La política siempre ha sido un espacio de disputa por el poder y un escenario para la confrontación de ideas, proyectos y visiones disímiles de sociedad. Pero, cuando esa confrontación se realiza a partir de noticias falsas, imágenes manipuladas y deepfakes, la democracia deja de ser una competencia de argumentos y se convierte simple y llanamente en una fábrica de engaños. Las fake news no son simples errores de información, son contenidos creados o difundidos deliberadamente para confundir, desacreditar, alterar la percepción de los hechos o provocar una reacción emocional determinada. Y su eficacia radica, precisamente, en que no se busca convencer mediante razones, sino activando prejuicios, temores e indignación. La mentira, lamentablemente, viaja más rápido cuando confirma lo que, con antelación, deseamos creer.
Los deepfakes agravan esta situación. Debido a la inteligencia artificial, hoy en día es posible producir audios y videos aparentemente auténticos en los que una persona parece decir o hacer algo que nunca ocurrió. Y la falsificación ya no se limita a deformar las palabras, sino que puede apropiarse del rostro, la voz y la identidad de cualquier individuo. Así, la tecnología que puede legítimamente ampliar nuestras capacidades también puede, perversamente, convertirse en un instrumento para destruir la reputación de otro, manipular decisiones y sembrar desconfianza. Y claro, el daño no recae únicamente sobre la víctima de la falsificación. Cuando estas prácticas se generalizan, toda evidencia audiovisual se vuelve sospechosa, incluso un video cierto podría ser rechazado bajo el argumento de que fue generado artificialmente y la consecuencia resulta, en términos democráticos, particularmente gravosa: la ciudadanía pierde la posibilidad de distinguir entre lo real y lo fabricado, y sin una realidad mínimamente compartida, el debate democrático resulta imposible.
Por ello, quienes realizan tales adulteraciones y las divulgan -con fines perniciosos- no son sino unos completos irresponsables. Pero más irresponsables son todavía aquellos candidatos, dirigentes o movimientos políticos que difunden contenidos cuya autenticidad no ha sido verificada. Quien comparte una falsedad porque le beneficia electoralmente no puede excusarse luego alegando desconocimiento. En la vida pública existe un deber reforzado de responsabilidad. No todo lo que sirve para perjudicar al adversario es legítimo ni toda ventaja política merece ser obtenida. En la contienda política también existen y deben existir delimitaciones éticas. Y si bien, en política la ingenuidad se paga caro, la maña, por el contrario, no tendría por qué ser plausible ni tener cabida.
Combatir este fenómeno exige, ciertamente, fortalecer la alfabetización digital en nuestro país, establecer mecanismos rápidos de verificación y rectificación, exigir transparencia sobre los contenidos creados con inteligencia artificial y aplicar sanciones proporcionales a quienes fabriquen o difundan falsificaciones deliberadas. Pero también requiere prudencia ciudadana. Debemos detenernos, verificar la fuente y evitar compartir aquello cuya autenticidad no puede comprobarse. Porque si bien la democracia no puede defenderse censurando opiniones legítimas, tampoco puede permanecer indiferente al engaño organizado. La libertad de expresión protege el debate, la crítica y hasta las ideas incómodas, pero no concede un derecho a falsificar la realidad para manipular la voluntad popular. Quien necesita inventar hechos para ganar una elección, pierde automáticamente la autoridad moral para gobernar.
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