La expresidenta de la Asamblea no se da por vencida y ha puesto un nuevo recurso judicial buscando volver al cargo. Además, pide que cada uno de los 81 legisladores que votaron por su destitución del cargo le pague 100 mil dólares.
8’100.000 dólares es el monto total que Guadalupe Llori (Pachakutik) exige como indemnización por haber sido cesada de su cargo de Presidenta de la Asamblea el 31 de mayo. Así consta en la demanda de acción de protección que presentó la legisladora y que fue admitida a trámite por la jueza Sonia Ramírez, de la Unidad Judicial de la Famili, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, sur de Quito. De manera específica, la demanda señala: “Que se ordene, por haberse afectado a mi buen nombre, el pago por concepto indemnizatorio de 100 mil dólares por cada uno de los votantes que resolvieron mi cesación de funciones como Presidenta de la Asamblea”. La decisión se tomó con 81 votos a favor. La audiencia judicial está convocada para este lunes a las 14:30.
En su escrito también solicita, como medida de reparación integral, que se publique en dos medios de escritos de cobertura nacional, pagados por los que votaron a favor, las disculpas públicas hacia su persona; y que se ordene su reintegro como titular de la Legislatura.
Julio César Sarango, abogado de la legisladora, asegura que los asambleístas violaron la seguridad jurídica y el debido proceso, ya que no se le dio el derecho a la defensa, irrespetando la Constitución y los tratados internacionales. Agregó que el monto solicitado “es subjetivo” y que dependerá de la jueza establecer cuánto debería recibir, de acuerdo con la dimensión de los daños causados, en caso de que el fallo sea a su favor.
Como parte de la demanda se había solicitado como medida cautelar el cese de funciones de esos 81 asambleístas y que se principalice a sus suplentes para “no afectar el funcionamiento de la institución”, medida que fue negada por la jueza.
Los involucrados
La demanda es en contra de Virgilio Saquicela, independiente que asumió la presidencia de la Asamblea; y de los cinco integrantes de la comisión pluripartidista Ad Hoc que elaboró el informe no vinculante que recomendó al Pleno la destitución de Llori de su cargo por incumplimiento de funciones. Esta comisión estuvo integrada por Pamela Aguirre (correísta), Peter Calo (ala rebelde de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y Jhon Vinueza (independiente).
A pocos días de que llegue al Pleno el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura, Saquicela y otros legisladores ven en el fondo de la nueva acción judicial una presión de la Judicatura y del propio Gobierno para que no prospere la interpelación. El titular de la Legislatura considera que la demanda es jurídicamente improcedente y espera que la jueza emita su pronunciamiento apegada a derecho y de manera imparcial. “Debería ser desechada (la demanda) porque ya hubo una acción similar que ya fue negada y porque no tiene fundamento ya que habla de lo mismo que antes fue analizado por otra jueza y por la Corte Provincial de Justicia”, dijo Saquicela.
Pedro Zapata (PSC), quien fue presidente de la comisión multipartidista, aseguró que hay un trasfondo político y cuestionó a Llori por seguir interponiendo recursos (este sería el quinto), cuando ya algunos jueces se han pronunciado al respecto. “Vaya coincidencia que cuando el lunes la Comisión de Fiscalización tiene que resolver sobre el juicio político a la Judicatura, aparezca esta acción de protección que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Zapata. Aseguró que la destitución de Llori como presidenta de la Asamblea está en firme por decisión de 81 legisladores. Por su parte, Aguirre manifestó que los más de ocho millones de dólares que pretende Llori como indemnización, se los está pidiendo al Estado, “al ciudadano de a pie que paga sus impuestos”. “No le bastó con los escándalos de diferente índole dentro de la Asamblea, ahora quiere ocho millones de dólares”, dijo Aguirre y agregó que lo que pretende es aferrarse al cargo a través de una nueva acción judicial. La legisladora correísta aseguró que desde que hubo el cambio de autoridades, la Asamblea ha retomado y normalizado su trabajo habitual que podría quedar en nada si se le restituye en el cargo, con lo que caotizará a la Legislatura.
Placencia opinó que se está abusando del derecho y coincidió con Aguirre en que los ocho millones que pretende se los está pidiendo al Estado en plena crisis económica. “Ella está gastando recursos y tiempo en vez de ponerse a trabajar por la gente, por la provincia que le dio el respaldo”, dijo Placencia.
“No sé cómo pagaríamos en caso de que se acepte lo que la señora está pretendiendo. Es una señora muy poderosa, tan poderosa que ha conseguido que se abra y reabra esta causa cuando ya dejó de existir en su momento”, agregó Vinueza.
Desde que se mencionó la posibilidad de investigarla por incumplimiento de funciones e integrar una Comisión que sustancie el proceso , Llori suspendió sesiones del pleno para evitar que se trate el tema, obtuvo medidas cautelares con idéntico fin, apeló fallos judiciales y presentó otros recursos similares.