No hay un reporte estatal o mundial oficial que lo acredite
Últimamente, se han compartido notas desinformativas que involucran a la fiscal, Diana Salazar. Aunque se han emitido estudios sobre el sistema judicial ecuatoriano, ninguno se ha dado por parte de una organización reconocida globalmente.
El 11 de junio, la asambleísta del correísmo Gissela Garzón solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) monitorear el estado de salud de la fiscal general, Diana Salazar. Desde el 16 de mayo se conoce públicamente que Salazar se encuentra con un embarazo de alto riesgo. Si bien la solicitud fue negada, se han difundido varias notas desinformativas que implican a la fiscal o al sistema judicial ecuatoriano.
En Facebook circula una publicación donde se asegura que “Ecuador tiene uno de los peores sistemas de justicia del mundo”. Al fondo de la frase, hay una foto de la Fiscal sobre la que dice “Diana Salazar, la fiscal general más miserable y corrupta de Ecuador”. Se califica al contenido como falso. El post presenta un sesgo. Además, no hay un reporte estatal por parte de una entidad mundialmente reconocida que certifique el estado del sistema judicial en el país.
Desde el 2015, el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés) realiza un estudio sobre los sistemas judiciales de 142 países, conocido como Índice Global de Estado de Derecho. Para medir esto, se toman en cuenta: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
La última edición fue publicada el 25 de octubre del 2023. En esta, se posicionó a Ecuador en el puesto 96 a nivel mundial y en el puesto 23 (de 32) a nivel regional. El año en que recibió una posición más favorable fue en el 2015, cuando estuvo en el lugar 77. Sin embargo, entonces, se tomaban en cuenta a 102 países.
A pesar de que el informe se emite de forma constante, el abogado y docente en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), Efrén Guerrero, explica que este no es un índice oficial del Estado o de una organización reconocida a nivel mundial como la ONU. Este viene de una organización no gubernamental.
Sin embargo, Guerrero resalta que sí hay puntos de urgencia para mejorar el sistema judicial ecuatoriano. Primero, hay una falta de impunidad en materia penal, o sea que muchos casos no son resueltos. En adición, es complicado para la población acceder al sistema judicial por los altos costos y demorados tiempos en este. También se debe tomar en cuenta las amplias situaciones relacionadas a la corrupción dentro del proceso. Por último, el abogado destaca a informes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen largos tiempos en materia procesal.
El abogado destaca que estos puntos se agudizaron con una “reducción de presupuestos, la pandemia, donde se virtualizó todo, los años de impunidad en relación al crimen organizado, la impunidad hacia la corrupción, entre otros factores”. De hecho, Guerrero recuerda una experiencia en la que “nos dicen: por favor, traigan una resma de papel porque no tenemos papel para darles las notificaciones de los procesos”.
Para mejorar en estos puntos, se requiere “un cambio integral del sistema judicial ecuatoriano”, resalta Guerrero. “Cambios que van desde tecnología hasta los edificios, la seguridad, mantenimiento, capacitación, lucha contra la corrupción, entre otros”. Para esto, se requiere de medidas de seguridad y cooperación internacional. Estas son acciones que le competen al Consejo de la Judicatura, entidad que posesionará hoy a su nuevo presidente, Mario Godoy.
El 8 de julio, Dunia Martínez fue designada como presidenta de la entidad. Sin embargo, dos días después, Yadira Saltos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó una reconsideración de la votación. Esto se aprobó y después de una nueva votación se eligió a Godoy.
El anterior presidente de la Judicatura fue Álvaro Román, quien asumió el cargo de forma temporal después de que Wilman Terán renunciara a este, en diciembre del 2023, cuando se lo procesó por el presunto delito de crimen organizado, vinculado al caso ‘Metástasis’. Hoy, en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el juicio político contra Terán.
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