Hoy el Registro Oficial publicó la reforma de la Contraloría que restringe el acceso público directo a declaraciones patrimoniales y exige validación de identidad.
En el Registro Oficial 274 se publicó hoy la reforma realizada por la Contraloría General del Estado al reglamento para la declaración y presentación de las declaraciones patrimoniales juradas.
La reforma cambia las reglas de acceso a ese tipo de documentación, lo que ha sido cuestionado por diferentes sectores que consideran restricciones a información pública, especialmente de funcionarios.
La nueva norma dispone que esas declaraciones ya no podrán ser consultadas libremente en el sitio web institucional, sino mediante un proceso de validación de identidad del consultante y bajo protocolos de registro del organismo de control.
Se trata del Acuerdo 011-CG-2026, firmado por el contralor Mauricio Torres el 15 de abril, que sustituye el artículo 14 del reglamento vigente desde agosto de 2025.
La reforma elimina el acceso público a los “datos institucionales que el reglamento anterior permitía consultar junto con identificación de la declaración, identificación del declarante, datos informativos de Persona Expuesta Políticamente, valores totales de los componentes de activo y pasivo, y total del patrimonio.
La Contraloría justificó la reforma en dos argumentos. Primero, señaló que en los últimos días identificó un “alto número de conexiones externas” a la sección de consultas de declaraciones juramentadas del portal institucional, lo que habría provocado una “degradación significativa” del servicio.
Segundo, sostuvo que la actualización busca aplicar principios de proporcionalidad, seguridad, pertinencia y minimización, para evitar la divulgación de datos específicos que puedan afectar la seguridad, intimidad personal o familiar del declarante.
La reforma también elimina los anexos y formatos que estaban incorporados al reglamento de 2025. En su lugar, crea el “Catálogo de Formatos de Declaraciones Patrimoniales Juradas”, que será administrado por la Secretaría General y las direcciones nacionales de Planificación y Evaluación Institucional, y de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Contraloría.
Así, los formularios dejan de estar detallados en el nuevo Reglamento y pasan a depender de un catálogo administrado por la institución, que pueden ser evaluados y actualizados sin necesidad de reformar otra vez el reglamento.
