Por períodos de hasta 180 días —con 30 de extensión— se puede activar el nuevo rol de las Fuerzas Armadas para complementar la seguridad ciudadana. Analistas recuerdan que las extensiones no son automáticas y dependen del Consejo de Seguridad.

De efecto inmediato es la decisión —aprobada por más del 70% de los electores— de que las Fuerzas Armadas participen junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado. Sin necesidad de nuevos decretos de Estado de Excepción, los militares podrán complementar las labores policiales en carreteras, cárceles, espacios públicos y donde sea necesario, incluso en alta mar.

De acuerdo con la pregunta sometida a consulta popular este domingo, la intervención de las Fuerzas Armadas en lo que hasta ahora era competencia exclusiva de la Policía nacional, es decir, la protección y el mantenimiento del orden público, podrá realizarse por un período inicial de 180 días, con la posibilidad de una prórroga adicional de 30 días.

Según lo establece el anexo que regula la ejecución de esta medida, se trata de una intervención «complementaria y excepcional» condicionada a la emisión de un decreto ejecutivo que incluya un informe motivado sobre la pertinencia, casos y el ámbito en el que se llevará a cabo dicha intervención.

Este informe, agrega, debe ser elaborado y aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) o por el «organismo que haga sus veces», en una reunión convocada por el comandante de la Policía.

Además, establece un control por parte de la Corte Constitucional en los siguientes términos:

La o el Presidente de la República, con base en el informe emitido, suscribirá, de forma inmediata, el decreto ejecutivo, disponiendo el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con sujeción a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como, a los estándares internacionales de derechos humanos de extraordinariedad, complementariedad, fiscalización y regulación. La Corte Constitucional de oficio deberá efectuar un control formal y material constitucionalposterior de los decretos que disponga el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las tareas de la Policía Nacional en el ámbito de la Seguridad Interna y de los que se dicten con fundamento en éste”. La intervención complementaria y excepcional de las Fuerzas Armadas se podrá realizar por un término máximo de ciento ochenta días con una renovación por el término máximo de treinta días en caso de que las causas que motivaron la emisión del decreto persistan. La o el presidente de la República dentro de plazo de veinticuatro horas siguientes a la suscripción del decreto Ejecutivo, notificará a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para el correspondiente control constitucional y político posterior.

En la práctica, esta medida se convierte en una de las más trascendentales en materia de seguridad en la historia reciente del país. Genera reacciones positivas, pero también cuestionamientos y dudas sobre una posible militarización permanente y potenciales abusos en un país inmerso en un conflicto armado interno, reconocido oficialmente.

Consultados sobre el tema, exaltos jefes militares y representantes de observatorios judiciales expresaron diferentes criterios sobre el posible uso permanente de la intervención militar, así como de los desafíos que esta implica para las Fuerzas Armadas, en especial para que su trabajo sea eficaz y sin abusos de Derechos Humanos.

Según José Andrés Murgueytio, coordinador de proyectos del Observatorio de Justicia y Derechos (ODJ), los abusos pueden ocurrir. Sin embargo, señaló que hoy las circunstancias son diferentes, ya que no estamos, aparentemente, frente a un régimen antidemocrático. 

Murgueytio destacó que las Fuerzas Armadas sí han reconocido la necesidad de continuar capacitando a sus efectivos para llevar a cabo labores de vigilancia con estricto respeto a los Derechos Humanos.

El especialista también subrayó que, a pesar de los desafíos para evitar situaciones de abuso por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, existen medidas viables. Entre ellas, destaca la creación de canales de denuncia y el establecimiento de veedurías ciudadanas y mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sanciones apropiadas para los militares que infrinjan la Ley.

Estas nuevas normas deben establecerse de forma clara, para evitar que las nuevas tareas excepcionales terminen convirtiéndose en un trabajo cotidiano, dijo Murgueytio, luego de señalar que es la primera vez en la historia reciente, desde el retorno a la democracia, que los electores entregan al mismo tiempo tanto poder a las Fuerzas Armadas como a la función Ejecutiva, lo cual, a su criterio, «desbalanza el sistema de pesos y contrapesos que garantiza el régimen democrático».

“No hay que pensar en estos mecanismos en el corto plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si después viene un presidente no tan democrático y utiliza a las Fuerzas Armadas como represión u oposición a organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios? Ese es el riesgo más grande de permitir que las Fuerzas Armadas operen en el día a día. Se puede mitigar esto con una regulación adecuada”, manifestó Murgueytio.

MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

La constitucionalización del nuevo rol de las Fuerzas Armadas y su acompañamiento a la Policía, según opinó la directora del Observatorio de Justicia y Derechos, María Dolores Miño, representa en la práctica la militarización de la seguridad. Esta medida, ya implementada en países como México y Colombia, no ha logrado disminuir, sino más bien diversificar la cantidad de delitos y casos de crímenes de lesa humanidad, opinó.

“Sacar a los militares para el control de la seguridad ciudadana no ha demostrado en otros países reducir la criminalidad sino el inicio del aumento de la violencia. No necesariamente va a pasar esto en Ecuador, pero la evidencia regional reciente nos muestra otra cosa”, dijo.

Ante este nuevo escenario, es indispensable que la sociedad y la prensa estén vigilantes cuando las Fuerzas Armadas tengan que actuar para que protejan nuestros derechos, comentó. «Siempre va a haber una manzana podrida que abuse del poder, que intimide a los niños, que los haga bailar. Pero cuando eso ocurra, debe existir una política institucional de no impunidad, comprometida con investigar y sancionar estos abusos».

NO SÓLO SE NECESITA CAPACITACIÓN

El exjefe del Estado Mayor del Ejército y exconsejero presidencial de seguridad, Wagner Bravo, comentó que, a pesar de que las Fuerzas Armadas cuentan con capacitación para acompañar a la Policía, necesitan actualizar sus doctrinas de actuación en materia de combate urbano, sus sistema de inteligencia y aumentar su personal para cumplir con el nuevo rol asignado en la consulta popular.

Se deben considerar todas estas necesidades que tienen las Fuerzas Armadas para que puedan dar su “apoyo complementario y excepcional” dentro de los periodos de 180 días y extensión de 30 días adicionales. “Supuestamente entramos en este proceso de que en 180 días vamos a poder solucionar, pero recordemos que en la época del presidente Lasso hubo 18 estados de excepción y en el actual Gobierno cinco. Entonces, las condiciones excepcionales terminan cuando terminan las causas, pero si persisten, el presidente deberá poner otra vez otro decreto para un nuevo apoyo complementario de 180 días”, dijo.

La extensión, sin embargo, no es automática, sino que se otorga una vez que se supere el filtro de una reunión del Cosepe, convocada a pedido del comandante de Policía, recordó Bravo. El objetivo de esta reunión es, precisamente, elaborar un informe de sustento para solicitar el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, que finalmente puede ser ordenado por el Presidente mediante un decreto ejecutivo.

PERSONAL

Dada la magnitud de la crisis de seguridad, que no sólo ha desbordado la capacidad de la Policía, sino que incluso ha aumentado los índices de criminalidad, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la seguridad requerirá aumentar su personal, a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 nuevos efectivos por año, opinó Bravo.

“Se necesitará, posiblemente, un aumento de ‘pie de fuerza’ que en la actualidad es de 41.000 miembros. Tendríamos que complementar con gente y medios para que se pueda cumplir. Las Fuerzas Armadas pueden aumentar de 3.000 a 4.000 hombres por año. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho la Policía, con 10.000 por año porque se necesita cuatro años para la formación de los militares y oficiales y dos años en el caso de la tropa”, indicó.

Este aumento de personal puede realizarse mediante dos vías: ampliando la base de conscriptos y llamando a los reservistas. En ambos casos, la financiación podría provenir de las regalías que recibe el Estado por la actividad minera, indicó el experto.

El coronel en servicio pasivo y exsecretario ejecutivo de la Combifrom (Comisión Binacional Fronteriza Ecuador-Perú y Ecuador-Colombia), Rafael Quintana, se mostró confiado en que el Cosepe emita de manera oportuna los informes técnicos que justifiquen las órdenes de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, tal como señala el texto del anexo de la pregunta aprobada en la consulta.

“Aparte del control de los 180 días que se estableció en la consulta, tenemos que ver que estamos en un conflicto armado no internacional; es decir, en un conflicto o guerra interna. Y la ciudadanía debe estar clara que esta guerra terminará cuando uno de los dos participantes se rinda”, comentó.

EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE SE MODIFICA

El nuevo rol establecido en la consulta popular se agregará al artículo 158 de la Constitución, que actualmente reza de la siguiente manera:

Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de losderechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo losfundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.

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