Lo expresado por el ministro del Interior, Mauro Toscanini, en una entrevista publicada por Diario El Comercio este 19 de agosto, contradice lo que dicta la legislación ecuatoriana. Según el funcionario, «simplemente es legal» pedir el pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar a Ecuador a partir del 18 de agosto.
El artículo 84 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana indica que «los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje».
 

En la página web del Ministerio del Interior se confirma lo que estipula la norma, sobre el ingreso de ciudadanos suramericanos a Ecuador.

Tras anunciar la medida, el Ministerio del Interior indicó este 19 de agosto que los menores de edad no deberán presentar pasaporte. Sin embargo, los representantes que los acompañen en su proceso migratorio sí tienen que mostrar dicho documento en los filtros de migración.

#MovilidadHumanaSegura | Dentro de la normativa se considera que los niños, y adolescentes venezolanos no podrán presentar el pasaporte siempre y cuando sus dos padres lo tengan y demuestre su relación de filiación y parentesco. pic.twitter.com/487I56f0rX

— Min Interior Ecuador (@MinInteriorEc) 19 de agosto de 2018

Expertos en la materia aseguran que la medida es «ilegal e inconstitucional». El abogado Nicolás Salas explica que «los tratados internacionales que Ecuador ha suscrito y la Constitución permiten que un ciudadano venezolano venga al país con la cédula. El mismo artículo 84 de la Ley de Movilidad Humana lo permite. Esto quiere decir que establecer un requisito desde el Ejecutivo, en el sentido que restrinja estas normas, no es legal ni constitucional».
El artículo 40 de la Constitución reconoce el derecho a migrar de las personas. Además, impide que se identifique o considere como «ilegal» a cualquier ser humano por su condición migratoria.

En marzo de 2014 Ecuador se adhirió al Acuerdo sobre residencia para nacionales Estados partes de Mercosur. En las Disposiciones Generales de dicho tratado se contempla la «libre circulación de personas en la región», en territorio de los países partes.

De hecho, el artículo 4 del Acuerdo indica que es posible solicitar residencia temporaria en los Estados signatarios con la cédula de identidad nacional.

Salim Zaidán, experto en Derecho Constitucional, señala que mediante decretos, acuerdos o reglamentos no se puede contravenir la Ley. «La decisión de las autoridades ecuatorianas es inconstitucional, ilegal, contraria a los instrumentos internacionales e inútil porque, lejos de proteger a los venezolanos de delitos como la trata de personas, los vuelve más vulnerables y desembocará en una migración irregular y más riesgosa».
El abogado sostiene que «dos de cada tres venezolanos cruzan la frontera sin el pasaporte. Se los está tratando como si fueran simples turistas y no se comprende el drama humano que hay detrás. Las autoridades cometieron el error de adoptar la decisión, abstrayéndose del contexto social y político que vive Venezuela. Obtener un pasaporte allá es un trámite lento y costoso. «.
María Clara Marín, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Ecuador, ofreció una entrevista este 20 de agosto a La Posta Ec e indicó que la medida adoptada por el Gobierno ecuatoriano «refleja la gravedad de la situación de la crisis migratoria y la necesidad de que esto se tome de manera regional».

En esa misma línea, el pasado 17 de agosto, el portavoz del Secretario General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, se pronunció sobre el tema. Mencionó que, así como los Estados tienen la capacidad y la responsabilidad de controlar sus fronteras; amparados en la ley internacional, los refugiados también tienen derecho a que se respeten sus derechos.

Resaltó que las personas que huyen de la violencia y del hambre tienen derecho al refugio. Por esa razón, Naciones Unidas espera que los derechos de las personas y, particularmente de los refugiados, sean respetados a escala global.