De acuerdo con MAAP, en el 2023 se destruyeron 784 hectáreas de selva, en esta zona entre Napo y Orellana. Esto representa un crecimiento de la minería del 261% en solo 1 año. Los comuneros señalan que la zona está siendo destruida y, por reclamar, reciben amenazas.
La minería ilegal crece en la Amazonía ecuatoriana. Un nuevo informe de Monitoring of Andean Amazon Proyect, organización que mapea el uso de suelo y los cambios que se dan en Ecuador a través de imágenes satelitales, publicado el 8 de febrero, alerta sobre una expansión descontrolada de minería ilegal en la zona del río Punino, entre Napo y Orellana.
“No podemos tomar el agua del río, no se limpia ni con la candela”, dice un poblador del área del río Punino. Hasta el 13 de febrero, estaba de acuerdo con citarlo con su nombre. Como presintiendo lo que iba a pasar, al día siguiente nos solicitó que guardáramos su identidad.
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Cierra los ojos e imagine 1.100 canchas de fútbol. Difícil ¿verdad? Así de enorme fue la expansión de la minería ilegal alrededor del río Punino, sólo en el 2023. Para tener una idea, es como que, en medio de la selva, se abrieran tres canchas de fútbol por día.
Como aun así es complicado imaginar, los satélites nos permiten explicarlo gráficamente:
En esta imagen, las líneas de color amarillo forman una especie de garra, como si quisiera alcanzar al río Punino (la línea celeste). Éstas muestran el crecimiento de la frontera minera entre noviembre del 2019 y diciembre del 2022. De acuerdo con Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) esas manchas amarillas sumaron, en el territorio, 217 hectáreas de minería ilegal durante esos años.
Los rectángulos violetas son las concesiones mineras legalmente establecidas de acuerdo con el catastro minero del Ministerio de Energía y Minas. Esta información es pública y está actualizada hasta el año anterior. Significa que en toda la zona central del gráfico no existe una sola concesión minera legal.
Para entender mejor el mapa satelital, las manchas blancas, son nubes.
Ahora, al mirar las manchas rojas, que visualmente son más grandes que las amarillas. Esas son las zonas donde las retroexcavadoras han dejado a flor de roca el suelo para sacar oro. Es tierra que quedó sin árboles, seca, hueca. Según MAAP, esas manchas rojas significan que en el 2023 se destruyeron 784 hectáreas de selva, lo que representa un crecimiento de la minería del 261% en solo 1 año.
Lo que preocupa a geógrafos, ambientalistas y pobladores de la zona es que la minería, además de crecer fuera del límite del catastro minero, está amenazando la flamante Área Protegida Municipal El Chaco, inaugurada en el 2017, lo que le convierte en una reserva ecológica relativamente nueva, cuya función principal es conectar el Parque Nacional Cayambe Coca con la Reserva Nacional Sumaco Napo Galeras. El objetivo de este corredor ecológico es que exista “flujo genético” de plantas y animales; es decir, que se crucen las especies para fortalecer la biodiversidad. Esto se podría perder, si el corredor ecológico se convierte en esa tierra contaminada e inútil que queda luego de lavar el oro sobre ella.
Amenazas, machete, miedo e indignación
Quienes viven en esa zona, hablan desconfiados. Gonzalo Castro tiene 73 años y se jacta de ser uno de los “fundadores de Napo”. Es oriundo de Quevedo, pero hace 55 años fue con su esposa y sus hijos a buscar futuro en esas tierras indomables que prometían propiedades y trabajo.
“Soy testigo en primera persona de cómo se ha destruido la zona del río Punino. Yo he venido denunciando, pero sólo nos hemos ganado amenazas y demandas. Hasta me persiguieron con machete por reclamar”, dice. “Antes, los ríos eran limpios en Punino, ahora es sólo pantano, lleno de agua y lodo, que es lo que deja la minería”, agrega, al otro lado del teléfono, este hombre con la voz apaciguada. “En complicidad con las autoridades, señorita” repite dos veces.
¿Por qué esas máquinas retroexcavadoras y clasificadoras funcionan sin problema? El hombre de la voz desesperanzada parece que sabía la siguiente pregunta y se responde más para sí: “No pasa nada aquí, porque las máquinas excavadoras son de los mismos políticos”.
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El miércoles 14 de febrero, en una llamada por WhatsApp, otro poblador de la zona del Alto Punino con el que hemos estado conversando, contó que su hermano le pidió que regresara de urgencia a su comunidad, porque “la cosa se está poniendo fea”, “las máquinas siguen minando sin que nadie del pueblo pueda hacer nada”. El hombre relató esto en una llamada que nos hizo a las 14:30 del día de San Valentín. Y luego dijo: “Por favor, borre mi nombre”.
(Horas después, policías y militares ecuatorianos desarmaron un campamento guerrillero en esa zona minera en la que encontraron gran cantidad de armas, municiones y explosivos. En el cruce de balas murió un insurgente de nacionalidad colombiana).
La madrugada del jueves 15 de febrero hubo un enfrentamiento entre militares y grupos armados ilegales que tenían campamentos entre Napo y Orellana, zona invadida por la minería ilegal. Un insurgente murió y otros dos fueron aprehendidos.
Llamaremos a nuestra fuente Fernando. Él ahora está en Lago Agrio, por problemas de salud. Tuvo que dejar su casa a orillas del Punino hace un mes, pero está preocupado por cómo sigue viviendo su familia, sin agua potable y con la contaminación en sus pies, debido al mercurio y otros metales pesados que se utilizan para extraer el oro. “Seguro ya estamos todos envenenados por dentro”, reclama este dirigente comunitario del Alto Punino.
Fernando dice que, desde hace meses, alerta a todas las comunidades vecinas para que no se acerquen al río. Que les recomienda que busquen esteros pequeños o que suban a las partes altas de la cordillera donde podrían encontrar agua más limpia. Fernando ha sido, por más de 20 años, líder de su pueblo. Sabe que hay que tener cuidado, no quiere hablar más por teléfono: “por mi seguridad y la suya”.
Para Pepe Moreno, defensor de los derechos de la naturaleza, el crecimiento de la minería ilegal en el Alto Punino arroja varios puntos por analizar, entre esos, las carreteras que se abrieron sin permisos en los últimos años. Los caminos llegan a una gran extensión del patrimonio forestal del Estado y a un par de concesiones mineras que Moreno acusa que son de políticos, por denuncias que ha recibido de los mismos comuneros.
El segundo tema que no hay que dejar de lado, para el activista, es el recorte de personal y los cambios estructurales que hubo en los ministerios del Ambiente y de Minas y en la Agencia de Regulación, con el justificativo de la falta de dinero debido a la pandemia en el mandato de Lenín Moreno. “Esto tuvo un direccionamiento a debilitar la estructura estatal de control y permitir el tipo de minería que tenemos”.
“Al inicio era manejada por las autoridades locales, en complicidad con los organismos de control, hasta que se volvió un punto interesante para el crimen organizado”, asegura Moreno. “Y es ahí cuando llegaron operadores mineros extranjeros y se les fue a todos de las manos”. Toda la minería en ese sector es ilegal: “Hay que preguntarse quién se beneficia de esta falta de control”.
Pepe Moreno dice que muy cerca de la zona afectada por la minería ilegal, alrededor del río Punino, se encuentran las brigadas militares 19 Napo y 17 Pastaza, y opina que no sería tan difícil hacer controles y despliegues frecuentes. El último gran operativo interinstitucional contra la minería ilegal se realizó en septiembre del año pasado, en el que se encontraron 250 máquinas retroexcavadoras minando irregularmente. Se permitió la evacuación de las máquinas. Sólo 34 fueron destruidas.
https://www.facebook.com/watch/?v=192216193699329
El río Punino alimenta al río Payamino y este, a su vez, abastece de agua potable a la mayor parte de Coca.
El laberinto de las respuestas preguntas sin respuesta
Intentamos contactarnos con el Ministerio de Ambiente y se les hizo llegar las siguientes preguntas:
- ¿Ustedes tenían conocimiento de esta creciente deforestación en la zona en cuestión?
- ¿Existe algún informe técnico de control?
- Durante el 2023, ¿el Ministerio hizo denuncias sobre la expansión de la minería ilegal en áreas no concesionadas y en bosques protegidos, como este caso de la zona del río Punino, a los pies del área de conservación Municipal del Chaco?
- ¿Cómo logró extenderse la minería ilegal en un solo año en más de 784 hectáreas?
- ¿El Ministerio hace vigilancia de forma aérea de lugares poco accesibles para mantener su conservación?
Recibieron las preguntas, pero, hasta el cierre de esta edición no pudieron enviar las respuestas porque, aunque aseguran que ya las tienen listas, “deben pasar por la evaluación de las autoridades”.
También intentamos comunicarnos, por correo electrónico y por teléfono, con voceros de las Prefecturas de Napo y Orellana. Preguntamos esto:
¿Cuál es la posición de la Prefectura?
¿Desde la Prefectura se han hecho denuncias por la presencia de minería ilegal en la zona?
¿Cuáles son las estrategias, desde la Prefectura, para frenar la expansión de la minería ilegal en esa zona?
Hasta el cierre de esa edición tampoco obtuvimos respuestas de ninguna de los dos gobiernos provinciales.
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