Las cifras oficiales de detenidos, operativos, incautaciones siguen creciendo; en el medio, comerciantes y ciudadanos intentan retomar la normalidad. ¿Cómo lograr que, a futuro, no haya un rebrote de la violencia?
Se cumplió un mes desde que el presidente, Daniel Noboa, declaró Estado de Excepción en el país, tras la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y los disturbios que se generaron en las distintas cárceles del país. También es un mes desde que un grupo armado irrumpió en las instalaciones de TC televisión, en Guayaquil, y retuvieron a los colaboradores del medio de comunicación. Tras este hecho, en Ecuador se decretó el conflicto armado interno.
Desde ese 9 de enero hasta el 8 de febrero, las cifras oficiales sobre los operativos de seguridad daban cuenta de: 80.701 operativos con 6.626 detenidos; de estos, 241 son judicializados por terrorismo. Se han realizado 125 operaciones contra grupos terroristas, 7 terroristas han sido abatidos, 34 presos han sido recapturados, 11 policías y 201 guías penitenciarios y personal administrativo de las cárceles han sido liberados. También se registraron 13 atentados a infraestructuras públicas y 13 atentados a infraestructuras policiales, 2 policías fallecidos y 46.809,61 kg de droga decomisada.
Ese martes, 9 de enero, Quito se había caotizado, luego del ataque al canal de televisión, pese a que eso sucedió en el puerto principal.
Ese día, las calles estaban abarrotadas de vehículos. La medida de pico y placa había sido suspendida para que así las personas lleguen a sus hogares o lugar de destino. Esa misma tarde, las clases se suspendieron en todo el país; mientras las fuerzas del orden, como militares y policías, se desplegaron a las calles y a distintos puntos de Ecuador.
El miedo se apoderó de la ciudadanía. El miércoles 10 de enero, la mayoría de la población se había quedado en casa, muchos de los trabajos optaron por la modalidad virtual, al igual que los estudios. Las calles lucían desoladas, no se veían busetas escolares ni estudiantes.
En medio de esos días tensos, se registraron varios ataques y amenazas o supuestas amenazas de bomba en distintos lugares.
A los quince días de la declaratoria del conflicto interno, 486 instituciones educativas, de las 1.486 que funcionan en Quito, regresaron a la presencialidad. Y, en Guayaquil, tan sólo regresaron 76. Desde entonces, varias escuelas y colegios han regresado a la presencialidad.
La actualidad
Tras el primer mes de los operativos, realizamos un recorrido por el centro financiero de la capital, comprendido entre las avenidas Naciones Unidas, Amazonas y Shyris. La ciudadana Aida Cuichán, de 69 años, aseguró que se encuentra atemorizada debido a la inseguridad que existe en el país. Con un rostro de preocupación, mientras guarda su celular en su cartera, luego de recibir una llamada telefónica, dice: “En la noche ya no se puede salir, en los buses no se puede estar tranquila, para todo hay que tener mucho cuidado. Todo es una zozobra”. Y también dijo que espera que se tomen las medidas necesarias para que el país regrese a la paz.
Alrededor de las 9 de la mañana del 5 de enero, la avenida Amazonas luce congestionada. Además, varias personas caminan sobre la avenida Naciones Unidas para dirigirse a su trabajo, transitan rápido, mientras van con mochilas y carteras. Dos mujeres, que prefirieron no identificarse, comentan, mientras salen de un edificio, que ellas ahora sienten tranquilidad, que en ese sector no ha ocurrido nada, salvo ese día que se declaró el conflicto armado interno.
En la calle Iñaquito y Naciones Unidas, se encuentra un local comercial llamado Distrito 5. Quien atiende prefiere no identificarse.
Cuatro perchas con blusas y chaquetas se encuentran al ingresar. Atrás, un mostrador blanco. “Conversemos aquí”, dice la joven, mientras pasa a una sala, porque su compañera está barriendo. Dice que para la atención del local no les ha afectado el horario de toque de queda, pues atienden desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.
“Los clientes tienen miedo de la inseguridad. Por aquí han pasado muy poco los militares, sólo una vez que hubo una alerta de bomba en el Club de Leones vimos militares. Esta situación nos ha afectado, porque antes la gente venía más, pero ahora ya no viene tanto a comprar, por el miedo de la inseguridad”, explica.
En la noche, asegura la joven, no hay muchas personas en la calle y los clientes ya casi no entran al local comercial. “Caminamos con miedo para dirigirnos a nuestra casa”, expresó.
Al caminar más al norte, al frente de la Plataforma Gubernamental, está Ángel Herrera, de 77 años, un comerciante en la zona. Dice que trabaja en el lugar casi desde que la Plataforma fue inaugurada y asegura que ese martes 8 de enero vio que todas las personas salían, pero no sabía qué sucedía.
“Cuarto para las dos de la tarde, (una persona que suele comprarle) me dice: vecino, váyase pronto, porque hay una guerra. Pensé que me estaban vacilando. Le dije, ¿guerra de qué? Y me dijo: Cierre pronto, vecino, porque hay un conflicto con las bandas”, recuerda Herrera.
Mientras acomoda su puesto de trabajo, cuenta que recogió sus cosas y se regresó a su casa. Y que al día siguiente que llegó para trabajar estuvo “con miedo”. Y asegura que los primeros días del declarado conflicto armado estaba con esa intranquilidad, “moviendo la cabeza a ver qué pasa, porque aquí también hay bastante gente mala que asalta y roba los celulares”.
Ahora, después de un mes de esta declaratoria, afirma que está más tranquilo, porque ya se ve más gente en la calle; antes se veían las calles desoladas, “como en la pandemia”. “Todo ha bajado bastantísimo”, dice Herrera, con respecto a las ventas.
Para María del Carmen Duque, luego de que las Fuerzas Armadas salieron a las calles se siente mucho más tranquila. Aunque, comenta que eso se debía hacer antes y “no esperar que el nivel de delincuencia haya llegado tan alto”.
“Yo me siento, actualmente, segura y protegida. Siento que la fuerza pública nos respalda, porque ellos ya tienen potestad para utilizar la fuerza en el caso que amerita. He visto, particularmente, que se ha calmado la delincuencia”, puntualiza Duque.
María Fernanda Díaz, una ciudadana de 40 años, cuenta que el martes 9 de enero se preocupó por sus familiares, porque estaba con su hija en el hospital y había incertidumbre. Y recalca que, al principio, sí estaba con un poco de temor y que no sabía qué iba a pasar. “¿Dónde van a aparecer los delincuentes, si ya se atrevieron a tanto? El hecho de que hayan salido las Fuerzas Armadas es un respaldo para la ciudadanía y realmente es algo que hace que estemos mucho más tranquilos”, comenta.
¿Cuál es el análisis de este mes?
Daniel Pontón, experto en seguridad y docente en el IAEN, asegura que el presidente, Daniel Noboa, ha realizado acciones para lograr su objetivo, que es reducir la violencia. Y señala que el que se haya priorizado disminuir la violencia es importante.
“Su decisión de intervenir en las cárceles es algo que se le venía diciendo al anterior Gobierno de manera abierta y (el Gobierno actual) lo ha hecho”, indica.
Además, puntualiza que hay una reducción de los homicidios, que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas. “Tal vez, la declaratoria del conflicto armado es una declaratoria dura; tal vez, exagerada o desproporcionada, pero necesaria en contexto de la situación, que se estaba yendo de las manos. Ahora, en ese momento, (el Presidente) está viviendo de los réditos políticos de esa decisión, porque la gente lo apoya por eso, más allá de que es un tipo nuevo”, dice Pontón.
Pero también cuestiona: ¿cómo sostener esto?, pues considera que la dinámica, no sólo jurídica, sino también política, del conflicto armado interno va a ir perdiendo fuerza en el tiempo, lo que es preocupante.
Y asegura que las medidas que se han tomado han sido efectivas, pero que los datos aún no son abiertos y que, tal vez, este año se logre una reducción significativa de los homicidios. Aunque, califica “de muy grave” el asesinato de la concejal de Naranjal, Diana Carnero, en un ataque al estilo sicariato.
“Hay una violencia que está instalada y que cualquier rato, una vez que esta fuerza política, económica y social del conflicto armado, empiece a atenuarse por las mismas dinámicas económicas-sociales del país, vamos a vivir una etapa del resurgimiento de la violencia, que empiece ser acumulativa, y me preocupa que no haya los mecanismos adecuados para regular esto, porque el Estado está en soletas en este tema y porque el tema del discurso militarista es un discurso extremo, pero eso es como una carta, un as, hay que saber jugar en un momento específico”, manifiesta Pontón.
El experto señala que los recursos siempre van a ser escasos para enfrentar el conflicto, pero que el Gobierno deberá priorizar si todos esos recursos van a una mejora de las capacidades policiales y militares, pero que el cuestionamiento es cómo construir la paz.
“Yo creo en medidas integrales, (…) he propuesto que se haga un observatorio de impunidad en este país, política a favor de jóvenes (…). En ese tema debe haber una agenda de prioridades, de revertir realidades que, si no se las revierte ahora, nunca vamos a empezar”, detalló.
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