Durante el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, realizado en la sesión 483 del Pleno de la Asamblea, Dayana Passailaigue denunció que: «en los últimos 10 años el incremento de partos de niñas entre 10 y 14 años aumentó en un 78%». La legisladora del Partido Social Cristiano (PSC) recordó que la Asamblea aprobó en debate previó (11 de octubre), por unanimidad, una resolución que comprometía a cada comisión, permanente u ocasional, a desarrollar mecanismos de protección específicos para niñas y adolescentes. «La violencia hacia nuestras niñas no se detiene porque se las minimiza», reclamó.
Las cifras de ONU Mujeres, en su documento ‘Mujeres ecuatorianas dos décadas de cambio 1995 – 2015’, coinciden con la afirmación de Passailaigue. El organismo internacional cita al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) al afirmar que: «en los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes entre 10-14 años fue del 78% y en adolescentes entre 15-19 del 11%». Además, «en el año 2014, 49.3 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de adolescentes, hasta 19 años: 3% menores a 15 años; 23% entre 15 y 17 años, y 23.3% de 18 y 19 años. En total, 12 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 son madres».

Aunque la afirmación de la Asambleísta coincide con la información oficial de organismos nacionales e internacionales, es preciso aclarar que se refiere a la década comprendida entre 2004 y 2014.
Por otra parte, el Ministerio de Salud, Senplades y la organización Sendas (Cuenca) elaboraron el informe ‘Costos de omisión en salud sexual y reproductiva’, en el cual se detalla el costo que paga el Estado ecuatoriano por la falta de prevención del embarazo adolescente. De acuerdo a estas instituciones,  las cifras de los costos sociales y médicos que se generan por la falta de prevención del embarazo adolescente ascendió a USD 472,9 millones en 2015. En contraposición a este dato, el costo de prevención de esos mismos factores sería de: USD 27,7 millones.

La doctora Virginia Gómez de la Torre, presidente de la Fundación Desafío y exmiembro del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, sostuvo que esta información proviene del anuario de estadísticas del Ministerio de Salud, y revelan un incremento constante de esta realidad. «En 2014, por ejemplo, hubo 2500 embarazos en niñas menores de 14 años», detalló.
La experta en derechos sexuales y reproductivos diferenció el embarazo infantil y el embarazo adolescente. «El embarazo infantil no tiene relación con la falta de educación sexual y con la falta de anticonceptivos, las niñas son embarazadas producto de la violencia sexual. El Código Penal dice muy claramente que toda relación sexual en menores de 14 años es violación», enfatizó.
Para Gómez es necesario:

1. Reconocer que las niñas están siendo violadas.
2. Las niñas violadas se quedan embarazadas, y suele suceder en su entorno más cercano.
3. Este es un problema de las niñas más pobres del país. Una niña embarazada no suele ser una niña de clase media o alta; suele ser una niña excluida, que no ha ejercido derechos, violentada física y sexualmente, la que se expone a trabajar con su madre en entornos violentos, porque son niñas a las que el Estado no protege.

Frente a esta realidad las acciones que recomienda la experta son:

1. Enfrentar la violencia sexual en todas sus formas.
2. Incorporar el aborto en casos de violación en la legislación nacional.
3. Proteger a las niñas de forma integral. Es decir, brindar una protección real y efectiva mediante la acción conjunta de todas las instituciones del Estado.