El artículo 326 de nuestra Constitución dictamina con absoluta claridad que el diálogo social es la vía idónea para solucionar los conflictos laborales y alcanzar acuerdos compartidos. En la teoría, este mandato dibuja una mesa equilibrada donde el Estado, los empleadores y los trabajadores deciden el rumbo productivo del país. Sin embargo, la realidad del mercado laboral ecuatoriano ha dejado esa mesa con las patas cortas y los asientos vacíos, configurando un sistema de protección ante el desempleo rígido, unilateral y alarmantemente desconectado de la calle.
Históricamente, la institucionalidad del diálogo social en el Ecuador se ha bifurcado en dos grandes esferas: el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) y el Consejo Directivo del IESS. Ambas instancias nacieron bajo la premisa corporativa y clásica de la relación laboral de dependencia. No obstante, el diseño ha devenido en un profundo desajuste estructural. Lejos de priorizar de manera orgánica y técnica políticas de empleo integrales frente a la desocupación, la discusión tripartita se ha visto tradicionalmente reducida a la fijación anual del salario básico o a la mera administración burocrática de fondos. Al vaciarse este debate técnico, el Estado ha terminado operando por decreto y de forma unilateral, aplicando parches de corto plazo que carecen de la flexibilidad necesaria para amortiguar las crisis.
El síntoma más crítico de este modelo es su severa crisis de representatividad frente a las mutaciones del mercado de trabajo contemporáneo. El andamiaje actual asume que todo trabajador tiene un jefe, un contrato y un horario de oficina. Pero la realidad golpea con otros datos: debido a crisis recurrentes, la población ha transitado masivamente hacia el autoempleo. Los trabajadores autónomos, los independientes y aquellos que prestan servicios a través de plataformas digitales representan hoy una porción mayoritaria y vulnerable de la población económicamente activa. Pese a esto, están formalmente excluidos del CNTS y del IESS. Nadie procesa sus necesidades ni legisla de la mano con ellos. Diseñar un seguro de desempleo ignorando a la mayoría precarizada es, por decir lo menos, gobernar a espaldas del país.
Para superar este bache y cumplir con los estándares internacionales de la OIT —como las Recomendaciones 202 y 204— Ecuador requiere una urgente reingeniería institucional. Es imperativo transitar hacia un «tripartidismo ampliado» que democratice la elección de vocales en el IESS y el CNTS, permitiendo que las nuevas organizaciones de la economía digital e independiente tengan voz y voto propios.
Asimismo, la gobernanza debe abrirse a la ciudadanía mediante la creación de un Comité de Usuarios y Beneficiarios del Seguro de Desempleo que evalúe la suficiencia de los montos en el territorio, complementado con ventanillas interinstitucionales ágiles entre el IESS y el Ministerio del Trabajo para destrabar la burocracia mediante el cruce automatizado de actas de finiquito.
Finalmente, la transferencia económica pasiva de un seguro no puede ser un fin en sí mismo. Debe coordinarse inexorablemente con políticas activas de empleo: quien reciba la prestación debe acceder de forma obligatoria a capacitación técnica sectorial, certificación de competencias y servicios públicos de colocación laboral. Solo rompiendo el monopolio de la representación tradicional y articulando la protección con la empleabilidad real dejaremos de financiar la transición a la informalidad, convirtiendo al fin al seguro de desempleo en un puente digno hacia el trabajo decente.
