Al inicio, el Gobierno calculó un impacto fiscal de 2.175 millones de dólares; y hoy reconocieron que la cifra bajó a 496 millones. En medio de la huelga de hambre de la UNE, se cumplió la audiencia en la Corte Constitucional. Ahora, hay que esperar la resolución.  

En medio de la huelga de hambre que cumple la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la movilización de este sector, en la Corte Constitucional hoy se cumplió la audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la equiparación salarial a los docentes. Esta fue aprobada por la Asamblea a través de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y vetada totalmente por el Ejecutivo por inconstitucional, al considerar que no hay fuentes de financiamiento que sostengan el incremento salarial. 

El juez sustanciador de la causa y presidente de la Corte, Alí Lozada, manifestó que las demandas gremiales deben ser tratadas y resueltas por las Funciones Ejecutiva y Legislativa, ya que la Corte es independiente y no interviene en conflictos sociales, salvo cuando se plantean, como en este caso, procesos judiciales que son de su competencia. 

Lozada manifestó que a la Corte le corresponde determinar si se han subsanado o no las observaciones que a través de sentencia hizo esta instancia a la LOEI para resolver de manera definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma objetada. 

El debate 

Representantes del Ejecutivo, del IESS, de la Asamblea y de la Procuraduría intervinieron como partes procesales. A ellos se sumaron 10 Amicus Curiae (terceros interesados) que no son parte procesal, pero que tuvieron la posibilidad de intervenir para aportar con sus argumentos a la decisión final que tome la Corte. La mayoría de los Amicus fueron interpuestos por delegados de organizaciones sociales identificadas con la UNE, como el Frente Popular, la Federación de Barrios de Quito y Mujeres por el Cambio. 

Daniel Ruiz, delegado de la Asamblea, manifestó que la Comisión de Educación analizó la sentencia de la Corte con los gremios y buscó mecanismos de coordinación con el Ejecutivo y que se pidió la comparecencia del ministro de Finanzas, Simón Cueva, pero no asistió. 

Agregó que el Ministerio remitió un informe a la Corte en el que no dice de manera clara si existen o no los fondos para financiar la equiparación. Para Ruiz queda claro que no existe la voluntad política del Ejecutivo y pidió que se declare la constitucionalidad de lo actuado por la Legislatura. Aseguró que el impacto fiscal será de 630 millones de dólares y que la reforma tributaria dejará ingresos al Estado por 1.900 millones en dos años, por lo que es una de las fuentes de financiamiento. 

Fabián Pozo y Yolanda Salgado, representantes del Ejecutivo, explicaron que los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes, por lo que es preocupante que la Asamblea considere a los ingresos variables, como el incremento del precio del petróleo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, como ingreso permanente para justificar el incremento salarial a largo plazo de los maestros. “Eso genera la imposibilidad de cumplir los pagos”, manifestó Pozo. 

Por su parte, Salgado dijo que no se trata de voluntad política y que la Asamblea no identificó de manera responsable y técnica las fuentes de financiamiento, con lo que incumple la sentencia de la Corte y se debe declarar la inconstitucionalidad de la norma aprobada, por lo que pidió que se ratifique el veto total del Ejecutivo. 

Por su parte, Lozada recordó a los delegados de la Presidencia que cuando se tramitaba la Ley, en el 2021, el Ministerio de Finanzas aseguró que el impacto fiscal sería de 2.175 millones de dólares y ratificó esa cifra en febrero de este año. 

Los delegados del Ejecutivo terminaron por asegurar que el impacto fiscal, con los cambios propuestos en la normativa, será de 496 millones de dólares. Lozada reflexionó en que el Ministerio de Finanzas mantuvo su informe desfavorable al proyecto de Ley a pesar del drástico cambio en las cifras del impacto fiscal. “Todavía hay un impacto, pero es un impacto menor”, respondió Joaquín Ponce, de la Presidencia.  

Para Ruiz, el impacto económico mencionado por los delegados del Ejecutivo es mucho más favorable para que se apruebe la equiparación salarial, ya que es la cuarta parte de lo que el Gobierno mencionó inicialmente y que fue el justificativo para oponerse a la equiparación salarial. 

Por su parte, los representantes de las organizaciones sociales centraron sus intervenciones en la necesidad de mantener una educación de calidad, pero con financiamiento y que el Gobierno sí cuenta con las fuentes necesarias, pero no hay voluntad política para hacerlo.  

Concluida la audiencia Lozada debe preparar un proyecto de resolución que deberá ser conocido y aprobado por el Pleno de la Corte para emitir su sentencia. 

En los exteriores 

Frente a la Corte Constitucional, desde hace 10 días, se mantienen en huelga de hambre 14 docentes y simpatizantes de la UNE, que exigen la equiparación salarial. Rosana Palacios, vicepresidenta del gremio, aseguró que mantendrán la medida de hecho hasta que salga la resolución de la Corte Constitucional. Los huelguistas se mantienen sólo tomando líquidos, ya sea aguas aromáticas, agua purificada, hidratantes, caramelos o raspadura. Reciben control médico de manera permanente y han improvisado una enfermería para tomar los signos vitales. Hasta los exteriores también llegó una movilización del gremio.  

Te puede interesar:

· La gasolina súper sube 50 centavos en Ecuador

· Hasta USD 5 mil por información de presos fugitivos de Bellavista

· Fiscal pide a Guadalupe Llori no usar el derecho penal como instrumento de presión política