Los miembros de la Comisión de Fiscalización tienen 24 horas para informar las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la sentencia; mientras, serán sancionados con medio salario básico diario. La Mesa sesionará mañana, de manera virtual. 

POR: Hugo Constante

El juez de la Unidad de Quitumbe Édgar Romero considera que la Comisión de Fiscalización no ha cumplido su sentencia, relacionada con retomar los tres juicios políticos contra exministros del Gobierno de Guillermo Lasso, que habían sido archivados por el retiro de firmas, por lo que impone una multa diaria equivalente al 50% del salario básico, hasta que se cumpla su dictamen. 

La providencia fue notificada hoy a las 09:24 a los asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización; al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle; y, entre otros, a la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, quien interpuso la acción de protección solicitando se retomen esos procesos.

El juez había dispuesto que se continúe de forma inmediata con las solicitudes de enjuiciamientos políticos en contra de Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía; y de Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. 

Romero calificó que de “ambiguo” el escrito que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (correísmo), le remitió el martes en el que le informaba del cumpliento de la sentencia. En ese escrito Aguirre indicó que la reactivación de los juicios políticos, en cumplimiento de la sentencia no era una decisión unilateral, sino que debía ser adoptada por todos los miembros de la Comisión.   

El juez le da la razón en ese argumento, por lo que en la providencia dictada esta mañana ordena a la totalidad de los miembros de la Comisión que en el término de 24 horas informen de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la sentencia.

Esto generó que a las 10:27 de hoy, se difundiera la convocatoria para la sesión virtual de mañana para conocer y analizar la referida sentencia. El juez llamó “severamente la atención” por la falta de información detallada del cumplimiento de la misma. La multa podrá quedar sin efecto si se cumple la sentencia.

En la Asamblea 

Mientras tanto, en la Asamblea va tomando forma una nueva pugna entre el oficialismo y la oposición, con relación a la prelación de los juicios políticos que se deberán retomar. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó que la Comisión de Fiscalización retome la sustanciación del juicio político a la fiscal general, Diana Salazar, propuesto por el correísmo. Con esta medida, más la sentencia del juez, queda en suspenso el proceso abierto contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que estaba en pleno desarrollo y que también es propuesto por el correísmo. 

La polémica se genera porque, desde la bancada correísta, consideran que, una vez absuelto el juicio político a la Fiscal, se debería retomar de inmediato el de Palencia. Pero para el oficialismo el orden para el tratamiento de los procesos debería ser: Fiscal, los tres exministros de Lasso y de ahí sí la continuación de la sustanciación del juicio político a Palencia.

Alarcón aseguró que con ese orden de prelación, se estaría dando cumplimiento a la sentencia de Romero. “Ese es el orden que debería adaptarse en derecho”, dijo la legisladora, al tiempo de recordar que las sentencias son de cumplimiento obligatorio, por lo que la Asamblea, dijo, debe abstenerse de emitir resoluciones como la que aprobó el martes, en la que rechazó y condenó lo dispuesto por Romer

. La jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, también considera errónea la interpretación de que tras el juicio político a Salazar debe retomarse el de Palencia, por lo anticipó que propondrá una resolución para que el de la Ministra del Interior sea el quinto en tratarse. 

Para el asambleísta independiente Rafael Dávila, hay un vacío en la Ley de la Función Legislativa con relación al retiro de firmas de respaldo a las solicitudes de juicio político, por lo que considera que la Corte Constitucional, a quien se le hizo la consulta respectiva, es la que debe determinar el orden de prelación. “Se debe esperar su respuesta y acatarla. De acuerdo con ello procederán los juicios políticos que han sido anunciados”, dijo Dávila.  

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