La asambleísta oficialista Sade Fritschi publicó un post en la red social X en el que presentó tres afirmaciones relacionadas con el financiamiento político y la transparencia democrática. Estas declaraciones generaron debate en el espacio público y motivaron su revisión por parte de Ecuador Chequea.
| Ecuador Chequea verifica afirmaciones de actores públicos de cualquier tendencia política con base en evidencia documental, decisiones judiciales, registros oficiales y estándares internacionales de verificación. Revisa nuestra metodología aquí: https://ecuadorchequea.com/metodologia-ecuador-chequea/ |
La Revolución Ciudadana acumula sentencias judiciales, investigaciones periodísticas y observaciones electorales
Es engañoso decir que la Revolución Ciudadana (RC) acumula sentencias judiciales, investigaciones periodísticas y observaciones electorales.
Aunque RC como movimiento político formal no siempre ha sido sujeto directo de sentencia judicial (porque es una organización política y no una persona jurídica penal), figuras centrales asociadas a su tradición política, como el expresidente Rafael Correa y otros dirigentes afines, sí enfrentan sentencias y procesos penales.
Aquí el detalle:
– El caso Sobornos 2012-2016 resultó en una sentencia de ocho años de prisión contra Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, y otros por cohecho y corrupción, dictada por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.
– El exvicepresidente Jorge Glas, aliado histórico del correísmo/RC, cumple sentencias por casos como Odebrecht y Sobornos y enfrenta otras investigaciones.
Investigaciones periodísticas y cobertura mediática
Medios e investigaciones independientes en Ecuador han dado seguimiento detallado a las acusaciones de corrupción, financiamiento irregular y otros presuntos delitos vinculados a redes políticas del correísmo, algunas de las cuales también se leen en el contexto de RC por afinidad política o trayectoria histórica.
Estas investigaciones suelen estar acompañadas de una amplia cobertura periodística sobre financiamiento de campañas, manejo de fondos públicos y posibles irregularidades, aunque la interpretación de esos hechos varía entre distintos medios.
Observaciones electorales y cuestionamientos sobre el proceso
Durante las elecciones presidenciales y generales en Ecuador, el movimiento político, RC presentó denuncias y objeciones contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuestas inconsistencias y falta de respuesta, alegando presuntas irregularidades en el proceso electoral.
Sin embargo, misiones de observación internacional como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no encontraron evidencia de fraude institucional que respaldara esas acusaciones de RC, y evaluaron que las elecciones se desarrollaron de forma pacífica y conforme a estándares técnicos.
Esto no significa automáticamente que el partido o movimiento RC como tal tenga “acumuladas” sentencias judiciales en su contra, sino que personas y procesos asociados a su órbita política han sido objeto de sentencias, investigaciones y cobertura mediática relevante.
Fuentes:
– Corte Nacional de Justicia- sentencia en el caso Sobornos 2012 – 2016- https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/noticias-2020/128-abril-2020/264-tribunal-pernal-de-la-cnj-dicto-sentencia-en-el-caso-sobornos-2012-2016
– Notas periodísticas sobre las figuras que enfrentan juicios https://www.ecuavisa.com/politica/crisis-en-la-revolucion-ciudadana-sus-principales-figuras-afrontan-diversos-juicios-e-investigaciones-20250530-0045.html
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/juicio-politico-cpccs-presentado-por-luis-molina-rc-nota/
La Revolución Ciudadana recibe 11.6 millones en aportes irregulares para campañas políticas
El debate actual y la publicación de la asambleísta Fritschi, revive el caso Arroz Verde, una investigación periodística y judicial iniciada en 2018 que reveló un sistema de recaudación de aportes de empresas privadas durante los gobiernos de Rafael Correa, cuando el movimiento gobernante era Alianza PAIS, antecesor político del correísmo actual.
La cifra de $11,6 millones no procede de hechos recientes de 2025–2026 directamente vinculados a Revolución Ciudadana, sino que aparece en la investigación periodística sobre otro caso de financiamiento irregular.
En ese contexto, el reportaje aseguró, que entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 varias empresas multinacionales habrían aportado unos USD 11,6 millones a campañas electorales vinculadas con el entonces movimiento Alianza PAIS, que lideraba Rafael Correa, actual líder político asociado al correísmo y a Revolución Ciudadana.
Ese caso derivó en el proceso penal conocido como “Sobornos 2012-2016”, que concluyó en abril de 2020 con una sentencia condenatoria contra Rafael Correa y otros exfuncionarios por el delito de cohecho agravado.
No obstante, la sentencia no condenó a los procesados por financiamiento ilegal de campañas electorales. La justicia determinó que existió una estructura de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos, y que parte de esos recursos fueron utilizados para actividades políticas, pero el delito juzgado fue cohecho, no una infracción electoral.
De hecho, en el ámbito electoral, el CNE no logró establecer ni sancionar formalmente una infracción por financiamiento ilegal de campañas relacionada con Arroz Verde, por lo que no existió una condena electoral ni penal específica por ese concepto.
Diferencia clave: cohecho vs. financiamiento electoral
Especialistas en derecho coinciden en que es fundamental distinguir entre:
- Delitos penales, como el cohecho (caso Sobornos),
- Infracciones electorales, relacionadas con el origen y reporte de fondos de campaña.
En el caso Arroz Verde hubo condenas penales por corrupción, pero no una declaratoria judicial de culpabilidad por financiamiento ilegal de campañas.
Por otro lado, en 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detectó irregularidades en los informes financieros presentados por Revolución Ciudadana sobre las cuentas de campaña de la elección anticipada de 2023, por lo que observó esos informes y remitió el expediente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El TCE ratificó esas observaciones del CNE, lo que mantiene vigentes los cuestionamientos sobre el manejo de recursos y abre la posibilidad de denunciar infracciones electorales si no se justifican los datos.
En resumen:
Hasta el momento:
- No existe una sentencia penal que declare culpable al correísmo o a Revolución Ciudadana por financiamiento ilegal de campañas.
- Sí existe una sentencia penal por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 (Arroz Verde), pero no por un delito electoral.
- Los procesos actuales se mantienen en el ámbito administrativo y electoral.
Fuentes:
– Sobre el caso arroz verde: https://periodismodeinvestigacion.com/2019/11/22/resumen-libro-arroz-verde/
– Corte Nacional de Justicia- sentencia en el caso Sobornos 2012 – 2016- https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/noticias-2020/128-abril-2020/264-tribunal-pernal-de-la-cnj-dicto-sentencia-en-el-caso-sobornos-2012-2016
– Tribunal Contencioso Electoral admite denuncia contra Luisa González por manejo de cuentas de la campaña 2023: https://www.tce.gob.ec/index.php/causas-contencioso-electoral/
Empresa petrolera de Venezuela habría generado ingresos millonarios financiando estructuras políticas
Es inverificable decir que una empresa petrolera de Venezuela habría generado ingresos millonarios financiando estructuras políticas como la Revolución Ciudadana.
No hay evidencia pública verificada y específica de que una empresa petrolera venezolana como PDVSA o alguna filial, haya generado ingresos millonarios directamente para financiar estructuras políticas concretas en Ecuador como la Revolución Ciudadana (el movimiento político asociado a Rafael Correa y luego a Lenín Moreno).
Sin embargo, sí existen informes, investigaciones y denuncias relacionadas con el manejo de ingresos petroleros venezolanos, su corrupción, y algunos mecanismos de cooperación política internacional que involucran rentas del petróleo venezolana.
La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha sido durante décadas el principal motor económico del país y una herramienta clave del proyecto político impulsado primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro. Diversos estudios académicos y reportes periodísticos coinciden en que la petrolera no solo sostuvo el presupuesto nacional, sino que también fue utilizada para financiar programas sociales, fondos paralelos y redes de apoyo político dentro de Venezuela.
Uno de los mecanismos más cuestionados fue el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN), creado para administrar excedentes petroleros. Críticos y organismos de control han advertido sobre su escasa transparencia, señalando que miles de millones de dólares fueron manejados fuera de los controles presupuestarios tradicionales.
En el plano internacional, Venezuela impulsó iniciativas como Petrocaribe y los acuerdos energéticos del ALBA, mediante los cuales suministró petróleo en condiciones preferenciales a países aliados de América Latina y el Caribe. Estos esquemas tuvieron un claro componente geopolítico y de afinidad ideológica, aunque no existe documentación pública concluyente que demuestre que dichos recursos se hayan usado para financiar directamente partidos políticos extranjeros, incluido el movimiento Revolución Ciudadana en Ecuador.
Paralelamente, investigaciones judiciales en Estados Unidos, Europa y otros países han destapado amplias redes de corrupción dentro de PDVSA, con desvío de fondos, sobornos y transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Estos casos han involucrado a exdirectivos y operadores financieros, y apuntan principalmente a enriquecimiento ilícito y clientelismo interno, más que a un financiamiento estructurado de organizaciones políticas fuera de Venezuela.
Aunque algunas investigaciones periodísticas han rastreado el destino de los llamados petrodólares venezolanos en la región, mostrando circuitos financieros opacos y empresas intermediarias, no se ha probado un vínculo directo, verificable y documentado entre una petrolera venezolana y el financiamiento de estructuras políticas ecuatorianas.
