La sentencia, que ha sido apelada, ordena que la Asamblea coloque en la entrada del Palacio Legislativo una placa que diga: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
El juez de la Unidad Judicial de La Concordia, Ángel Lindao, aceptó la acción de protección a favor de los consejeros de Participación Ciudadana (CPC) Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Con esto, dejó sin efecto la resolución que el 18 de noviembre adoptó el Pleno de la Asamblea, con la que les censuró y destituyó de los cargos a través de un polémico juicio político. Antes, los consejeros mencionados habían continuado en funciones gracias a una medida cautelar que se les otorgó hasta que se resolviera la acción de protección, audiencia que se cumplió hoy.
En su sentencia, el magistrado señaló que la Legislatura vulneró el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, por lo que dispuso la nulidad del proceso de interpelación que se cumplió en contra de los cuatro consejeros de mayoría ya que, considera el juez, la Comisión de Fiscalización no remitió al Pleno de la Asamblea un informe que recomiende el archivo, el inicio del juicio político o un informe de posiciones; y tampoco se respetaron los plazos para la interpelación.
En su sentencia, el juez ordena a la Asamblea que a través de su máximo representante, Virgilio Saquicela, presente las disculpas públicas a los afectados en el plazo de cinco días, las que deben ser publicadas en la página institucional de la Legislatura por un lapso de 30 días. Disculpas públicas en las que deberá reconocer que se vulneró los derechos de los consejeros.
También dispone que se les cancele las remuneraciones que no percibieron durante el tiempo que estuvieron suspendidos en funciones; y que, para no repetir estas vulneraciones, se coloque en la entrada de la Asamblea una placa y en el salón plenario de sesiones un banner donde conste “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
Los abogados de la Asamblea apelaron la sentencia, con el argumento de que se han presentado anomalías e inconsistencias en el trámite de la acción de protección.
Los efectos de la sentencia
Ulloa, consejero y presidente del CPC, aseguró que se ha hecho justicia, ya que en el juicio político se vulneraron el debido proceso y el derecho a la legítima defensa, ya que no hubo informe sobre la interpelación.
Recordó que durante el juicio político solicitó al Secretario de la Asamblea que indique con base en qué informe se les interpelaba. “La Asamblea quedó impávida y en silencio durante cinco minutos tratando de averiguar qué responder. Y el secretario dijo que no hay informe, argumento suficiente para que hayamos activado la justicia constitucional y hayamos logrado una sentencia en derecho”, dijo. Agregó que la resolución del juez blinda y legitima sus actividades, por lo que la Asamblea debe posesionar al superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por ese organismo hace pocos días atrás, pero que la Asamblea se ha negado a posesionarlo, con el argumento de que que fue nombrado por consejeros que estaban destituidos de los cargos.
Mientras que en la Asamblea no se había generado aún una reacción de sus autoridades. Lo que se dispuso es que se suspenda la sesión del Pleno prevista para esta tarde, donde se tenía que tratar, como único punto del orden del día, la posesión de nuevos consejeros suplentes.
Hasta el momento, tras varios intentos, solo ha logrado posesionar a Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Sin embargo, no han acudido a posesionarse como suplentes Graciela Mora, Aland Molestina, ni Carlos Figueroa a pesar de la convocatoria que les hizo el Pleno de la Asamblea.
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