La aprehensión de dos adolescentes por el asesinato de Carlos Suástegui en el aeropuerto de Guayaquil revela cómo el crimen organizado recluta, manipula y utiliza a menores en Ecuador, incluso desde redes sociales, señala experto consultado por Ecuador Chequea.
La aprehensión de dos adolescentes de 14 y 15 años por su presunta participación en el asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, señalado por las autoridades como líder de Los Águilas, no puede leerse solo como un caso policial. Para Francisco Cevallos, secretario técnico del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud, el crimen expone una señal más profunda: niños y adolescentes están siendo usados por estructuras criminales para ejecutar hechos que superan su edad, su autonomía y su capacidad real de decisión.
“Hay dos mensajes claros”, dijo Cevallos en diálogo con Ecuador Chequea. “El primero es la alta vulnerabilidad por la que atraviesan los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que son utilizados por el crimen organizado”.
El ataque ocurrió la tarde de este miércoles 17 de junio en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Suástegui, de 39 años, fue asesinado en la zona exterior de la terminal aérea. Tras el hecho, dos adolescentes fueron aprehendidos en flagrancia y luego procesados por presunto asesinato. Un juez especializado dictó internamiento preventivo mientras avanza la investigación.
Cevallos evitó presentar a los adolescentes solo como victimarios. Dijo que las imágenes posteriores al hecho, su llanto, su actitud y su edad, muestran “altísima vulnerabilidad”. Para él, la forma en que se habría ejecutado el ataque revela algo más grave: una planificación adulta y criminal detrás.
“Cuando uno mira estas imágenes, se está dando cuenta de que detrás de esto existe una serie de planeación: el tener las formas de guardar las armas, el saber exactamente a qué hora, en dónde y demás”, afirmó. “Son situaciones que rebasan una planificación que podría tener un chico de 15 o 16 años”.
“En el país ni siquiera sabemos cuántos son realmente los números de un grupo de delincuencia organizada, menos aún podemos saber cuántos niños y niñas adolescentes han sido reclutados”, sostuvo. “No tenemos ese dato y ese es un reto para el país: saber cómo afrontar este no dato, que es un dato”.
Los registros del Observatorio muestran el deterioro del entorno de protección. Según su boletín anual 2025, la tasa de homicidios en adolescentes creció diez veces entre 2014 y 2025, al pasar de 2,8 a 27,7. El mismo informe señala que el 90% de los homicidios de niños, niñas y adolescentes en 2025 fue cometido con arma de fuego, y que ese año un menor de edad murió cada 15 horas. En el primer trimestre de 2026, la frecuencia empeoró: un niño, niña o adolescente fue asesinado cada 14 horas.
El problema también aparece en las aprehensiones. El boletín del Observatorio reporta que casi uno de cada cuatro adolescentes aprehendidos o detenidos en el primer trimestre de 2026 portaba un arma de fuego o arma blanca, una proporción 2,6 veces superior a la registrada entre adultos. Guayas aparece como una de las provincias con mayor concentración de casos.
Para Cevallos, la respuesta no puede limitarse a endurecer castigos ni a mirar el fenómeno como una suma de delitos aislados. Dijo que Ecuador necesita una justicia especializada, como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución ecuatoriana, además de servicios de prevención, protección, desvinculación y reintegración.
“Necesitamos un sistema especializado de justicia que pueda atender este tipo de casos en particular”, afirmó. “Y para aquellos que ya han sido reclutados, necesitamos servicios que puedan promover su desvinculación de los grupos de delincuencia organizada y gestionar procesos para la reintegración, reinserción y restablecimiento de sus proyectos de vida”.
¿Cómo ocurre, con qué fines, mediante qué mecanismos?
Niños y adolescentes reclutados en el país pueden ser utilizados para cometer delitos, ser sometidos a explotación sexual, realizar trabajo doméstico u otras formas de explotación, según un reciente informe elaborado por Verónica Pólit, directora ejecutiva de Tierra de la Humanidad.
En su informe titulado El fenómeno del reclutamiento, caracterización, perfiles y dinámicas en Ecuador, señala que el reclutamiento, uso y utilización de menores se ha convertido en una estrategia operativa de grupos de delincuencia organizada para fines delictivos, sexuales, trabajo doméstico y otros. También distingue entre dos formas de participación: la incorporación o vinculación directa a una estructura y la participación sin vinculación directa.
Así, un niño o adolescente puede ser integrado de forma más estable a una organización o puede ser usado para tareas específicas sin aparecer formalmente como parte de ella. La explotación, según el informe, puede ser sistemática u ocasional.
La captación no ocurre de una sola manera. El documento identifica cuatro medios principales: coerción o violencia, manipulación, ofrecimiento de beneficios y promesas de estructura y pertenencia: un menor puede ser reclutado por amenaza, pero también por engaño, necesidad, presión, búsqueda de reconocimiento o promesa de protección. El reclutamiento no siempre empieza con una orden violenta, sino con una oferta, un vínculo o una aparente oportunidad.
Uno de los puntos más graves del informe es que las estructuras criminales pueden aprovechar precisamente aquello que debería proteger a niñas, niños y adolescentes.
“Se utiliza a los factores de protección como medios de explotación”, señala el documento al advertir que vínculos familiares, barriales, comunitarios o de pertenencia pueden ser usados para acercarse a menores, ganar su confianza, presionarlos o mantenerlos bajo control.
El informe también describe distintos niveles de perfilamiento. Puede haber un perfilamiento leve, pero también uno sofisticado, capaz de afectar total o parcialmente el arraigo y la autonomía de niñas, niños y adolescentes.
En lenguaje simple, las estructuras pueden observar vulnerabilidades, necesidades, relaciones familiares, redes comunitarias o deseos de pertenencia, y usar esa información para reclutar o controlar a menores.
La legislación vigente sanciona el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos. El artículo 369.1, establece que la persona que reclute o enliste a menores para que cometan delitos será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
La pena aumenta de 13 a 16 años cuando el reclutamiento se relaciona con tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.
Sin embargo, el informe advierte que la respuesta penal tiene límites. Uno de los principales riesgos es que el sistema termine sancionando a personas ubicadas en la parte baja de la pirámide criminal, sin atacar a las estructuras que reclutan, organizan y se benefician de la explotación.
Ese problema es especialmente delicado cuando se trata de menores. El documento plantea que el reclutamiento puede generar una posible dualidad: un niño, niña o adolescente puede aparecer como infractor, pero también puede ser víctima de una estructura que lo captó, manipuló o utilizó.
El reclutamiento también empieza en la pantalla
Un adolescente en Ecuador puede pasar de ver videos de baile, humor o tendencias en TikTok a recibir contenido con armas, pandillas, lujos, duelo, venganza e invitaciones directas a unirse a estructuras criminales. No ocurre de golpe. Ocurre por etapas. Y ocurre con datos medibles: una investigación citada por ChildFund Ecuador analizó cerca de 5.500 publicaciones de TikTok vinculadas a simbología de grupos de delincuencia organizada ecuatorianos y encontró que el contenido explícito de pandillas representa apenas el 13% de la muestra, pero concentra entre el 35% y el 40% de toda la visibilidad.
Ese es el mecanismo central descrito en el informe Cuando el algoritmo recluta: redes sociales, grupos delincuenciales y la protección de la niñez frente a la violencia digital en Ecuador, elaborado por ChildFund International en Ecuador y presentado este lunes 15 de junio de 2026.
El documento advierte que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ya no ocurre solo en calles, barrios, escuelas o entornos familiares vulnerables. También ocurre en redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea. La captación puede empezar con un video, un emoji, una canción, un mensaje directo, una oferta de trabajo falso o una promesa de pertenencia.
ChildFund define el reclutamiento digital como el proceso mediante el cual grupos criminales organizados usan plataformas digitales para identificar, contactar, persuadir, manipular e incorporar a niñas, niños y adolescentes a sus estructuras.
“No siempre requiere contacto físico, la captación comienza en la pantalla”, señala el informe al explicar que este proceso tiene cinco pasos: primero se difunde contenido que glorifica la cultura criminal; luego se identifican adolescentes vulnerables por sus perfiles y comportamiento digital; después se establece contacto mediante mensajes, comentarios o grupos; más tarde se manipula emocionalmente con promesas de dinero, protección, pertenencia o reconocimiento; y, finalmente, se invita de forma directa o indirecta a participar en actividades delictivas.
Esta investigación, coordinada por Gabriel Brito y Scott Hale, del Oxford Internet Institute, y citada por ChildFund, llama a este proceso “embudo de reclutamiento digital” o “narcomarketing”. El término describe cómo un adolescente puede avanzar desde contenido aparentemente inofensivo hasta publicaciones explícitamente vinculadas al crimen organizado.
La primera etapa del embudo representa el 58% del contenido analizado. Son videos de humor, baile, tendencias, coqueteo y confesiones emocionales. No mencionan de forma directa a grupos criminales, pero instalan canciones, poses, emojis y estilos que luego son usados por la narcocultura digital. Estos contenidos alcanzan en promedio 4,2 millones de visualizaciones y 55.000 interacciones.
La segunda etapa representa el 29% de la muestra. Aquí aparecen contenidos de transición: duelo, traición, lujo, dificultades personales, letras violentas, música de pandillas y símbolos ambiguos. Su función es acercar al usuario a los valores y estética del mundo criminal. Estos videos registran 5,1 millones de visualizaciones promedio y 63.500 interacciones.
La tercera etapa es la más peligrosa. Representa solo el 13% del contenido, pero es la de mayor alcance. Incluye nombres de pandillas, armas, violencia, identidades territoriales, mensajes de represalia e invitaciones directas a unirse. Esas publicaciones llegan a 7,4 millones de visualizaciones promedio y 86.500 interacciones.
“El algoritmo no diferencia: amplifica lo que genera emoción”, dice el informe al advertir que esta lógica es simple y peligrosa: TikTok recomienda más contenido parecido a lo que el usuario ve, comenta, comparte o repite. Si un adolescente se detiene en un video sobre lujo fácil, lealtad grupal o duelo violento, el sistema interpreta esa conducta como interés. Entonces le muestra más publicaciones similares. Con el tiempo, su dieta digital puede desplazarse hacia contenidos cada vez más cercanos a narrativas criminales.
Según ChildFund, el algoritmo no evalúa si el contenido es seguro o dañino para un adolescente. Mide atención. Y el contenido violento, criminal o emocionalmente intenso produce más atención.
El informe señala que el contenido asociado a pandillas genera 56% más interacción que el contenido general en la plataforma. También indica que ese contenido puede ser hasta 76% más visible que el contenido cotidiano.
La captación no empieza necesariamente con una amenaza. Muchas veces empieza con seducción. El informe identifica seis grandes tipos de contenido usados por la narcocultura digital: dinero y lujo, duelo y venganza, pertenencia y traición, territorialidad, humor sobre la violencia e invitaciones directas.
El 35% del contenido identificado gira alrededor del dinero y el lujo. Para adolescentes que viven pobreza, la imagen de jóvenes con billetes, motos, autos o ropa costosa puede operar como una promesa de ascenso rápido.
El 24% se relaciona con duelo, venganza y justicia propia. Son homenajes a muertos del barrio, mensajes de represalia o publicaciones que presentan la violencia como respuesta a la impunidad.
El 20% apela a pertenencia y traición. Habla de lealtad, hermandad, respeto y protección grupal. Para adolescentes que buscan identidad o reconocimiento, ese discurso puede ser especialmente atractivo.
Otro 9% se concentra en territorialidad y rivalidad. Usa símbolos, nombres de zonas, marcas de pandillas o códigos visuales para construir orgullo e identidad criminal.
Un 9% adicional usa humor, memes e ironía para normalizar el riesgo. Lo que antes podía generar miedo aparece como broma, reto o tendencia.
Solo el 3% contiene invitaciones directas a unirse a pandillas u ofertas de “empleos” vinculados al crimen organizado. Pero ChildFund advierte que esa es la última etapa. Para entonces, el terreno emocional ya fue preparado.
“La narcocultura digital construye el vínculo emocional antes de cualquier invitación explícita”, dice el documento. “Ofrece respuestas falsas a necesidades reales: dinero, identidad, protección y pertenencia”.
El informe también muestra quiénes producen y amplifican ese contenido. Más del 85% de los creadores de contenido vinculado a grupos de delincuencia organizada en TikTok tiene menos de 25 años. La Generación Z representa el 45% de los usuarios codificados, con unas 2.475 cuentas o publicaciones; la Generación Alfa, niñas y niños de hasta 12 años, representa el 40%, con unas 2.200; los millennials, el 10%; y un 5% aparece sin clasificar.
La Generación Alfa concentra el mayor promedio de visualizaciones por publicación: 8,1 millones. Es decir, niñas y niños de hasta 12 años no solo están expuestos a estas narrativas, sino que aparecen dentro del ecosistema que las produce y amplifica.
El informe advierte además un riesgo específico para niñas y adolescentes mujeres. Las mujeres aparecen en el 30% del contenido asociado a grupos delincuenciales. Los videos con presencia femenina alcanzan 8,2 millones de visualizaciones promedio, frente a 6,8 millones en videos exclusivamente masculinos. También reciben 1,4 veces más interacción.
En los videos masculinos predominan armas y demostraciones de fuerza. En los videos con mujeres, el alcance se amplifica mediante representaciones sexualizadas, emocionales o estéticas combinadas con narrativas criminales.
“Las adolescentes son tanto público objetivo como herramienta de amplificación de narrativas criminales”, señala el informe.
La captación también ocurre mediante contacto directo. Según ChildFund, los grupos criminales pueden usar identidades falsas, mensajería privada, comentarios, grupos cerrados o aplicaciones cifradas. Buscan señales de vulnerabilidad: publicaciones sobre pobreza, soledad, duelo, problemas familiares, abandono escolar o necesidad de dinero.
El informe cita técnicas documentadas por la Dirección de Ciberdelitos del Ministerio del Interior, como el “método del amante”, que consiste en colmar de atención y afecto a la víctima para crear dependencia; el gaslighting, que manipula la percepción de la realidad del adolescente; y ofertas de trabajo falso que prometen dinero fácil.
En Ecuador, el riesgo crece porque la exposición digital es alta y la protección es baja. ChildFund reporta que el 70% de niñas, niños y adolescentes usa plataformas digitales de forma frecuente. Cerca del 70% tiene teléfono celular propio. Tres de cada 10 adolescentes han experimentado ciberacoso. Dos de cada 10 han estado expuestos a contenido sexual no solicitado. Uno de cada 10 ha recibido solicitudes sexuales en línea. Cuatro de cada 10 han sido contactados por desconocidos en internet.
Pero el 46% no sabe cómo reportar un incidente digital y el 94% no identifica claramente una ruta de acción frente a amenazas en línea.
La brecha también es territorial. El 80% de hogares urbanos tiene conexión a internet, frente al 48,2% de hogares rurales. Para ChildFund, esa diferencia deja a los adolescentes más vulnerables solos frente a un ecosistema digital donde el crimen organizado opera con rapidez y poca supervisión.
¿Y la respuesta de la sociedad?
Por ahora, el secretario técnico del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Francisco Cevallos,señaló que el Estado, los gobiernos locales, las familias, las escuelas, las plataformas digitales y los medios tienen responsabilidades distintas. A los gobiernos locales, los llamó “rectores del territorio” y pidió que incorporen seguridad, protección y agenda social en parques, calles, barrios y espacios virtuales. A los medios les pidió evitar la reproducción acrítica de la narcocultura y tratar estos casos con rigor.
“Muchas veces se normalizan ciertas acciones de violencia”, dijo. “El tratamiento de estos casos tiene que ser mucho más responsable, mucho más riguroso, para evitar lugares comunes”.
Para Cevallos, el asesinato en el aeropuerto no solo muestra el alcance de las bandas. También muestra la deuda del Estado con una generación expuesta a homicidios, armas, reclutamiento y miedo.
“La violencia no solo es un problema de seguridad pública”, advierte el boletín del Observatorio. “Es una crisis de derechos humanos que impacta directamente el derecho a la vida, integridad, desarrollo, educación y protección integral”.
