Los temas considerados ‘centrales’ para los indígenas, se cerraron sin consensos. Sin embargo, los diálogos siguen. Hasta el 12 de octubre debe concluir el proceso entre los dos sectores, de acuerdo con la planificación realizada tras el paro.
Con 33 acuerdos, cuatro desacuerdos y un pedido sin contestar, el movimiento indígena y el Gobierno cerraron la mesa de Seguridad, justicia y derechos, que se instaló el 14 de septiembre como parte de los diálogos que permitieron levantar el paro de junio. El acta en la mesa de Seguridad se firmó esta mañana entre representantes de los dos sectores.
Entre los acuerdos constan:
- Construcción de una política y un protocolo de protección de defensores de Derechos Humanos, colectivos y de la naturaleza.
- Capacitar a todas las instituciones del Estado en estándares internacionales sobre la defensa de los derechos, estándares internacionales sobre protesta social, uso legítimo de la fuerza.
- Articular medidas para el cumplimiento cabal de las recomendaciones realizadas por la CIDH a Ecuador y otros mecanismos de protección de derechos en el marco de la protesta social.
- Asegurar la máxima participación de la sociedad civil y familiares de presos en cada fase de la ejecución de la política pública de rehabilitación social 2022-2025, y que se asegure su cabal implementación.
- Asignar presupuesto suficiente para fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
- A través de una mesa técnica, se diseñará, ejecutará y evaluará una política focalizada para prevenir y erradicar la violencia de género y el femicidio con la participación de las entidades competentes, las organizaciones sociales, organizaciones de pueblos y nacionalidades, con enfoque intercultural y pertinencia territorial.
Los desacuerdos
- El movimiento indígena había exigido que la Fiscalía se comprometiera a abstenerse de utilizar los tipos penales para criminalizar el ejercicio del derecho a la resistencia y la protesta de quienes participaron en el paro de junio del 2022. Sin embargo, la Fiscalía informó que ninguna autoridad judicial o administrativa puede disponer el archivo de las investigaciones.
- Otro pedido de sector indígena fue que los ministerios de Gobierno, del Interior y de Defensa se comprometieran a entregar todos los protocolos internos, mallas curriculares y todos los procedimientos relacionados con el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y protestas, tanto de la Policía como de Fuerzas Armadas, punto en el que no hubo acuerdo con el Gobierno.
- Se solicitó que la Defensoría Pública informara cuántas indígenas presos reciben patrocinio de esta entidad, dónde se encuentran y por qué delitos. Sin embargo, no se pudo tratar este pedido, por no estar presente esa institución.
- Un pedido en el que hubo acuerdos y desacuerdos fue en identificar e indemnizar a cada persona —y sus familias— que resultó con heridas tanto en el paro de octubre del 2019 como en el paro de junio del año 2022, hasta que establezca un plan de atención inmediata y reparación integral. El acuerdo fue conformar una mesa técnica para identificar a las personas que requieran una atención inmediata y definir el tipo de asistencia que necesitan. Pero no se concretó la creación de un fondo de emergencia para la atención. Además, las organizaciones sociales pedían, como parte de la reparación integral, una disculpa pública del Gobierno a las organizaciones sociales e indígenas por declaraciones de las autoridades con relación a las movilizaciones de junio del 2022. El Gobierno indicó que no fue una propuesta planteada en una de las reuniones iniciales de esta mesa y que, en caso de que el pedido de disculpas públicas sea parte de la reparación integral, se debe seguir el debido proceso ante la instancia jurisdiccional. El pedido que no obtuvo respuesta, de acuerdo con el documento suscrito, fue que con las recomendaciones de la CIDH de febrero de 2022, “se revise y modifique la legislación que sanciona con privación de libertad aquellas conductas que por sus características e impactos no deberían ser criminalizadas; de manera especial, los tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta”.
Los argumentos
El viceministro de Seguridad Interior, Freddy Ramos, manifestó que el acta se firmó gracias a la activa participación de los delegados del Gobierno y del movimiento indígena y la calificó de exitosa, gracias a un diálogo fluido. Por su parte, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Sandra Molina, informó que no se podía dar paso al fondo de emergencia para la reparación integral de quienes participaron en las protestas, ya que es necesario que primero exista una sentencia judicial donde se identifique a la víctima y al responsable. “Hemos dicho que debemos dejar a la Justicia terminar los procesos legales para poder reparar en el caso de que así lo determine la sentencia”, manifestó. Aseguró que hay otro tipo de apoyo que puede entregar el Gobierno, a través del Gabinete social, como bonos, créditos, asistencia psicosocial y médica.
Desde la delegación indígena, Andrés Tapia, de la Confeniae, aseguró que fue un debate muy amplio, pero lamenta que en los temas centrales no hayan existido acuerdos, como la reparación integral a través de un fondo especial y el archivo de las causas abiertas contra los manifestantes que participaron en el último paro de junio. “Al no haber acuerdo, la Fiscalía continuará con las investigaciones y nosotros con la defensa, como se dio en el caso de Leonidas (Iza, presidente de la Conaie) y un sinnúmero de dirigentes que estamos con indagaciones previas”, manifestó.
Por su parte, Margarita Aritongo, de la Fenocin, agregó que lo logrado son cuestiones básicas y elementales, como participar en la mesa técnica para elaborar los protocolos de intervención y formulación de políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer y el femicidio. “Hemos firmado esta acta con acuerdos y desacuerdos por respeto al pueblo ecuatoriano”, manifestó.
Los dirigentes aseguraron que, a pesar de no haber logrado acuerdos en los puntos sensibles para las organizaciones indígenas, en esta y otras mesas, se mantendrán el diálogo hasta el 12 de octubre, fecha prevista para que concluya todo el proceso.
De las 10 mesas que se planificaron como parte del diálogo se han cerrado cinco: Banca pública y privada, Fomento productivo, Energía y recursos naturales, Control de precios, y Seguridad y justicia.
Están en desarrollo las de Derechos Colectivos y Acceso a salud. En la de Focalización de subsidios, la que más tiempo ha tomado ya que fue la primera que se instaló, también se espera una respuesta al informe del equipo técnico.
Se espera instalar la próxima semana las de Empleo y Derechos Laborales, y la de Educación Superior.
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