
La perspectiva de un veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma a la Ley de Comunicación no incomoda a ciertos legisladores que, en su momento, cuestionaron dicho proyecto impulsado por el correísmo y que, en segundo debate se aprobó, el 21 de julio, con 75 votos a favor.
La noche de ayer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió a los medios de comunicación y sectores sociales que remitan los insumos para elaborar el veto del proyecto de Ley de Comunicación, pero, al no mencionar que será una objeción total, deja la puerta abierta para que sea parcial, a pesar de que varios sectores ligados a la comunicación consideran que debe optar por la primera alternativa.
El oficialismo había sido el primero en criticar el proyecto aprobado. Sin embargo, hoy el jefe de esa bancada, Juan Fernando Flores, aseguró que debe ser un veto que resuelva los problemas que tiene la comunicación “sin que se censure, sin que se cercene la libertad de expresión y mucho menos sin que se judicialice a los medios de comunicación por la información que están dando”. Flores dijo que, con los medios de comunicación, se evaluará si el veto debe ser total o parcial de manera conjunta.
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, considera que si bien el proyecto aprobado no es el mejor, tampoco considera que sea una Ley “mordaza”, por lo que un veto parcial puede mejorar la propuesta del correísmo. “Yo sé que hay voces que piden un veto total, y lo entiendo, pero con el veto parcial se podría corregir de alguna manera ciertos errores de esa Ley”, dijo Torres.
La legisladora Jessica Castillo, de Pachakutik, que en su momento también cuestionó el proyecto del correísmo, coincide en que Lasso debería llamar a todos los sectores para trabajar en ese veto, tomando en cuenta que en la Asamblea tiene una oposición fuerte, como el correísmo. “Es importante que exista un veto parcial para que cada uno de nosotros podamos analizar los artículos, ya que con un veto total las posiciones políticas y los acuerdos que existen actualmente se pueden romper y dañarían esta nueva Ley que se está construyendo en la Asamblea”, dijo.
Juegan con fuego
Si el veto es total, la Asamblea no podrá tratar el proyecto sino después de un año y quedará vigente la norma existente. Si es parcial, la Asamblea necesitará de 92 votos para ratificar el texto del correísmo; si van por el allanamiento se requieren los votos de la mayoría de los asistentes a la sesión del Pleno, según consta en la Ley de la Función Legislativa. Si no se logran los votos para ninguna de esas opciones se considera allanamiento tácito y el texto entra por el Ministerio de la Ley con los cambios sugeridos por el Ejecutivo.
Esos son los cálculos que forman parte de los análisis de los asambleístas citados, al apoyar un veto parcial. Torres considera que la Asamblea intentará ratificarse en el texto, pero que no logrará los votos y procederá el allanamiento tácito, ya que el bloque socialcristiano se abstendría. Castillo opina en igual sentido, porque considera que hay votos divididos en cada una de las bancadas, por lo que confía en que no haya los votos para la ratificación y, por lo tanto, entrará por el Ministerio de la Ley.
Sin embargo, la nueva mayoría legislativa logró 96 votos para ratificarse en el texto de la Ley de uso progresivo de la fuerza y dejó sin sustento el veto parcial que el Ejecutivo impuso a esa normativa.
¿No hay la posibilidad de que esa historia se repita otra vez y la Ley quede al gusto del correísmo? “Son temas que tendremos que evaluar. Al final del día esa es la Asamblea que tiene el pueblo”, dijo Flores. “Es una posibilidad, siempre hay ese riesgo”, respondieron Castillo y Torres.
Por el veto total
“La nueva mayoría prácticamente tiene 90 votos, ha subido de 84 y fácilmente podrá conseguir más votos por lo que podría ratificarse en el texto y no habrá manera de cambiarlo”, dijo la asambleísta Wilma Andrade (ID). Considera que el Ejecutivo debe analizar y tomar en serio esa posibilidad para no correr ese riesgo, por lo que sería preferible que emita un veto total.
Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), indicó que el proyecto aprobado incorpora las partes más duras de la Ley mordaza e incrementa un artículo en el que el Estado garantizará la verdad: “¿Cuál verdad, de quién?”, se pregunta.
Coincide con Andrade en que con un veto parcial se corre el riesgo de que la Asamblea se ratifique en los textos. Añade que lo ideal sería que no haya ley, y que si se debe contar con una normativa, debe ser enfocada al fortalecimiento de las libertades. Rocha dice que al país le conviene un veto total y que durante ese año en que no se puede tratar el proyecto se genere un amplio debate para que en el caso de volver a debatirse en la Asamblea, esta no se ratifique en los textos.
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