El juez electoral pidió a la Fiscalía una investigación previa por presuntas irregularidades en la sentencia que le quitó sus derechos de participación. Afirma que no puede ejecutoriar la sentencia mientras no haya resultados de esa investigación, que podría durar un año.
A pesar de que los derechos de participación de Jorge Yunda están suspendidos por infracción electoral grave, su candidatura a la Alcaldía de Quito está en firme. ¿Por qué? Merced a que esa sentencia de segunda y definitiva instancia, emitida por la mayoría del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 19 de agosto de 2022, no ha sido ejecutoriada y, al parecer, tardará en cumplirse en su totalidad.
El juez sustanciador suplente del TCE Richard González Dávila ha pedido a la Fiscalía General que abra una investigación previa sobre las presuntas irregularidades presentadas en la elaboración de la sentencia de mayoría.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que una investigación previa, en el menor de los casos, durará hasta un año contado desde la fecha de su inicio. Dentro de ese plazo ya se cumplirían las elecciones seccionales, previstas para el 5 de febrero de 2022; y la posesión de las autoridades electas, el 14 de mayo.
La misma norma contempla que si el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos, podrá dar por terminada la investigación incluso antes del cumplimiento del plazo, mediante el requerimiento de archivo.
La historia
En una notificación del 23 de agosto, González asegura que, al revisar para dar trámite el recurso de ampliación y aclaración a la sentencia que inhabilitaba a Yunda, se percató de posibles irregularidades.
Según el juez, quien emitió uno de los dos votos salvados en contra de la mencionada sentencia, esta habría sido redactada por Diego Zambrano, abogado del alcalde capitalino en funciones, Santiago Guarderas, quien puso la denuncia contra Yunda por infracción electoral grave. Además, el correo electrónico con la sentencia redactada se habría generado en la ‘Secretaría del Concejo’ Metropolitano de Quito.
Con estos antecedentes, el juez sustanciador dio plazo de 48 horas para que Guarderas remita información certificada sobre si Zambrano trabaja o ha trabajado en el Municipio de Quito, el tiempo que lo ha hecho, dependencia en la que ejerció o ejerce funciones, así como el salario que percibe, de ser el caso.
Las conclusiones
El pasado viernes, el juez dictó una nueva notificación en la que establece varios puntos. Entre estos, que Zambrano aseguró que dejó de ser abogado de Guarderas el 9 de noviembre de 2021; sin embargo, el juez afirma que la explicación de Zambrano, en formato PDF, se remitió también desde la ‘Secretaría de Concejo’. “Esto es el mismo equipo desde donde se remitió el proyecto de sentencia…”. Además, afirma que Zambrano es funcionario del Municipio de Quito desde el 12 de octubre del 2021 y que se desempeña en la Secretaría General del Concejo.
González concluye que Zambrano intervino en la elaboración del proyecto de sentencia que fue debatido en el Tribunal y luego adoptado por la mayoría, “lo que constituye un hecho gravísimo, que ha afectado la independencia e imparcialidad del Tribunal que conoció la causa”.
Por lo tanto, agrega: “Es preciso que antes de resolver los pedidos de nulidad y los recursos horizontales de aclaración y ampliación, con el fin de tener los elementos suficientes para el efecto, se proceda a investigar y se determine si no estamos en presencia del cometimiento de un acto delictivo irrogado en contra de este Tribunal”. Agrega que resulta impropio que se exija en estos momentos el cumplimiento de normas reglamentarias, cuando previamente se irrespetaron. “La deslegitimación de este Tribunal es evidente y hasta que se realicen las investigaciones, ha perdido capacidad de garantizar independencia y tutela judicial imparcial para resolver las peticiones de nulidad y recursos pendientes”, señala el escrito.
Lo que dispone el juez
Añade que Guarderas y los conjueces ocasionales que dictaron la sentencia de mayoría, han solicitado al presidente del TCE, Fernando Muñoz, y al juez sustanciador, que se convoque de forma inmediata a sesión para resolver los recursos de aclaración y ampliación propuestos. Y salva su responsabilidad por las demoras en la tramitación de este caso.
González dispuso que el expediente se remita a la fiscal general, Diana Salazar, para que abra la investigación previa sobre las presuntas irregularidades; y que se notifique a la Asamblea para que el Pleno de esta Función del Estado conozca los hechos descritos y ejerza su labor fiscalizadora.
El juez sustanciador asegura que mientras no haya los resultados de esa investigación él no puede presentar un proyecto de resolución ni convocar a sesión para que sea tratada la ejecutoría de la sentencia.
Como parte de su trayectoria profesional, González se desempeñó en su momento como abogado de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, sentenciado a tres años de prisión por abuso sexual.
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