En nuestro país solemos pensar que la moral pública es un asunto que corresponde exclusivamente a quienes ejercen el poder. La invocamos cuando aparece un caso de corrupción, cuando un funcionario abusa de su cargo o cuando se descubre que los recursos públicos han sido utilizados para beneficio de algún particular. Entonces exigimos sanciones, reclamamos transparencia y recordamos que quien administra lo público debe hacerlo con probidad. Y todo aquello es correcto. El problema es creer que la moral pública comienza y termina en el Estado. Porque la moral pública es, ante todo, una construcción colectiva. No puede existir una administración íntegra en una sociedad que normaliza, en el día a día, pequeñas formas de transgresión. Por ello, resulta contradictorio condenar al funcionario que evade la ley mientras justificamos nuestras propias infracciones porque parecen insignificantes o exigir transparencia cuando buscamos un conocido que acelere algún trámite de nuestro interés.
Al respecto, Durkheim asevera que ninguna sociedad puede sostenerse únicamente en reglas jurídicas sino que necesita también un conjunto de convicciones compartidas que indiquen aquello que sus miembros consideran aceptable. Habermas, por su parte, insiste en que la legitimidad democrática requiere ciudadanos capaces de reconocerse como participantes de una comunidad política y no simplemente como individuos que persiguen intereses particulares. Y este es precisamente uno de nuestros mayores desafíos. En Ecuador hemos confiado excesivamente en el derecho como mecanismo para corregir nuestros comportamientos. Frente a cada problema reclamamos una nueva ley, una reforma, mayores controles o sanciones más severas. Pero ningún ordenamiento jurídico puede reemplazar completamente aquello que una sociedad no ha interiorizado. Pues, cuando cumplir la norma depende exclusivamente de la presencia de una autoridad, el problema deja de ser solamente jurídico y se convierte en un problema cultural.
E interiorizar la moral pública supone inevitablemente comprender que existen conductas que debemos observar no porque alguien pueda sancionarnos, sino porque son indispensables para convivir sanamente. Significa cuidar los bienes públicos como propios, respetar una fila aunque nadie vigile, cumplir nuestras obligaciones tributarias, rechazar privilegios indebidos, respetar las reglas de tránsito, no apropiarnos de aquello que pertenece a otros o a todos, etcétera. Significa, especialmente, dejar de celebrar al que consigue ventajas burlando las reglas. Ya que, la corrupción que tanto nos indigna no nace repentinamente cuando alguien llega al poder; se alimenta de una cultura previa que tolera la ventaja indebida mientras sea pequeña, cercana o conveniente.
Por eso, reconstruir la moral pública ecuatoriana exige algo más profundo que endurecer las penas. Requiere educación, ejemplo institucional y responsabilidad ciudadana. La escuela y la universidad tienen allí una tarea fundamental, pero también la familia, la empresa, los medios de comunicación y cada uno de los espacios de convivencia social. Un país no cambia únicamente cuando tiene mejores leyes, cambia cuando sus ciudadanos comienzan a considerar inaceptable aquello que antes toleraban. Quizá esa sea una de las transformaciones que necesitamos con mayor urgencia: pasar de una sociedad que pregunta qué puede hacer sin ser sancionada, a una que se pregunte qué debe hacer para preservar aquello que pertenece a todos. Porque la República no solo se gobierna desde el Estado, se construye también desde nuestra conducta, todos los días.
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