La migración no está entre las razones del aumento de la violencia en el país 

Según cifras de la Policía, con corte al 9 de junio, apenas el el 3,25% del total de detenidos en operativos durante este año lo representan venezolanos, mientras que el 93,73% de los detenidos son ecuatorianos.

Antonio González Plessmann, sociólogo y magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, realizó un análisis sobre la percepción hacia migrantes venezolanos en Ecuador, Colombia, Perú y Chile. En este, determinó que la preocupación de la población por la inseguridad coincidió con las olas migratorias. Además, se valió de una encuesta para probar que “el rechazo hacia las personas migrantes está más asociado con su pobreza (aporofobia) que con su condición extranjera”. 

Un contenido de X sostiene que “desde que llegaron (los venezolanos) aumentó la criminalidad. Se lo califica como falso, ya que Ecuador ha vivido un paulatino incremento de la inseguridad, originado alrededor de inicios del 2010. La migración venezolana no está relacionada con esto.

El 20 de junio, Ecuador Chequea realizó la verificación de una publicación que aseguraba que “el 99% de los venezolanos que están en Ecuador son delincuentes”. Ese contenido fue calificado como falso, pues datos de la Policía detallaron que 1.018 venezolanos fueron detenidos hasta el 9 de junio. Esto representa el 3.25% del total de detenidos; es decir que 93,73% son de nacionalidad ecuatoriana. 

De igual forma, el Censo Penitenciario de mayo del 2023 detalla que, de las 28.070 presos, sólo 3.245 son extranjeros; es decir, el 11,5%. La mayoría de extranjeros corresponden al género femenino con el 17.6%. 

Según R4V, Ecuador, hasta el 31 de marzo del 2024, cuenta con 444.778 venezolanos. Estos incluyen migrantes, refugiados y un porcentaje estimado de personas que han entrado por pasos informales. 

El Instituto de Política Migratoria (MPI) apunta a que la migración venezolana hacia Ecuador se notó más a partir del 2015 “cuando la crisis política y económica del país empeoró”. En Ecuador, hasta el 2015 la población venezolana era de 5.114. Más tarde, en el 2019 se registraron 240.126, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Además, Ecuador Chequea verificó un post que aseguraba que la “presencia de venezolanos dispara la violencia en Ecuador”. Para probar su falsedad, se recurrió a la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, dada por el Ministerio del Interior. En esta, se puede marcar al 2021 como el año en que creció la violencia en el país, pues la tasa se disparó a 14.02, el doble del anterior año. En el 2015, cuando se marcó la ola de migración venezolana, la tasa era de 6.48 homicidios. 

“Usted no puede culpar a los migrantes que huyen de situaciones intolerables en sus países”, recalca Paco Moncayo, exconsejero de Seguridad y exalcalde de Quito. Moncayo fue consejero del Gobierno de Guillermo Lasso para la Seguridad Nacional hasta su renuncia el 19 de junio del 2023. Su experiencia en la política y cercanía a temas de seguridad le han permitido destacar 4 razones para la actual ola de inseguridad.  

Por ejemplo, se refirió al financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) en la campaña electoral de Rafael Correa. En el 2009, Jorge Briceño, jefe guerrillero de las FARC aseguró que la organización contribuyó económicamente a Correa en su campaña del 2006. Sin embargo, el expresidente negó cualquier vínculo. 

Otro de los puntos explicados por Paco Moncayo fue el levantamiento de la base de Manta por parte de Correa en el 2009. Esta había sido cedida a Estados Unidos por el expresidente Jamil Mahuad en 1999. Según el convenio firmado por ambas naciones, el Gobierno estadounidense controlaría el narcotráfico y detectaría posibles barcos piratas con emigrantes clandestinos. En su cierre, se argumentó que hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del personal estadounidense. En el artículo 5 de la Constitución del 2008 se determinó que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. 

También señaló una falta de un sistema de seguridad fijo, Paco Moncayo cuenta que, desde el mandato de Rafael Corra se han creado funcionarios competentes de la seguridad, mismos que cambian con los nuevos presidentes. No obstante, este “es un tema de todas las funciones del Estado y todos los niveles del Gobierno, no del presidente de turno”.

Además, habló sobre la implementación del principio de Ciudadanía Universal. Este se incluyó en la Ley Orgánica de Movilidad Humana en 2018 e “implica la portabilidad de sus derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que llevará al progresivo fin de la condición de extranjero”. Sin embargo, para Paco Moncayo “sólo sirvió para que vengan los peores elementos del crimen organizado”. Y explica que, Colombia al tener más experiencia en el combate del narcotráfico “tiene una doctrina de seguridad impecable”. Esto motivó a los grupos a venir a Ecuador, donde además encontraron ventajas por su posición geográfica. 

El Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador de 2023, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), denota que “a partir de la relación de aspectos geopolíticos como el perfil costero, la afluencia hídrica, la baja ocupación del suelo o la baja presencia del Estado en territorios de frontera, los talleres interactivos hallaron que el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción, el tráfico de armas y el tráfico de hidrocarburos se perciben como las principales expresiones de crimen organizado”.

Actualmente, Ecuador se encuentra entre los 10 países con mayor criminalidad del mundo, según el Informe Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (2023). El reporte explica que la criminalidad subió del 2021 al 2023 en 0.82 puntos debido a los mercados criminales, particularmente por el comercio de la cocaína. La producción del producto en la frontera sumado a “las casas capacidades de seguridad y contra narcotráfico de la ciudades portuarias ha permitido que las organizaciones criminales traficaran con drogas en los mercados europeos, en colaboración con el cartel balcánico y el mexicano, que han aumentado su influencia en el panorama criminal de Ecuador”. 

Esto, según el documento, también ha generado una demanda en la compra de armas para  “prestar servicios violentos para garantizar la funcionalidad de las exportaciones de drogas […]. Esto también tiene consecuencias directas en las tasas de homicidio que han aumentado a niveles históricos”. 

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