Tras la decisión del CAL, el juicio político contra Diana Salazar se retomará en la Comisión de Fiscalización. Mientras los interpelantes alegan un supuesto incumplimiento de funciones, otras bancadas advierten que esto no debe convertirse en un ‘show’.
POR: Hugo Constante
En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea están a la espera de que su presidenta, Pamela Aguirre (correísmo), convoque a sesión para retomar la sustanciación del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, conforme lo dispuso ayer el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esa instancia dispuso, además, que se unifiquen en un solo proceso las solicitudes de interpelación presentadas por los legisladores correístas Gissela Garzón y Héctor Valladares. El CAL decidió que se retome el proceso a petición de Salazar, quien pidió que se retome el proceso en su contra, que estaba en suspenso desde el 17 de mayo, también por pedido suyo, debido a que ese momento enfrentaba un embarazo de alto riesgo.
El proceso de fiscalización en contra de Salazar se cumplirá luego de que, por decisión judicial, la Comisión se vio obligada a suspender el trámite que estaba en marcha en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y hasta que la Corte Constitucional absuelva la consulta de la Asamblea sobre cómo proceder en el caso de tres juicios políticos en contra de exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso, que fueron archivados por el retiro de las firmas de respaldo.
Garzón aseguró que hay dudas sobre el alcance de la sentencia judicial que obliga a suspender el proceso contra la Ministra del Interior y retrotraer todo hasta el retiro de firmas. “Prácticamente la sentencia dice que todo queda en “fojas cero”; entonces, ¿qué pasa con el juicio político a la canciller (Gabriela Sommerfeld)”, cuestionó Garzón.
El 8 de agosto el Pleno de la Asamblea, con 76 votos afirmativos, archivó el trámite del juicio político en contra de la Canciller propuesto por la asambleísta del correísmo Jhajaira Urresta.
Interpelantes, listos
Garzón y Valladares dijeron que están listos para probar el presunto incumplimiento de funciones de la Fiscal, tanto en la Comisión de Fiscalización como en el Pleno de la Asamblea. Garzón recordó que el la solicitud de juicio político fue presentada en noviembre de 2023 por presuntas demoras e ineficiencias de la fiscal en casos como ‘Encuentro’, ‘León de Troya’, ‘Inapapers’, e inclusive la tardanza para investigar los hechos de octubre de 2019, cuando el país vivió un violento paro en contra de las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno. “Son denuncias que inclusive pueden configurar lesa humanidad, donde no ha existido ningún tipo de investigación”, señaló la legisladora. Agregó que no incluye en el proceso las últimas investigaciones que cumple la Fiscalía como ‘Metástasis’, ‘Purga’.
Por su parte, Valladares dijo que su solicitud se basa en supuestas inacciones de la Fiscal y “un posible encubrimiento de lavados de activos entre 2019 y 2023”. “Según la UAFE (entidad que combate el lavado de activos) en ese periodo ha emitido 97 reportes de procedimientos inadecuados, pero la Fiscalía ha procesado únicamente 12 casos”, dijo. Agregó que también convoca a la Fiscal por posible fuga de información clasificada por las conversaciones que, según el correísmo, presuntamente mantenía por chat con el exlegislador de ese movimiento, Ronny Aleaga, procesado en el caso ‘Metástasis’ y prófugo de la Justicia, a quien Valladares no descarta convocar a Fiscalización cuando se sustancie el juicio político como parte de la prueba testimonial que presentaría contra la fiscal.
“No caer en el show”
Los miembros de la Comisión de Fiscalización esperan que la sustanciación del juicio político se cumpla respetando el debido proceso y que el correísmo no lo use como palestra o “show político”. “Esperemos que presenten pruebas frontales, que no vengan a aumentar cualquier barbaridad. Que en los testimonios no vengan a traer a los ‘Fitos’, a los ‘Aleaga’, entre otros”, dijo César Umajinga (SUMA).
Mientras que Ramiro Vela (independiente) agregó que la norma es clara para el desarrollo de la sustanciación y no debería convocarse a personas procesadas y prófugas de la justicia; pero que este proceso es político, ya que son los interpelantes los que presentan a sus testigos. “Lo que no vamos a permitir es que sea un circo; pero ya ha pasado en otros juicios políticos”, dijo Vela. Para el legislador, Aleaga podría ser convocado a la Comisión de Fiscalización sólo si aporta directamente a las causales.
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