Tres temas grandes se incluyen: seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Lea aquí cuáles son las preguntas, los argumentos oficiales y las primeras reacciones. El Régimen “preferiría” que la consulta se haga antes de las elecciones seccionales. 

El Gobierno presentó hoy ante la Corte Constitucional las ocho preguntas de enmienda constitucional que propone para referéndum, con el objetivo de que la ciudadanía se prununcie en las urnas en tres ejes, según anunció el presidente, Guillermo Lasso: seguridad, calidad institucional y medioambiente.

LAS PREGUNTAS Y SUS ARGUMENTOS

Seguridad:

1. Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público:

¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución?

2. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el tráfico de migrantes:

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y las garantías?

3. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo:

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General, para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

Fortalecimiento de la democracia:

4. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas:

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?

5. Actualmente, existen 272 movimientos políticos en Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros: 

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo, equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?

6. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs, e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs y a sus consejeros?

Medioambiente:

7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. 

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales:

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

El contexto 

El Gobierno realizó la presentación de lo que llama «consulta ciudadana», en el Parque de la Juventud, en el sector de Carapungo, extremo norte de Quito. Ahí reunió a varios «vecinos» de la zona, que le pidieron mano dura frente a la delincuencia, contra el narcotráfico; y también se cuestionó al sistema de justicia y la labor de la Asamblea. Hubo testimonios de la inseguridad que vive el sector, del temor que produce esto en los moradores; testimonios de venta de droga a colegiales, de asaltos y hasta de asesinatos. Dijeron que se necesitaba más coordinación entre policías y militares. 

Fue el preámbulo para que Lasso asegurara que la consulta que propone es la solución a los problemas mencionados, argumentando que está destinada a enfrentar estas amenazas desde la raíz, pero también los graves deficiencias institucionales «que merman la calidad de nuestra democracia». 

Aseguró que la consulta es una herramienta con la que el ciudadano es quien ejerce el poder. «En ella no escogemos un cargo para cuatro años, sino qué tipo de sociedad queremos para las próximas décadas», dijo. Agregó que el proceso responde al diálogo con la ciudadanía, como, por ejemplo, reducir el número de asambleístas a 100 aproximadamente, o el de permitir la extradición de narcotraficantes. 

Minutos más tarde, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, acompañado de los titulares de Defensa, Luis Lara, y del Interior, Patricio Carrillo, acudieron a la Corte Constitucional a entregar el pedido de referéndum con las preguntas y anexos. 

Ante las encuestas que ponen al Gobierno con baja aceptación y credibilidad, Jiménez considera que esto no debería afectar los resultados, ya que no buscan popularidad, sino que es una consulta de la ciudadanía para la ciudadanía. Pero prefiere, dijo, que la consulta sea antes de las elecciones seccionales de febrero del 2023.

Por su parte, Carrillo añadió que la consulta busca resolver un problema del Estado, no del Gobierno en funciones. Mientras que, para Lara, frente a las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, es necesario adecuar la normativa, ya que con la consulta se dará potestad al Presidente de la República que apoye la labor de la Policía Nacional sin necesidad de expedir un decreto de estado de excepción.

Tras el sorteo de rigor, el proyecto de enmienda será tratado por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, quien deberá emitir un dictamen para conocimiento del Pleno de este organismo. 

Las primeras reacciones

Casi de inmediato, la Fiscalía se pronunció a través de un comunicado en el que señala que necesita contar con una verdadera autonomía que le permita seleccionar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional, por lo que es «innecesario la creación de otro Consejo (como se propone en la consulta) que obstaculice el trabajo antes mencionado». 

La Fiscalía asegura que cuenta con unidades técnicas que pueden asumir ese proceso, por lo que presentarán a la Corte Constitucional un amicus curiae para presentar sus observaciones.

Mientras que el consejero de Participación Ciudadana David Rosero indicó que la redistribución de competencias del Consejo tiene que darse vía reforma parcial de la Constitución y no a través de enmienda, como propone el Gobierno. 

Para Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, la consulta no soluciona nada y se trataría de un proceso de distracción del Gobierno de los verdaderos problemas del país. 

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