Durante el primer debate del paquete de proyectos de ley, los asambleístas expresaron que el incremento de penas propuesto por el Ejecutivo debe ser proporcional al delito cometido. También hubo reparos en el tema de extinción de dominio sin sentencia.
El incremento de penas con relación al delito cometido y obviar la sentencia ejecutoriada para iniciar la extinción de dominio fueron los temas más observados en el primer debate del proyecto de Ley para la aplicación de la consulta popular.
El presidente de la Comisión ocasional para tratar este tema, el asambleísta Carlos Vera Mora (PSC), explicó que, si bien en el informe para primer debate se recogieron los textos de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio tal como los mandó el Ejecutivo, en el informe que se elabore para segundo debate se recogerán las observaciones presentadas por representantes de gremios de abogados, la Academia, autoridades de instituciones como la Fiscalía y las que se generaron en el Pleno de la Asamblea, pero respetando el pronunciamiento de la población en la consulta popular y lo que estipula la Constitución.
En el oficialismo hay criterios divididos respecto al incremento de penas. Steven Ordóñez, integrante de la Comisión ocasional, considera que los rangos de penas propuestos por el Ejecutivo no deben ser modificados porque es necesaria una “mano dura” contra la delincuencia. “La ciudadanía quiere que aumentemos las penas”, dijo Ordóñez. Sin embargo, su compañero de bancada, Adrián Castro, manifestó que la Asamblea tiene el deber de aplicar una dosimetría penal que sea consecuente con el marco jurídico nacional e internacional, por lo que la propuesta del Ejecutivo no debe convertirse en “camisa de fuerza” para la Legislatura.
La asambleísta Gissela Garzón (correísmo) agregó que el incremento de penas debe ser debatido a profundidad, ya que esto, por sí solo, no solucionará los problemas de inseguridad y de violencia que vive el país.
El primer debate
Fue relativamente corto, de apenas dos horas de duración. Los integrantes de la Comisión Ocasional señalaron que los plazos para elaborar los informes son realmente cortos y no coinciden ni con los plazos para los proyectos de ley de trámite ordinario ni para los proyectos de ley económicos urgentes y que, a pesar de eso, deben cumplir todo el procedimiento parlamentario, como la existencia de dos debates y las comparecencias a representantes de diferentes sectores de la sociedad.
Entre los 13 asambleístas que participaron del debate, Patricia Mendoza (correísmo) dijo que su bancada no se opone al endurecimiento de penas, siempre y cuando se respete el principio de proporcionalidad. Y le llama la atención que en el proyecto del Ejecutivo proponga incrementos de penas entre el 118% y el 319%.
Héctor Valladarez, de la misma bancada, también cuestionó la “desmedida” propuesta de endurecer la penas, pero desde una perspectiva en particular. Oriundo de Zamora Chinchipe, dijo que la “provincia desde su colonización hace 500 años ha vivido de la minería”, por lo que le parece desproporcionado el incremento de las penas a la minería artesanal y pequeña minería. “Los mineros de Zamora Chinchipe manifiestan que no son delincuentes, que quieren regularización, que están dispuestos a cumplir con toda la normativa, pero el Ejecutivo no les escucha, por lo que tienen que realizar la actividad sin los permisos correspondientes”, justificó el legislador. Actualmente, la actividad ilícita de recursos mineros se sanciona con cárcel de entre 5 y 13 años; con la reforma la pena iría entre 16 y 30 años.
Hasta el Partido Social Cristiano, siempre partidario de endurecer las penas, se mostró cauto con los rangos que propone el Ejecutivo. “No cabe duda de que las penas deben ser incrementadas, pero tampoco hay duda que se debe aplicar la dosimetría penal; no sólo una justa sanción, sino una real proporción entre el delito y el perjuicio y la alarma que está causando”, manifestó Vicente Taiano, jefe de bancada.
Otro tema que está en debate es la propuesta de iniciar el procedimiento de extinción de dominio sin necesidad de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada. En la normativa actual es necesario tener ese tipo de sentencia, exceptuando en ciertos delitos relacionados con el narcotráfico. El Ejecutivo propone que en ningún delito, para iniciar el procedimiento, se necesite la sentencia ejecutoriada, pero para los legisladores eso vulneraría la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Taiano manifestó que “el populismo penal y la calentura de las circunstancias no pueden atropellar derechos”.
El contenido de la informe
La Comisión ocasional unificó en un solo informe los cinco proyectos de Ley que remitió el Ejecutivo: cuatro que reforman el COIP y uno la Ley de extinción de dominio. Aparte de los antecedentes, de los resúmenes de las comparecencias realizadas y de las intervenciones de los integrantes de la Comisión popular, el contenido en sí es un ‘copy-paste’ de los proyectos de Ley del Gobierno. En el Título I se agrupan todas las reformas al Código Penal, por lo que contiene cuatro capítulos correspondientes al articulado de cada pregunta consultada. El Título II contiene un capítulo único con el articulado que reforma la Ley de extinción de dominio. Además, constan dos disposiciones transitorias y una disposición final.
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