Expertos advierten que los planes para enfrentar el fenómeno de El Niño deben traducirse en maquinaria operativa, presupuesto, rutas, albergues, simulacros y prevención. El plazo para que los municipios actualicen estos documentos a la alerta roja decretada la semana anterior, vence este viernes.
A dos días de que venza el plazo otorgado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, SNGR, para que los municipios corrijan y ajusten sus planes a la alerta roja que rige a escala nacional por el fenómeno de El Niño, declarada la semana anterior, expertos en gestión de riesgos y gobiernos locales consultados por Ecuador Chequea advirtieron que el cumplimiento de ese requisito no debería limitarse a la entrega de documentos.
La verdadera prueba, señalaron, será determinar si los planes identifican las zonas de riesgo, cuentan con presupuesto y maquinaria operativa, establecen rutas de evacuación, disponen de albergues funcionales y contemplan mecanismos para alertar y movilizar a la población.
Santiago Valarezo, vocero de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, dijo que le preocupa que algunos gobiernos locales hayan elaborado los documentos simplemente para cumplir un requisito.
Edison Mafla, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Forgad, de la Universidad Andina Simón Bolívar, señaló que la preparación debe comprobarse sobre el terreno: una retroexcavadora registrada en un inventario sirve poco si está dañada o no tiene combustible.
Y desde el sector turístico de Manabí, Paúl Andrade advirtió sobre los posibles efectos económicos y de movilidad, aunque dijo que en Manta todavía no observa una afectación extraordinaria atribuible al evento.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos elevó el 29 de agosto la alerta a roja para todo el territorio ecuatoriano y dispuso a los gobiernos autónomos descentralizados activar sus Comités de Operaciones de Emergencia, coordinar evacuaciones preventivas, movilización de recursos y protección de la población. La resolución ordena a los gobiernos seccionales cumplir y ejecutar sus planes de acción frente a El Niño.
La ejecución de esos planes es, precisamente, una de las principales preocupaciones, especialmente en las zonas identificadas como críticas, señalaron los expertos.
“En algunos municipios presentaron, otros no, otros lo tomaron muy a la ligera”, dijo Valarezo. El especialista considera que el problema aparecerá cuando sea necesario aplicar aquello que figura en los documentos. “Los planes no se hicieron nada más por cumplir, pues se va a ver evidenciado que no se identificaron las zonas vulnerables, no se hizo un trabajo de prevención adecuado”, indicó.
Valarezo explicó que un plan técnicamente útil debe incorporar un diagnóstico del riesgo, financiamiento, acciones concretas, identificación territorial y mapas. Según dijo, la Secretaría ya valoró los documentos entregados y remitió observaciones cuando los indicadores no fueron cumplidos.
“Para el día viernes ya deben de haberse sentado en los gobiernos autónomos descentralizados a realizar las correcciones de una forma más adecuada, técnica, consciente en beneficio de la ciudadanía”, dijo el especialista luego de recordar que la propia secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano declaró el 27 de agosto que hasta entonces no tenía “ningún municipio, ninguna prefectura que ha cumplido el 100% de sus planes” y señaló que algunas administraciones ni siquiera habían formalizado la presentación.
¿Y qué responden los municipios?
La presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, Yuri Colorado, dijo hoy en Teleamazonas que los 143 municipios incluidos en la etapa anterior de alerta naranja entregaron sus planes. Tras la extensión de la alerta roja a todo Ecuador, dijo, la solicitud pasó a todos los municipios.
Así, agregó que la AME acompaña a los restantes para que cumplan hasta el viernes y que la presentación no cierra el proceso. “La Secretaría de Riesgos, como ente rector, tiene la posibilidad de hacer estas revisiones y poder trasladar a cada uno de los cantones las observaciones pertinentes”, dijo.
Por ahora, está vigente la orden expresa de activar los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales, establecida en el artículo 3 de la Resolución SNGR-238-2026, expedida el viernes 29 de agosto mediante la cual la SNGR escaló de alerta amarilla a alerta roja.
Esa resolución fue recogida en el Decreto Ejecutivo 485, firmado el lunes 31 de agosto por el presidente Daniel Noboa, mediante el cual declaró como prioridad nacional las acciones de prevención y preparación frente al fenómeno de El Niño, dispone la coordinación entre los ministerios, ordena asegurar los recursos presupuestarios necesarios e insta a los gobiernos locales a priorizar y fortalecer sus planes.
“Que la maquinaria esté funcionando y tenga combustible”
Para Mafla, es prioritario verificar la “capacidad operativa” de los gobiernos locales para movilizar maquinaria pesada a puntos críticos de las redes viales estatal y secundaria, habilitar alojamientos temporales y coordinar con las juntas parroquiales y prefecturas.
En cantones con pocos recursos, planteó incluso aprovechar mecanismos asociativos, como mancomunidades, para compartir capacidades y presupuestos.
Falta de técnicos, otro riesgo dentro del riesgo
Valarezo ve como una debilidad para enfrentar el Fenómeno de El Niño la capacidad técnica desigual de los municipios. “Lo hemos identificado como Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos: no existe suficiente personal técnico en cada una de estas unidades”, dijo.
Identificar estas brechas de recursos humanos, equipamiento, logística, capacidad de despliegue, coordinación e información, consta, precisamente el propio Plan de Acción Nacional, aprobado en julio anterior por la SNGR. En otras palabras, incluso si los municipios actualizan sus planes, todavía debería poder seguirse qué acciones están ejecutadas, cuáles están retrasadas y dónde faltan recursos.
El plan también debe llegar a los barrios
Mafla advierte que existe otra falla frecuente en materia de gestión de riesgos como es producir documentos técnicos que la población nunca conoce. “Algo que no pasa es que una vez que tienen los planes haya una adecuada socialización”, dijo. No se trata, añadió, de entregar a cada vecino el documento completo, sino de comunicar aquello que necesita para responder.
El especialista plantea que las comunidades conozcan las conclusiones del plan, los lugares seguros, los mecanismos de coordinación y los números a los que deben llamar. También recomienda simulacros en sectores de mayor exposición.
“Ojalá empecemos a hacer también este ejercicio de simulacros de emergencia”, dijo, para que la población “sepa a dónde tienen que llamar, a dónde tienen que acudir, con quién tienen que coordinar”.
Más de 1,3 millones de personas en el escenario de exposición
El Plan de Acción Nacional trabaja con un escenario de 1.379.229 personas expuestas, de las cuales 1.233.706 podrían resultar afectadas y 145.523 pasar a condición de damnificadas. La exposición, señala el documento, se concentra principalmente en la Costa. Guayas aparece con 611.648 personas expuestas, seguida de Los Ríos con 175.603, Manabí con 155.543 y El Oro con 111.343.
En agricultura, el plan identifica 494.274 hectáreas con susceptibilidad alta a inundaciones y 606.584 hectáreas con susceptibilidad alta a movimientos en masa. Al considerar también las categorías medias utilizadas por el documento, el escenario supera los 3,1 millones de hectáreas clasificadas en alguna de esas condiciones de exposición.
Guayas encabeza la exposición agrícola alta a inundaciones con 268.761 hectáreas, seguido por Los Ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas.
El sector pesquero artesanal también aparece entre los vulnerables: el Plan registra 8.812 pescadores en nivel alto de exposición a inundaciones y 7.355 embarcaciones artesanales.
En turismo, el documento registra 31 establecimientos en alta susceptibilidad a inundaciones y 85 frente a movimientos en masa, además de otros en categoría media.
