La denuncia del oficialismo de un presunto mal uso de cámaras del Municipio de Guayaquil se investiga en Fiscalía y en la Asamblea.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por presunto peculado y otros delitos que se podrían haber cometido por el mal uso de las cámaras de vigilancia de Segura EP, en Guayaquil.
Morillo manifestó que está red de espionaje estaría liderada por el expresidente de la República, Rafael Correa y un asambleista correísta en funciones, entre otros.
Según la ministra, los recursos, sistemas, credenciales, cámaras, archivos de video, bases de datos y personal técnico de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, Segura EP, que debían ser usados para combatir la delincuencia en esa ciudad han, sido usados para fines políticos. «Rafael Correa Delgado estaría liderando está red de espionaje y haciendo mal uso del sistema de videovigilancia con fines de persecución política», dijo Morillo.
Según la denuncia, el espionaje se habría concretado a través de la presunta habilitación de una denominada “sala espejo” o enlace de acceso a los sistemas de videovigilancia de Segura EP., lo que habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, descargar videos, consultar georreferenciación y acceder a metadatos operativos.
“Los recursos públicos destinados a la seguridad no pueden ser utilizados para intereses políticos, privados o extrainstitucionales. La seguridad ciudadana exige legalidad, transparencia, control y responsabilidad”, señaló la ministra.
Entre los presuntos implicado estaría Fernando Cornejo, expresidente del Directorio de SEGURA EP; Franklin Asqui, funcionario o exfuncionario técnico vinculado a la entidad; Rafael Correa, expresidente de la República; Rodney Rengel, exintegrante policial; Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, entre otros.
Entre los posibles delitos que se habrían cometido constan peculado, violación a la intimidad, revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, acceso no consentido a sistemas informáticos, tráfico de influencias y otras infracciones conexas que puedan identificarse durante la investigación.
En el ámbito legislativo
A la par de esta denuncia penal, en la Asamblea la Comisión de Seguridad avocó conocimiento de la decisión del Pleno de este poder de Estado para que fiscalice el tema. El vicepresidente de esta Comisión y proponente de la fiscalización, Andrés Castillo (ADN), anunció que las comparecencias iniciarán mañana.
Los primeros dos funcionarios en ser citados son el ministro del Interior, John Reimberg; y el Comandante General de Policía, Pablo Dávila, o sus delegados.
Durante la presentación de su moción para que se fue fiscalice en mal uso de las cámaras de Segura EP., Castillo manifestó que la Asamblea debe pronunciarse sobre hechos de interés público relacionados con presuntos actos de espionaje y el uso indebido de recursos estatales. “No se puede permitir que la seguridad de los ciudadanos esté violentada permanentemente por un grupo político.
La seguridad es un derecho, pero también es un valor que debemos precautelar, un valor por el que estamos luchando todos los días en el Ecuador”, dijo.
La bancada de la Revolución Ciudadana dio sus votos para que se cumple este proceso de fiscalizacion, ya que sus legisladores consideran que será la oportunidad de esclarecer el caso «Porsche», dónde el correísmo denuncia un presunto autoatentado a la Bahía de Guayaquil, en junio de 2025.
