Aseguran que se pretende debilitar más al Seguro Social y a las prestaciones que ofrece. Hasta el momento se han presentado 17 amicus curiae ante la Corte Constitucional contra esta propuesta del Ejecutivo. Conozca los argumentos. 

Sectores de jubilados de las empresas municipales acudieron esta mañana a la Corte Constitucional para presentar una amicus curiae en contra del proyecto de Decreto Ley de Transparencia de la Finanzas Públicas que remitió el presidente, Guillermo Lasso, para que los jueces constitucionales emitan su dictamen favorable. En la tarde estaba previsto que otras organizaciones, también de jubilados, presentaran un recurso similar.  

Entre los objetivos que el Gobierno busca con esta propuesta está cambiar la forma de cálculo para las asignaciones en salud y educación; la eliminación de los intereses de la deuda que el Estado tiene por el 40% de aporte a las pensiones jubilares; limitar la contribución del Estado al 33,3% para el tratamiento de enfermedades catastróficas, entre otras propuestas.

Según el Gobierno, el objetivo es normar la presentación de la proforma del Presupuesto General del Estado, ya que considera importante que la programación, formulación y ejecución se ajusten a las necesidades de la actual coyuntura fiscal, “lo que permitirá al próximo Gobierno contar con una presupuestación más adecuada y ajustada a la realidad”.

Sin embargo, su proyecto de Decreto Ley ha generado que ante la Corte Constitucional se presenten, hasta el momento, cerca de 17 amicus curiae, según la página del organismo constitucional. De ellos, al menos 12 cuestionan el proyecto de decreto ley, entre los que constan los presentados por el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Unidad Popular y Virgilio Hernández (exasambleísta correísta).

Argumentos de los jubilados 

José Ortiz, presidente del Frente Único de Defensa del IESS, manifestó que propuestas como la de Lasso reflejan que los gobernantes se han acostumbrado a debilitar la sostenibilidad del Seguro Social, con el objetivo de debilitarlo económicamente y buscar la manera de privatizarlo. “Han usado al Seguro Social como caja chica, pero, como no tienen las llaves, le meten las ganzúas”, manifestó el dirigente. 

Añadió que los directivos del IESS no han defendido a la institución, ya que representan los intereses del Gobierno de turno, que los han llevado a que no presionen por la deuda que mantiene el Gobierno con el Instituto, cifra que aún no se ha logrado determinar con exactitud. 

Añadió que, en el caso de las enfermedades catastróficas, es obligación del Estado costear el tratamiento en su totalidad, pero que, con la propuesta, aportaría sólo el 33,3% y el resto a cargo del propio Seguro Social. “La Constitución establece que el Estado debe hacerse cargo de toda la atención médica de las personas que tienen enfermedades terminales”, manifestó.

Por su parte, Mario Morales, secretario jurídico de la Federación Regional de Trabajadores Libres, pidió a la Corte Constitucional que, al tomar su resolución, se fije en quiénes van a ser los afectados. Agregó que si el Seguro Social pasa por un déficit económico es contradictorio que el Gobierno quiera rematarlo al desconocer los intereses de la deuda que tiene el Estado. “Eso significa que no nos quieren dar salud, no nos quieren dar prestaciones y buscan que cada día empeoren los servicios que ofrece”, dijo Morales. 

Informó que el 21 de octubre, en Riobamba, se cumplirá una gran asamblea de jubilados de todo el país y de diversas organizaciones para analizar la situación.

El proceso en la Corte Constitucional

Teresa Nuques es la jueza constitucional que está a cargo del tratamiento del proyecto de Decreto Ley enviado como urgente en materia económica y deberá preparar el proyecto de dictamen para conocimiento y tratamiento del Pleno del organismo. 

Como parte de las providencias ejecutadas, la jueza dispuso que el Presidente de la República, el Ministerio de Economía, la subsecretaría de presupuesto del mencionado Ministerio, la Procuraduría General, la Secretaría Nacional de Planificación y el IESS remitan un informe motivado sobre la urgencia económica del Decreto Ley. 

De manera específica, les solicita que remitan un informe explicando las razones por las cuales, las reformas legales propuestas no podrían ser atendidas por la próxima Asamblea. Además, que expliquen detalladamente cómo cada una de las reformas propuestas modificarían el estado actual de las cosas en materia presupuestaria, y la necesidad de cada de una de las reformas de manera singularizada. 

Nuques convocó a audiencia a las partes interesadas para el martes 26 de septiembre. a las 10:00. 

Te puede interesar:

· Correa habría dicho: «Al ganar me declararán inocente»

· Un asteroide caerá en la Tierra en 159 años

· Ranking de partidos tras elección de asambleístas provinciales