La ONU no ha pedido que se despenalice la pedofilia

El informe ‘Los principios del 8 de marzo’ no promueve la pedofilia ni la pederastia. La ONU ratificó que condena el abuso a menores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recalca que todo niño tiene derecho a la salud, la educación, la protección. Además, insta a las sociedades a participar en ampliar las oportunidades de desarrollo durante la vida de los niños.

Desde mediados de abril, en distintas redes sociales circulan varias publicaciones que aseguran que la ONU publicó un informe que promueve la normalización y despenalización de la pederastia, pedofilia y toda actividad sexual entre adultos y menores de edad. Además, en otro post también se menciona que la ONU declara que la pedofilia es un derecho humano. Calificamos estos contenidos como falsos. La ONU no ha hecho tales pronunciamientos.

Al revisar las redes sociales oficiales de la ONU no se encuentra ninguna publicación que mencione el supuesto informe que detallan los distintos post de redes sociales. Los posts de este organismo tienen que ver con temas como: salud mental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación de calidad como derecho, vacunas, entre otros.

De hecho, en la fecha de las publicaciones sobre el supuesto informe, en las cuentas oficiales no se encuentran contenidos relacionados a este, sino al respeto por los Derechos Humanos.

La Comisión Internacional de Juristas (ICJ) junto con Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida ONUSIDA y  Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, elaboraron un informe denominado ‘Los Principios del 8 de marzo’. Este documento no promueve la pedofilia ni la pederastia. Recomienda no criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes. 

Además, según un reporte de Swissinfo, la ONU aclaró esta información en una rueda de prensa y ratificó que condena el abuso a menores, a quienes protege con un pacto internacional desde 1990.

Al revisar el documento se observa que está basado en leyes que penalizan conductas relacionadas con derechos sexuales, salud sexual y reproductiva, consumo de drogas, VIH, la indigencia y pobreza. Además, este fue realizado con el objetivo de guiar la aplicación de los

Derechos Humanos en las legislaciones penales. Durante 5 años se ha desarrollado dicho informe y se publicó en marzo de este año, ya que actualmente en 20 países penalizan a las personas transgénero y en 67 países se penaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El informe se publicó en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

En el documento se enumeran 21 principios, divididos en 3 capítulos que son:

1. Principios básicos del Derecho penal

2. Derecho penal y normas internacionales de Derechos Humanos.

3. Aplicación a la penalización de conductas relacionadas con el sexo, la reproducción, el consumo de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza.

En el principio 14 se trata el libre acceso a herramientas que proporcionen a la comunidad una correcta salud sexual y reproductiva. Su enfoque es la despenalización del libre acceso a educación sexual, anticonceptivos, aborto o información sobre enfermedades de transmisión sexual. Se menciona que los padres o tutores de menores de edad, personas con discapacidad o cualquier persona bajo su cuidado, no deben ser penalizados por permitirles ejercer sus derechos sexuales o reproductivos, a menos que exista coerción, fuerza, fraude o falta de información. Sin embargo, en ningún momento se fomenta la despenalización de agresiones en contra de menores de edad.

El principio 16 trata acerca del consentimiento al momento de realizar actividades sexuales. En el texto se recalca que, si se mantienen relaciones sexuales con personas por debajo de la edad mínima para dar su consentimiento, no son legales. El documento indica que las personas menores a 18 años pueden dar su consentimiento, siempre y cuando sea informado, ya que son decisiones que los involucran. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta su edad, su madurez y la no presión por parte de alguien que se considere superior.

Jefferson Armijos, politólogo y jurista por la Universidad de Granada, explicó que la información proviene de un informe que no es una legislación vinculante, sino una guía escrita por expertos para orientar a las personas que redactan la legislación penal en los países adheridos a la ONU. El informe reconoce que no caben sanciones penales en relaciones entre adolescentes de edades similares, siempre que sea consentida, pero no defiende la explotación o abuso sexual de menores de edad. Además, el informe no despenaliza ni aboga por la abolición de una edad mínima de consentimiento para relaciones sexuales, sino que enfatiza la protección de la infancia contra cualquier tipo de abuso, mencionó.

El 20 de abril, el ICJ desmintió que el documento ‘Los Principios del 8 de marzo’ exige la despenalización de las relaciones sexuales con niños. “El documento fue elaborado y respaldado por abogados de todo el mundo y establece un enfoque basado en los Derechos Humanos para las leyes penales que normalmente penalizan conductas asociadas con el sexo, la reproducción, el uso de drogas, el VIH, la falta de vivienda y la pobreza. (…) De hecho, la ICJ destaca que los estados tienen la obligación clara, en virtud del derecho internacional, de proteger a los niños de todas las formas de abuso, como el abuso sexual infantil, incluso mediante la tipificación como delito de dicha conducta”, aclaró.

La ICJ mencionó, a través de Twitter, que publicó un nuevo conjunto de principios legales para abordar el impacto dañino en los Derechos Humanos de la criminalización injustificada de individuos y comunidades. Allí, se menciona que la tercera y última parte trata sobre la aplicación a la penalización de conductas asociadas a sexo, reproducción, consumo de drogas, VIH, falta de vivienda y pobreza.

Livio Zilli, asesor jurídico senior y representante ante la ONU de la ICJ, dijo a Colombiacheck que el documento no exige la despenalización de las relaciones sexuales con niños. Más bien, el organismo busca destacar que los estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los niños de todas las formas de abuso, como el abuso sexual infantil, incluso mediante la tipificación de dicha conducta como un delito. “Los Principios del 8 de marzo reconocen que la ausencia de consentimiento puede dar lugar a responsabilidad penal por la conducta de que se trate”, dijo.

Las diferentes publicaciones que circulan en redes sociales también fueron desmentidas por varios fact–checkers.

La ONU promueve los derechos de los niños

El organismo ha abordado la problemática de la pedofilia y el abuso sexual de menores en varias ocasiones. Por ejemplo: La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, adoptada en 1989, estableció que los estados deben tomar medidas para proteger a los niños de todas las formas de violencia, incluyendo el abuso sexual y la explotación sexual.

En 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 61/146, sobre la protección

de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que reconoce el impacto negativo del abuso y la explotación sexual de los niños y exhorta a los estados miembros a tomar medidas para prevenir y erradicar estas prácticas.

En 2014, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó la campaña ‘UNiTE to End Violence against Women’, que incluye la prevención y la respuesta al abuso y la explotación sexual de niños. En 2015, la Asamblea adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye la meta de poner fin a la violencia contra los niños, incluyendo el abuso sexual y la explotación sexual.

En 2020, dicha institución informó que durante la pandemia de Covid-19, la violencia doméstica y la explotación sexual aumentaron significativamente en todo el mundo, especialmente para las mujeres y los niños. Por ello, lanzaron una campaña global para aumentar la conciencia sobre la violencia doméstica y ofrecer recursos para ayudar a las víctimas.

*Esta verificación fue realizada por Paola Simbaña Ramos (redacción Ecuador Chequea), y Nayely Armijos y Gabriela Ochoa, estudiantes de Periodismo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

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