El Estado de Excepción decretado el 8 de enero concluye hoy; sin embargo, los militares permanecerán en las calles, tras un nuevo decreto, amparados en la declaratoria de conflicto armado. ¿Qué tan efectiva ha sido la medida y cómo enfrentar esta nueva situación inédita?
Hoy se cumplen 3 meses desde que el presidente, Daniel Noboa, decretó un Estado de Excepción tras la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, quien hasta ahora es buscado por las autoridades del país, y tras la escalada de violencia por los disturbios que se dieron en las cárceles. Un día después, el 9 de enero, Noboa declaró la guerra contra las 22 organizaciones criminales, a los que denominó como terroristas y declaró el conflicto armado interno. Esto, luego de que un grupo armado irrumpió en las instalaciones de TC televisión, en Guayaquil.
Según el artículo 166 de la Constitución, “el decreto de Estado de Excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más”, esto ya ocurrió, y esos 30 días adicionales vencen hoy.
Tras este hecho, a través del decreto 218, el primer mandatario reconoció que el conflicto armado interno persiste, por lo que dispuso a las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles y ejecuten operaciones militares para erradicar la actividad de los grupos armados en el país. Las Fuerzas Armadas y la Policía continuarán con el despliegue operacional y táctico para neutralizar los ataques armados o amenazas que se den por el crimen organizado o por los terroristas; además de la coordinación de una programación presupuestaria plurianual sobre seguridad interna, sistemas de inteligencia y de contrainteligencia.
También declaró a las cárceles como zonas de seguridad.
El Ministerio de Defensa señaló que, desde el 9 de enero, el Bloque de Seguridad ha realizado más de 245.000 operaciones. Por ello, señalan que las Fuerzas Armadas seguirán manteniendo el control y el orden en todo el país, luego de finalizado el Estado de Excepción, tras el reconocimiento de Daniel Noboa de la “permanencia del conflicto armado interno”.
Las operaciones llevadas a cabo por el Bloque de Seguridad, según esa cartera de Estado, lograron golpear a estructuras terroristas, incautación de gran cantidad de armas, municiones y explosivos. 77.500 kilos de droga y 140.300 galones de combustible fueron decomisados y se detuvo a varios miembros de “organizaciones narcoterroristas”.
Desde el 8 de enero hasta el 4 de abril, los resultados oficiales sobre seguridad son: 268.966 municiones incautadas, 6.092 equipos de comunicación incautados, 17 atentados a infraestructuras policiales, 13 atentados a estructuras públicas y privadas, 1 militar y 5 policías fallecidos, 237.357 operativos realizados, 18.156 detenidos; de los cuales 300 han sido judicializados por terrorismo, 34 presos recapturados y 17 policías liberados.
Tras las cifras de los detenidos, Ecuador Chequea consultó a 9 instituciones, ¿a dónde están llevando a los presos por el conflicto? Sin embargo, no obtuvo respuesta. En las cárceles ya se registraba un hacinamiento del 14% y, tras la declaratoria del conflicto armado interno, realizar este cuestionamiento se volvió relevante.
El 2023 fue catalogado como el año más violento de la historia de Ecuador, debido a la alta tasa de homicidios que se registraron. Aunque, tras el Estado de Excepción, las cifras de homicidios han disminuido, según el Gobierno. Al mes de este decreto, la percepción ciudadana era que, aunque existía temor por la inseguridad, sentía cierta seguridad, al ver a los militares en las calles y esperaban que se tomen las medidas necesarias para que “el país regrese a la paz”. Así lo corroboró Ecuador Chequea en un recorrido que realizó.
Johana Espín, analista de seguridad explicó que, si bien “los homicidios han disminuido, según las cifras oficiales, el mayor impacto podría estar en el nivel de percepción de inseguridad, el cual definitivamente ha mejorado. Esto, nos lleva a pensar que, al menos en términos de mantener la presencia de militares en coordinación con la Policía, tendría impacto positivo en la percepción de la población, más allá de los resultados en cuanto a los indicadores de seguridad objetiva”.
El 1 de marzo, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de los decretos ejecutivos 110 y 111, con los cuales el presidente, Daniel Noboa, declaró el Estado de Excepción y reconoció la existencia de un conflicto armado en el país. Por lo que estableció que el conflicto armado no depende de una autoridad pública o de un Estado de Excepción.
Tras la declaratoria de la Corte, también hay que tomar en cuenta que faltan 13 días para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la consulta popular, el 21 de abril. Uno de los principales temas es el de la seguridad, con la que el Gobierno busca permitir que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía para combatir al crimen organizado. Mientras este día llegue y se tengan los resultados, los militares seguirán en las calles, de acuerdo con lo dicho anoche por el Gobierno.
Análisis: ¿qué tan conveniente es mantener la militarización?
Para Espín, de todas maneras, “si bien mantener el trabajo conjunto entre Fuerzas Amadas y Policía de manera permanente no sería necesariamente conveniente, si se debe considerar que es importante que se realicen acciones de estabilización que permitan sostener los resultados que se hayan logrado, pero en el más largo o mediano plazo”.
Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), detalla que se encontraron algunos logros interesantes y que, de acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios disminuyeron. Sin embargo, “uno sabe cómo empiezan las guerras, pero no cómo se terminan y es importante en el contexto actual, pero yo siento que la narrativa de la guerra interna ha empezado a perder vigencia en la ciudadanía y en lo político, por lo que se ha empezado a relativizar por ciertas tendencias de la criminalidad”.
Pontón se refiere a situaciones que se vivieron recientemente, como el asesinato a la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, y la masacre que se registró en Puerto López de 5 personas, en el feriado de Semana Santa, pues son hechos que en la ciudadanía generan mucho impacto.
“Lo que vamos a enfrentar en los próximos meses y días previos a la consulta popular es un nivel de polarización muy fraguada respecto al tema de la guerra interna”, afirma. Por lo que habrá que ver qué va a suceder con la militarización y qué significará esto en la acción de las Fuerzas Armadas de aquí a futuro, porque posiblemente nos enfrentemos a una militarización que ya no sea vista con los mismos ojos por ciertos grupos de la población.
“Posiblemente empiecen a ver lo que fue una guerra contra el narcotráfico como un Estado autoritario. Sería muy lamentable que eso empiece a pasar, creo que en el balance estratégico de las FF.AA. deben componer esta variable analítica para poder decidir una estrategia que le permita al Presidente tener un plan de consensos”, dijo Pontón.
Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, destaca que es adecuado declarar a las cárceles como zonas de seguridad. Y señala que hay un costo implícito a través de las Fuerzas Armadas en este espacio y ese costo es la posibilidad de que se corrompan en contacto directo con los criminales, por lo que indicó que hay que evaluar el trasladar la responsabilidad a las FF.AA. como la solución estándar.
Pérez aseguró que se necesita un proceso de construcción de política pública para saber cómo esto “se va a decantar”. Además, dijo que el control de las cárceles no puede estar armado de militares o policías, pues se necesita una institución especializada para ello. Por lo que el experto cree que el declarar a las cárceles una zona de seguridad permite a las Fuerzas Armadas tener el control de los perímetros, pero el interior de las cárceles seguiría bajo el control del SNAI. Y señala que se puede trabajar con detalle por el control territorial en zonas complejas.
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