La Comisión de Desarrollo Económico, con mayoría afín al Gobierno, pule el informe para segundo debate del proyecto, que ha sido calificado por UNES y Pachakutik como privatizador.  

El informe para segundo debate de la Ley de Inversiones debe ser tratado por el Pleno de la Asamblea máximo hasta el 24 de este mes, debido a su carácter de urgente en materia económica. 

La Comisión de Desarrollo Económico continuaba hasta el cierre de esta nota con la incorporación de observaciones y se esperaba que luego de recoger los diferentes criterios se tomara votación del texto. 

El asambleísta Daniel Noboa (independiente), presidente de la Comisión, manifestó que la Asamblea tiene la responsabilidad de generar empleo y progreso, que es hacia donde está encaminado este proyecto.

Rechaza los criterios de los asambleístas de UNES y de Pachakutik, que afirman se trata de una Ley privatizadora, especialmente el Libro I, que desarrolla la normativa sobre las inversiones y asociaciones público-privadas.

Noboa asegura que en el articulado consta explícitamente que no se podrá delegar la administración de servicios que la Constitución establece que son gratuitos, como salud, seguridad y educación.

“Una empresa privada no podrá cobrar al usuario por esos servicios; la empresa privada podrá prestar ese servicio al Estado y este darlo gratis a la ciudadanía”, explicó. Es el “candado” que la Comisión pone para que no se privaticen esas áreas, garantizó.

Francisco Jiménez, asambleísta del oficialismo, indicó que se mantienen los principios de no privatización y de gratuidad para servicios de educación, salud y seguridad.

Espera que en el Pleno haya los votos para la aprobación del proyecto, pero reconoce que en la Asamblea nada está está garantizado hasta el momento mismo de la votación. “Persiste el fantasma del archivo, pero también tenemos la perspectiva de la aprobación. Al final esto se traduce en votos pero el documento es suficientemente consistente para que sea aprobado”, dijo.    

La oposición al proyecto

Las bancadas de UNES y de Pachakutik son las que han manifestado abiertamente que se trata de un proyecto de Ley privatizador y son reacios a su aprobación. Entre las dos bancadas suman 73 votos, suficientes para bloquear la iniciativa. 

Los asambleístas de estas bancadas que integran la Comisión reconocen que se han recogido algunas de sus observaciones. Aun así, Carlos Zambrano (UNES) manifestó que analizarán como bloque la forma en que votarán en el Pleno, ya que hay algunas recomendaciones de su sector que no se tomaron en cuenta.

Cristian Yucailla (Pachakutik) añadió que todavía se pueden hacer ajustes al texto para lograr la votación de su bancada porque hay temas muy delicados, como los reglamentos que se generen con la aprobación de la propuesta de Ley. 

Mientras que John Vinueza (independiente), que presentó un informe de minoría, dijo que todavía subsisten temas privatizadores en la propuesta de la Comisión.

Algunos cambios

Con relación a la propuesta que presentó el Ejecutivo, el informe que va al segundo debate del proyecto de Ley de inversiones presenta algunos cambios:

• En el artículo 6, que define la asociación público-privada, se incorporó la prohibición de privatización o enajenación de activos o infraestructura pública o estatal, nueva o existente. 
• Se redefine el artículo 122 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura, respecto a las concesiones de zonas de playa.
• Redefine las competencias de las superintendencias y establece que para el cumplimiento de sus funciones promoverán un intercambio expedito de información de sus agentes controlados, con la finalidad de consolidar los expedientes necesarios en los procesos de supervisión, monitoreo y capacidad de determinación sancionatoria. 
• Elimina la propuesta del Ejecutivo para que se incorpore un inciso al artículo 4 de la Ley de la Contraloría. El objetivo era que las instituciones financieras de derecho privado cuyo capital o patrimonio en el 50% o más pertenezca a una entidad del Estado deben estar sometidos al control exclusivo de la Superintendencia de Bancos y regulados por el Código Monetario.

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