Una década después del terremoto de 2016 en Ecuador, la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas sigue incompleta. Informes oficiales, hallazgos de Contraloría y sentencias por peculado revelan uso irregular de fondos destinados a la emergencia.
Diez años después del terremoto de 7,8 que devastó la costa ecuatoriana, la principal promesa estatal de reconstruir con prioridad para los damnificados de Manabí y Esmeraldas sigue incompleta.
La deuda no solo persiste en barrios, viviendas y obras inconclusas, sino también en los expedientes judiciales: parte de los recursos recaudados para atender la emergencia terminó en proyectos no prioritarios, y ya hubo sentencias por peculado en el llamado caso Reconstrucción de Manabí.
El terremoto ocurrió el 16 de abril de 2016 a las 18:58. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el evento se produjo frente a la costa norte, en la zona de contacto entre las placas Nazca y Sudamericana, con magnitud 7,8. La cifra oficial consolidada de fallecidos llegó a 663, según los informes de situación de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Tras la tragedia, el gobierno de entonces, de Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y aprobó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, publicada el 20 de mayo de 2016.
Así, se establecieron contribuciones extraordinarias y subió temporalmente el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 12% al 14%, para financiar la planificación, construcción y reconstrucción de infraestructura pública y privada, además de la reactivación productiva de las zonas afectadas.
La misma ley obligó al Comité a informar trimestralmente a la Asamblea y dispuso que el manejo de esos recursos fuera público.
Pero una década después, la evidencia de la promesa incumplida está en hallazgos de la Contraloría y en juicios con sentencia. Así, la Fiscalía sostiene que las contribuciones solidarias y el aumento del IVA recaudaron 1.614.348.387,20 dólares, y que parte de ese dinero fue redirigido a obras ajenas a la urgencia de la reconstrucción.
El 30 de junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia sentenció a 13 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glas y al exsecretario técnico del Comité, Carlos Bernal, como coautores de peculado. Según la sentencia reseñada por Fiscalía, el perjuicio al Estado fue de 225.395.910,92 dólares y se fijó una reparación integral de 250 millones.
La causa no se cerró ahí. El 11 de julio de 2025, la Fiscalía informó que otros cinco exfuncionarios fueron llamados a juicio por su presunta participación en la adjudicación irregular de contratos para proyectos no prioritarios, bajo la justificación de la emergencia nacional. Hasta esa fecha, la institución sostenía que los fondos destinados a atender a los afectados habían sido usados en obras que no respondían a las necesidades urgentes del desastre.
Los exámenes de Contraloría habían advertido, precisamente, ese patrón años antes. En uno de los hallazgos más emblemáticos, el organismo concluyó que fondos de la reconstrucción financiaron la vía Acceso al Puerto de Manta–Colisa, pese a que esa obra no había sido afectada por el terremoto y no era prioritaria para la atención de los damnificados. Contraloría también reportó gasto en campañas de comunicación y eventos, y señaló que, en una auditoría sobre 30 millones de dólares, casi 29 millones fueron mal utilizados.
El propio Ministerio de Finanzas informó en 2017 que se habían asignado 1.589 millones de dólares para atender las zonas afectadas, provenientes de recursos fiscales, créditos contingentes e ingresos de la Ley de Solidaridad. Así, si se contrasta entre ese volumen de recursos con los hallazgos posteriores de Contraloría y Fiscalía se confirma que sí hubo dinero, sí hubo una ley extraordinaria y sí hubo personal e instituciones, pero no toda esa capacidad se tradujo en soluciones oportunas para los afectados de una reconstrucción a medias y con juicios por corrupción.
Consulado por Ecuador Chequea, Sigifredo Quiñónez, periodista en Esmeraldas, dijo que en las zonas más afectadas persisten las secuelas sociales y la falta de atención estatal.
“Hay muchas personas que todavía no tienen un sitio donde vivir y que en esa época perdieron su casa y estuvieron en albergues, luego se olvidaron de ellos y tuvieron que hacer su esfuerzo para salir a otro lado”, señaló.
Quiñónez indicó que en sectores como Chamanga y Bendición de Dios la reconstrucción fue parcial o inexistente. “Hasta ahora hay personas que habitan en ciertos albergues improvisados que son de esa época”, afirmó, y agregó que ha observado casos de personas que regresaron a estructuras abandonadas ante la falta de soluciones definitivas.
Consultado por Ecuador Chequea, Sigifredo Quiñónez, periodista en Esmeraldas que cubrió la emergencia y sus secuelas, describe que las afectaciones persisten en varios sectores donde la reconstrucción no se completó.
Quiñónez también describió una percepción extendida entre los afectados sobre la respuesta institucional tras el desastre. “Esmeraldas ahora es un pueblo que llegó a entender que las autoridades solo viven en un mundo de mentiras y engaños”, afirmó, al referirse a la falta de cumplimiento de compromisos de reconstrucción.
“Hay muchas personas que todavía no tienen un sitio donde vivir y que en esa época perdieron su casa. Estuvieron en albergues, luego se olvidaron de ellos y tuvieron que hacer su esfuerzo para salir a otro lado”, dijo.
Así, indicó que en sectores de Chamanga y Bendición de Dios “fue muy poco lo que se entregó y no a todos”, y que incluso una década después del terremoto, se observan casos de personas mayores que regresaron a ocupar instalaciones abandonadas ante la falta de soluciones habitacionales, lo que ha incidido en el deterioro social y la falta de oportunidades en esas zonas.
“Hasta hace unos meses vi un albergue con personas que habían sido reubicadas, pero regresaron porque no les cumplieron”, afirmó.
