Luisa González sí tiene una glosa por 880.000 dólares, que ella apeló y sigue en proceso

El caso sí se abrió por el uso de los aviones presidenciales durante el correísmo. Actualmente, la apelación sigue en etapa de sustanciación. Pero, esto no vincula a González con el narcotráfico, como se quiere dar a entender tanto en arte como en la descripción del post.

Quedan 19 días para que Ecuador escoja a un nuevo mandatario que gobernará los próximos cuatro años. Mientras el día llega, los desinformadores desempolvan viejos contenidos. 

En Facebook, una publicación asegura que la candidata del correísmo, Luisa González, adeuda 880.473 dólares por una glosa de 2012; además, tanto en su gráfica como en su descripción, se da a entender que por eso González tiene un vínculo con el narcotráfico. Se califica este contenido como engañoso. El post es antiguo y circula desde 2023. Luisa González sí tiene una glosa de Contraloría, aunque la apeló y el caso está en el Contencioso Administrativo. Actualmente, se encuentra en la etapa de auto de sustanciación. El post presenta un sesgo político, porque este proceso no representa un vínculo con el narcotráfico, como se pretende dar a entender.

Esta no es la primera vez que circula este post. El contenido circula en redes sociales desde junio de 2023, cuando se llevaban a cabo las elecciones anticipadas. Actualmente, Luisa González apeló la glosa y el caso está en el Contencioso Administrativo en etapa de auto de sustanciación. 

En julio de 2023, Ecuador Chequea ya verificó el contenido que indicaba que la candidata del correísmo tiene una glosa. 

Se constató que existe una glosa en la que figura la correísta. En la página web de la Contraloría se encontró una glosa (DNA1-0002-2019) por $880.473,47 contra Luisa González. Esta fue emitida el 19 de abril del 2019 con base en el informe de Contraloría DNA1-0002-2019, que detalla: “Examen especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales (…), por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017”. 

“Se realizaron 33 desplazamientos internacionales en los aviones presidenciales LEGACY y FALCON, 23 vuelos en TAME; y 2 vuelos en la aeronave de PETROECUADOR, sin la autorización de la Presidencia de la República (Subsecretaría General de Despacho Presidencial y/o Servicio de Protección Presidencial), desconociéndose si los viajes fueron o no para el cumplimiento de actividades oficiales, vuelos que costaron al Estado $9’649.761,36, situación originada por cuanto, el Presidente de la República, como máxima autoridad, no emitió disposiciones para asegurar, ni veló por la adecuada administración de los aviones presidenciales respecto del uso de los mismos con la finalidad de salvaguardar los recursos del Estado”, dicta el informe, que incluye a varios servidores públicos. “De los 24 vuelos internacionales con los aviones presidenciales a cargo del GTAE, cuyo destino fueron países que el Servicio de Rentas Internas considera como paraísos fiscales, a más de no disponer con la autorización ni el objetivo de viaje, 12 no contaron con el manifiesto de pasajeros en varias de sus rutas ni con los registros de los pesos exactos del equipaje y/o carga”, señala el documento.

Entre los destinos constan: Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Belice, Barbados y Trinidad y Tobago. Luisa González consta en la lista de funcionarios implicados en el informe, por lo que la Contraloría le generó la glosa mencionada. 

En ese entonces, la entidad dijo a Ecuador Chequea que González apeló al acto administrativo y agotó los recursos de revisión en la Contraloría, por lo que la glosa permanece en firme. 

Pero, González presentó una acción en el Tribunal Contencioso Administrativo, como última instancia de apelación contra la decisión de la Contraloría. 

En el Sistema Automático de Trámite Judicial de Ecuador (Satje) se confirmó que el recurso subjetivo, ingresado el 29 de marzo de 2024, contra el Procurador General del Estado y el Contralor General se mantiene activo y en trámite. Lo más reciente que se conoce sobre este tema es que el 30 de enero de 2024 se notificó auto de sustanciación, que es la providencia de trámite para la prosecución de la causa, es decir que el proceso continúe. 

Desde entonces, no ha habido ninguna actualización. 

Con este proceso, González buscaría anular la glosa. Sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo ya beneficiaron previamente a actores políticos como a Marcela Aguiñaga en el 2022, cuando el Tribunal anuló la glosa por $41 millones por la compra de terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurrió en el caso de Pabel Muñoz, a quien el Tribunal anuló una glosa por $19 millones en el 2021.

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