Entre los postulantes calificados hay jueces, fiscales y exfuncionarios que han intervenido en procesos como Odebrecht, Sobornos, Metástasis, Ligados y León de Troya, mientras que otros registran alzas patrimoniales significativas, vínculos societarios o antecedentes que podrían ser observados en la fase de méritos.
La Comisión Ciudadana de Selección para la designación del Fiscal General del Estado calificó a 27 aspirantes en una primera fase, y uno en la etapa de reconsideración (cuya postulación deberá aprobarse por el pleno del CPCCS), de los 75 que presentaron documentación, y en la revisión de sus perfiles aparecen varios hallazgos relevantes: participación en casos judiciales de alto impacto, antecedentes de posibles conflictos de interés, diferencias marcadas en la evolución patrimonial y trayectorias cruzadas con el poder político o con concursos previos fallidos.
¿Cómo investigamos los perfiles?
Ecuador Chequea revisó la información de cada postulante en bases de datos públicas. Para conocer sus títulos académicos se basó en los registros del Ministerio de Educación; para las causas penales en el Sistema de Consulta de Procesos Judiciales E-SATJE; las pensiones alimenticias se buscaron en el SUPA del Consejo de la Judicatura; la vinculación con compañías en el Portal de Información de la SUPERCIAS. Las funciones públicas y las declaraciones patrimoniales se consultaron en la Contraloría. Mientras que los datos relevantes de su trayectoria profesional se consultaron en las distintas publicaciones disponibles en medios de comunicación y en otras fuentes documentales.
Tras la recopilación de la información, se revisaron y elaboraron los perfiles. Para esta investigación se trabajó con un periodista senior a cargo, con asistencia de dos reporteros y bajo la supervición de la editora general.
Los perfiles se organizaron en una tabla de Flourish por orden alfabético, salvo por el postulante que ingresó tras ser aprobado en la ronda de reconsideración. La información sobre él se agregó al final de la lista.
¿Cuáles son los principales hallazgos?
Uno de los perfiles con mayor exposición pública es el de Daniella Camacho, actual jueza de la Corte Nacional de Justicia. Su trayectoria incluye actuaciones en causas de alta connotación nacional: lleva la audiencia preparatoria de juicio en el caso Ligados, sobre presunta asociación ilícita que involucra a exconsejeros del CPCCS y figuras vinculadas al correísmo; integró el tribunal del caso Odebrecht, en el que se confirmó la condena contra Jorge Glas; participó en decisiones dentro del caso Sobornos y en el proceso por el secuestro de Fernando Balda. A eso se suma que se excusó de conocer una apelación en Independencia Judicial por su amistad con Wilman Terán.
También destacan perfiles ligados a expedientes sensibles. Rubén Darío Balda tuvo a su cargo la investigación previa del caso León de Troya, que indagó presuntos vínculos con narcotráfico y la mafia albanesa alrededor de Danilo Carrera y Rubén Cherres. Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional, apareció mencionado en el caso Metástasis, luego de que un testigo afirmara que recibió 68.000 dólares por una causa relacionada con Agustín Intriago; aunque no registra causas penales relevantes en esta revisión, su nombre quedó asociado a uno de los mayores escándalos judiciales recientes. Gina Mora, por su parte, fue sancionada con suspensión de 30 días tras un señalamiento de error inexcusable por la concesión de un hábeas corpus a Banny Molina, en una resolución con efectos indirectos sobre el caso de Jorge Glas.
En el plano político-institucional, Carlos Alarcón, actual fiscal encargado, aparece como una figura polémica. Su designación está demandada ante la Corte Constitucional y, como fiscal subrogante, pidió el archivo de una denuncia por supuesto tráfico de influencias contra el presidente Daniel Noboa, su esposa y directivos de una minera canadiense. José de la Gasca, hoy ministro de Gobierno, también figura entre los postulantes con mayor cercanía al Ejecutivo y con antecedentes en la Secretaría Anticorrupción, donde fue cuestionado por presuntas interferencias en labores investigativas.
Otro hallazgo relevante está en el patrimonio. Hay incrementos fuertes en varios perfiles: José Cevallos pasó de USD 70.071 en 2020 a USD 575.583 en 2025; Juan Guaño subió de USD 365.481 en 2017 a USD 719.392 en 2025; y José de la Gasca pasó de USD 1,48 millones en 2020 a USD 2,33 millones 2n 2025. También hay variaciones abruptas desde cifras negativas, como en José Robalino, que pasó de -USD 1,73 millones en 2017 a USD 354.950 en 2025, o en Rubén Balda, que pasó de patrimonio negativo en 2017 (USD – 30.245,42) a positivo en 2025 (USD 145.881,16).
A esto se suman registros societarios en algunos candidatos. Camacho, De la Gasca, Mauricio Aguirre, Mario Fonseca, Luiggi Miranda y Julia Villalva reportan participación en compañías.
