La fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno es visto por colectivos como un nuevo golpe a la institucionalidad de defensa de sus derechos. Conoce los argumentos que llevan a las mujeres a las calles.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
El 24 de julio, a través de una rueda de prensa, la decisión se hizo oficial. Fue la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, la que informó las medidas: fusión de ministerios, secretarías y la desvinculación de funcionarios. Entre los anuncios sonó también el nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que a partir de ese día se fusionaría con el de Gobierno; una decisión que ha levantado críticas y preocupación desde varios sectores.
El Gobierno justificó la medida como parte de un plan de “eficiencia administrativa” que, según el Decreto Ejecutivo 60, busca reducir el tamaño del Estado, eliminar duplicidades y optimizar recursos. La reestructuración implicó la reducción del número de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de 9 a 3; así como la desvinculación de 5.000 servidores públicos. Pero, entre todos los cambios dispuestos, absorciones como la del Ministerio de la Mujer han sido las que más han entrado en el debate.
Desde el Ejecutivo, la decisión se ha justificado a través de términos como eficiencia y recorte del gasto. Sin embargo, para organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres, la medida representa un retroceso institucional en las garantías de mujeres, niñas y adolescentes. Además de que la crítica se ha extendido al ministerio sobre el que pesaría, desde ahora en adelante, la política pública para mujeres: el Ministerio de Gobierno.
A partir del anuncio, más de 500 organizaciones feministas se han declarado en resistencia y han cuestionado lo que consideran una eliminación disfrazada de fusión. “No se puede hablar de eficiencia cuando se desmantelan las estructuras que protegen la vida y los derechos de las mujeres”, han advertido en comunicados conjuntos. “El Ministerio de la Mujer no es negociable. Su debilitamiento representa una señal de desprotección estatal frente a las múltiples violencias que nos afectan”.
Resultado de años de lucha
A Clara Merino, con una cabellera blanca brillando bajo el sol frente a la Corte Constitucional, esta decisión le recuerda a otros momentos que el país ha vivido a lo largo de su vida; uno de estos, el cierre del Conamu (Consejo Nacional de la Mujer) en 2008, la primera entidad que surgió en el país en pro de las mujeres.
“Nos angustia mucho que, después de un largo proceso, muy largo proceso para crear institucionalidad para mujeres, pase esto. Ya tuvimos el golpe fuerte contra el Conamu en 2008, muy fuerte golpe, y ahora nuevamente se da un golpe brutal a la institucionalidad de las mujeres de Ecuador”, dice.
Hoy revive toda la historia de lucha que ha tenido que vivir a lo largo de los años y de hechos históricos que vivió en carne propia; pues su lucha no es nueva y se ve reflejada con las arrugas de su rostro y los valles de sus manos. “Yo llevo luchando desde jóven con compañeras que aún siguen y otras que ya se han ido. Y no me voy a cansar de luchar porque se respete el resultado de nuestro esfuerzo”.
Ella habla de momentos como el que se vivió en 1970, cuando desde el Gobierno se creó un Departamento de la Mujer dentro del Ministerio de Previsión Social y Trabajo con el objetivo de mejorar la situación laboral de las trabajadores. O cuando en 1984, esa instancia se transformó en la Oficina Nacional de la Mujer, dentro del Ministerio de Bienestar Social, como órgano asesor encargado de promover políticas de género, inclusión de pueblos indígenas y minorías étnicas.
También se refiere a cuando en 1997, mediante decreto presidencial, la Oficina fue elevada a Consejo Nacional de las Mujeres, ya con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito a la Presidencia con objetivos clave: asegurar la incorporación del enfoque de género en planes, programas y proyectos estatales, además de ofrecer asesoría técnica obligatoria en todo el sector público.
Ella vivió la lucha y las movilizaciones que empujaron a la creación de estos espacios, aunque también vio su desaparición cuando en 2008 la aprobación de una nueva Constitución y la reestructuración institucional del Estado que trajo esta reemplazo al Conamu con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
La mujer que hoy vuelve a gritar en las calles en contra de las medidas de un Gobierno, también recuerda cómo no fue hasta 2022, tras el femicidio de María Belén Bernal, que una institución volvía a tomarlas en cuenta como parte de su eje central de trabajo. Y es que fue ese año en el que el expresidente Guillermo Lasso volvió a elevar esta institucionalidad y política pública al rango ministerial, a través de la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Desde su creación, esta cartera asumió el rol de ente rector de la política pública de género en el país. Sus ejes de trabajo incluyeron la prevención de la violencia, la atención a víctimas, la promoción de derechos para mujeres y diversidades, y la coordinación interinstitucional para implementar la Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aunque su presupuesto era limitado, entre los $12,4 millones en 2025, su existencia significaba un reconocimiento institucional a la agenda de género como prioridad estatal. O así lo asegura Merino.
Por esto, hoy la fusión de esta cartera de Estado con el Ministerio de Gobierno ha vuelto a sacar a la mujer a la calle, a la lucha. “Nosotras estamos representando a la gran mayoría de mujeres empobrecidas en el país, indígenas, negras, mestizas, parteras; de todas las identidades y diversidades. Nos duele que se empiece a destruir toda la institucionalidad de las mujeres y de otros sectores”.
Y aunque las respuestas sobre el nuevo manejo de la política pública para las mujeres y cómo las funciones del que era un Ministerio se llevarán a cabo desde la cartera de Gobierno son escasas, las críticas hoy suenan cada vez más fuerte.
Decisión controvertida
Para Cristina Cachaguay, activista feminista y defensora de derechos humanos, la decisión tomada por el Gobierno es una afrenta directa a los derechos de las mujeres y una forma de regresión desde el Ejecutivo.
“Estamos en una Asamblea permanente a nivel nacional. Ahora nos levantamos y nos movilizamos porque no estamos de acuerdo con que se elimine el Ministerio de la Mujer. Recortar el Estado es recortar los derechos y no se soluciona las problemáticas que tiene el país”, dice.
Entre las exigencias que ha expuesto en plantones como el realizado ayer en las afueras del Ministerio de la Mujer, los colectivos han solicitado la restitución inmediata del Ministerio, que se detengan los despidos masivos, que se haga pública la carta que se firmó con el Fondo Monetario Internacional y que se garantice el derecho a la resistencia.
“Vamos a movilizarnos de forma sucesiva hasta el 7 de agosto, donde las organizaciones sociales nos vamos a tomar las calles para exigir al Gobierno de Daniel Noboa que garantice nuestros derechos y que no siga desprotegiendo al pueblo ecuatoriano”, aclara.
Nora Ayabaca, representante de organizaciones feministas, también expresa las preocupaciones que ven a futuro ante esta decisión que, dice, afecta directamente al desarrollo de derechos que han tenido las mujeres en las últimas décadas.
“Con esta última decisión, hemos visto cómo desde el Gobierno se pretende y ya se lo ha realizado, esta prácticamente eliminación del Ministerio de la Mujer; dando sus competencias a un Ministerio que no está capacitado, que no tiene los recursos, no tiene los medios y no tiene ni siquiera el personal que necesita para defender el derecho de las mujeres”, dice.
Para ella, esta decisión puede afectar todo el trabajo interinstitucional que se ha venido realizando por esta cartera de Estado; trabajo “con el Consejo de la Judicatura, en el eje de Justicia con la Fiscalía General, con las juntas cantonales de protección de derechos, con las organizaciones que han venido trabajando en defensa de los derechos de las mujeres. Todo este trabajo sincrónico y estructurado en mesas y en plantones se va a venir de menos, la violencia va a subir y vamos a dejar en indefensión a la mitad de la población del país”.
Asimismo, Geraldina Guerra, representante de Fundación Aldea, asegura que es una regresión de derechos el querer “borrar de un solo plumazo esta institución, como si las mujeres no existieramos”.
“Tenemos esta institucionalidad después de muchos años de pedir y luchar por nuestros derechos. Queremos a ese Ministerio funcionando eficientemente, con recursos. Necesitamos urgente empezar a tomar en serio la violencia contra mujeres y niños en este país, donde nos matan cada 21 horas, donde las violaciones están al orden del día, donde somos víctimas de abuso sexual, de explotación, de violencia física, psicológica y sexual”, dice.
Las preocupaciones de estos sectores también se abordan desde la entidad que quedará a cargo de la política pública. Y es que las mujeres consultadas rechazan que sea un Ministerio “dedicado a la política y a otros asuntos que no están vinculados con los derechos sea el que asuma nuestros derechos”, según dice Merino. Y sus voces siguen alzándose en contra de esto.
¿Vuelta atrás?
Hoy, las mujeres alzan la voz en contra de la medida y plantean presentar acciones ante la Corte Constitucional para presionar al Gobierno a dar un paso atrás en las decisiones anunciadas la semana pasada. Sin embargo, el proceso, según expertos, es complejo.
Desde el punto de vista técnico, la Constitución otorga al Ejecutivo la facultad de reorganizar la estructura de la administración pública, incluyendo la creación, fusión o eliminación de ministerios. Así lo explica la abogada constitucionalista Ximena Ron, quien señala que “el Gobierno central está a cargo de las políticas públicas y eso implica también las reestructuraciones del Estado”.
Sin embargo, advierte que hay un límite: el Ejecutivo no puede dejar competencias constitucionales sin una entidad que las garantice. En el caso del Ministerio de la Mujer, su rol incluía la implementación de políticas públicas para eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Mientras esa función esté contenida en algún organismo del Estado, sea un ministerio, una subsecretaría u otra figura administrativa, no se configura, en términos jurídicos, una violación directa a la Constitución. “Es una cuestión de orden administrativo”, resume Ron.
La abogada también señala que desde la sociedad civil es difícil impugnar este tipo de medidas, si no se puede demostrar un efecto negativo concreto. “No hay una certeza real de que las fusiones generen consecuencias negativas. Habría que ver qué pasa con el tiempo”, afirma. En otras palabras, mientras no se evidencie un retroceso real en la garantía de derechos, las posibilidades de que la Corte Constitucional anule el decreto son limitadas.
Donde sí podría haber espacio para acciones legales más efectivas, según Ron, es en el tema de las desvinculaciones masivas. A diferencia de las fusiones, los despidos tienen una afectación inmediata y verificable sobre derechos laborales protegidos por la Constitución. “Ahí quizás sí puede haber protestas o manifestaciones ciudadanas que frenen las desvinculaciones, porque hay bases que protegen los derechos de los trabajadores”, explica.
En ese marco, el debate no sólo se ubica en el plano legal, sino también en el simbólico y político. Lo que muchas mujeres y colectivos reclaman no es sólo la existencia formal de un ente que cumpla con ciertas funciones, sino la necesidad de una institución especializada, con presupuesto, capacidad operativa y autonomía suficiente para diseñar e implementar políticas de género en un país donde ocurre un femicidio cada 21 horas. Y esa garantía, aseguran, no la ofrece hoy el Ministerio de Gobierno.
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