Los ministros del Interior y de Gobierno consideran que no es momento para destituir al comandante general, Fausto Salinas, pese a que el Presidente le impuso un plazo por el caso de María Belén Bernal. Activistas cuestionan que siga en el cargo. 

Primero fue hasta el viernes, luego hasta el domingo. Esos fueron los plazos que el presidente, Guillermo Lasso, dio para que la Policía capturara a Germán Cáceres, sospechoso del femicidio de su esposa, María Belén Bernal. La advertencia presidencial era que si esos plazos se cumplían y no había avances reales sobre la búsqueda, Fausto Salinas dejaría de ser Comandante de la Policía. Sin embargo, no ha pasado ni lo uno, ni lo otro; ni se ha hallado a Cáceres, ni Salidas ha salido del cargo. 

Esta mañana, en entrevista con Teleamazonas, el ministro de Interior, Juan Zapata, recordó que el mando policial puso su cargo a disposición, pero que Lasso sabe que en este momento el país necesita una Policía cohesionada y fortalecida, con una estabilidad que venga desde el alto mando, con lo que reiteró su criterio de que Salinas debería mantenerse, al menos mientras se desarrollan las investigaciones sobre ese femicidio.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que Salinas se mantiene, por el momento, como Comandante General de la Policía, ya que Lasso aún analiza los plazos dados. “No queremos afectar los procesos que están en marcha. El Presidente es el que tiene la última palabra, ha dado los plazos y nosotros esperamos cumplir con esos procesos, que son particularmente importantes porque tenemos que resolver algunos asuntos relacionados con la estructura policial”, manifestó.

Críticas desde el activismo feminista 

Gabriela Alvear, directora de Diálogo Diverso, aseguró que no sólo debería salir Salinas, sino también el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, por lo que ella califica como falta de formación con enfoque de género y derechos. “Es decepcionante, una vez más se evidencia la falta de entrega, de compromiso político con las niñas y mujeres del Ecuador”, dijo la activista. Frente al criterio de las autoridades de que no es conveniente desestructurar al alto mando policial, Alvear asegura que el caso de Cáceres develó las fallas estructurales que sufre la Policía. Agregó que destituir a la cúpula policial sentaría un precedente de que se necesita perfiles idóneos para ocupar cargos de autoridad, personas que tengan trayectoria, experiencia, integridad y transparencia en la gestión, ya que en el caso de Bernal han fallado por acción u omisión. 

Recuerda, además, que los plazos dados por Lasso de manera pública, a través de cadena nacional el 23 de septiembre, fueron desatinados y demuestra que no está preparado para gobernar. “El Presidente evidencia cada día tener poca formación política, técnica y en derechos para gobernar. Que dé plazos y no los cumpla, nos sigue fallando”, dijo. 

Por su parte, la también activista Verónica Carrillo manifestó que la Policía perdió legitimidad, por lo que necesita una depuración interna. En principio, dice, hubo un encubrimiento a los responsables del femicidio. “Tienen que ‘caer’ bastantes personas, no sólo la cadete, ya que nadie ha dicho quién encubrió a Cáceres”. Carrillo manifestó que Lasso ha faltado a su palabra y que los diferentes estamentos del Estado le han fallado a las mujeres. 

Mesa de seguridad

Mientras en el ámbito político se disculpe la permanencia o no de Salinas, en lo Legislativo se anunció que ayer fueron notificados los integrantes de la Comisión ocasional que fiscalizará el caso Bernal, con lo que mañana se reunirán para abocar conocimiento de la creación de esta Comisión, nombrar presidenta y fijar el cronograma de trabajo, así como la agenda de comparecientes. Cecilia Herrera, de la bancada correísta, presidiría esta mesa al constar como primera en la lista de las cinco designadas.

Mientras que el jueves se reunirá la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo para tratar el tema de seguridad en el país, con el propósito de reformar varios cuerpos legales en esta materia, por lo que serán convocados también delegados de la Función Judicial, de la Corte Constitucional, de la Policía Nacional, entre otros. “Este es un tema de Estado, que nos compete a todos”, dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente). La asambleísta Nathalie Viteri (PSC) opinó que es necesario reformar la tipificación de delitos como la extorsión, que se está dando en el país bajo la modalidad de “vacunas”, que no sólo afectan a las personas, sino también a los negocios, revisar la imputabilidad de los menores de edad, la tenencia y porte de armas, así como revisar el incremento de penas y el uso del grillete electrónico. Viteri es partidaria del incremento de penas, la acumulación de las mismas sin rebajas y sin medidas sustitutivas, dependiendo de los casos.

Por su parte, Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, dijo que es fundamental que en esta mesa participen los representantes de los organismos de seguridad para que expongan qué tipos de reformas se necesitan. Agregó que se reunirá con Zapata para informarle del inicio de esta mesa y estén presentes todas las instancias relacionadas. “Hay articulados que tienen que reformarse que no permiten generar los cambios en los reglamentos internos para tomar decisiones claras en la depuración de la Policía o cuerpos de seguridad”, dijo Flores.   

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