Tres expertos en seguridad, Johanna Espín, Paul Pinto y Javier Pérez, consideran que la presencia policial y militar puede disuadir delitos y mejorar la percepción de seguridad, pero alertan que el operativo perderá eficacia si no es sostenible, no integra al Municipio y carece de indicadores públicos para medir sus resultados.
El nuevo despliegue anunciado ayer por el gobierno de Daniel Noboa de 2.000 policías y 2.000 militares en Quito puede generar una sensación inmediata de seguridad y reforzar el control en sectores con mayor incidencia delictiva, pero su efectividad dependerá de que se mantenga en el tiempo, utilice información de inteligencia y articule el trabajo del Gobierno central con el Municipio, advirtieron dos especialistas en seguridad consultados por Ecuador Chequea.
Según la Policía la operación tendrá carácter permanente, mientras que el despliegue de los 2.000 agentes adicionales comenzó la mañana de hoy desde el mercado Las Cuadras, en el sur de Quito.
Previo a distribuirse hacia los nueve distritos policiales de la capital, los uniformados esperaban la presencia del Ministro del Interior John Reimberg, quien finalmente no asistió. El comandante de la Policía, Pablo Dávila, explicó que Reimberg se encontraba coordinando acciones con las Fuerzas Armadas.
La académica Johanna Espín Moscoso, profesora de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dijo que los operativos se concentrarán en barrios identificados mediante información policial sobre muertes violentas, robos y otros delitos de alto impacto. Espín investiga prevención del delito, criminología y sistemas de información para políticas públicas.
Para la mayoría de habitantes, explicó, el primer efecto debería ser una mayor percepción de protección. “Lo que se esperaría que cambie es que haya una mayor sensación de seguridad”, afirmó Espín. La presencia policial y militar, agregó, no solo permite realizar controles, sino que puede producir un efecto preventivo y disuasivo.
La investigadora señaló, sin embargo, que los controles deben evitar consecuencias negativas para ciudadanos que no están relacionados con actividades delictivas. Revisiones de documentos u otras intervenciones indiscriminadas, dijo, serían “efectos no deseados” si no responden a criterios claros de focalización.
El general Javier Pérez Rodríguez, excomandante general del Ejército y analista de seguridad, coincidió en que la presencia de más uniformados producirá un impacto, pero dijo que ese efecto debe ser evaluado más allá de la reacción inmediata ante la violencia.
“El desafío que tienen, y sobre el cual nosotros como ciudadanos mantenemos la expectativa, es: ¿esto es sostenible?, ¿qué tiempo va a durar?”, señaló Pérez.
Pérez también sostuvo que las autoridades deben explicar si el refuerzo temporal de personal es suficiente para gestionar la crisis de seguridad de Quito y qué ocurrirá cuando los contingentes adicionales sean retirados o destinados a otras provincias.
Los tres expertos reclaman coordinación con el Municipio
Al igual que en los primeros operativos policiales realizados ayer en los alrededores del parque La Carolina, en el norte de Quito, en las intervenciones de hoy, que comenzaron en el mercado de Las Cuadras, en el sur de la ciudad, tampoco participaron agentes del Municipio de Quito.
Consultado por Ecuador Chequea sobre esta ausencia, el comandante de la Policía, Pablo Dávila, sostuvo que, independientemente de estos nuevos operativos focalizados en nueve zonas de Quito, la institución coordina diariamente con el Municipio y con otras entidades la realización de operativos interinstitucionales.
“Si necesitamos incrementar los operativos con diferentes instituciones, cualquiera que sea, el SRI, Tránsito o el Municipio de Quito, debido al espacio público que vamos a recorrer, tendremos que continuar con la coordinación”, comentó.
Frente a esta situación Pérez consideró indispensable incorporar los datos y capacidades municipales porque las dependencias locales mantienen personal, cámaras, agentes de control y conocimiento directo del territorio.
Las operaciones “deben tener una estrecha coordinación con el conocimiento que tienen las estructuras de seguridad que se articulan desde el municipio”, afirmó.
El exjefe militar planteó que la información obtenida por la Policía, las Fuerzas Armadas y las instituciones municipales sea centralizada y analizada por el Centro Nacional de Inteligencia antes de decidir dónde intervenir. “Con esa información deberían actuar de manera articulada para ser precisos y actuar en los lugares en donde corresponde”, dijo.
El analista en seguridad y prospectiva Jean Paul Pinto Morales calificó como un error que el operativo haya sido preparado sin una coordinación municipal. “El gran perjudicado es el ciudadano porque debieron coordinar con el Municipio. Entran a la fuerza como si no hubiera Municipio, no hubiera alcalde, hacen sus políticas de seguridad y dejan a un lado a la Alcaldía”.
Pinto también consideró que las diferencias políticas o las críticas a la gestión del alcalde Pabel Muñoz no eliminan la utilidad institucional del Municipio. “La Alcaldía conoce el territorio, conoce lo que pasa en los barrios, en los sectores, y puede ser de gran ayuda. Fue un gran error no haber coordinado con el Municipio”, agregó.
De su parte, Espín también cuestionó la falta de una articulación municipal visible. “Siempre es necesario, pero, como sabemos, en la práctica hay una desconexión entre el Gobierno nacional y el Gobierno local en temas de seguridad”, afirmó.
La especialista recordó que según el artículo 84, literal r, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, dispone que los distritos metropolitanos creen y coordinen consejos de seguridad ciudadana con el ente rector nacional, la Policía, organizaciones barriales, la academia y otros actores.
Así, esta norma establece que esas instancias deben participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas locales sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. También permite acuerdos de colaboración con la Policía dentro de las competencias municipales.
Según el Municipio Quito registra menos homicidios
Según el informe más reciente del Observatorio Metropolitano de Seguridad, elaborado con información de la Policía Nacional y del SIS ECU 911 y actualizado al 4 de julio de 2026, Quito registró, entre el 1 de enero y esa fecha, 21 homicidios intencionales, 1.705 robos de mayor connotación y 347 casos de extorsión menos que en el mismo periodo de 2025.
Así, el informe señala que los homicidios bajaron de 140 a 119 casos, una reducción de 15%. Los robos pasaron de 7.938 a 6.233, una disminución de 21,48%, mientras que las extorsiones cayeron de 995 a 648, equivalente a 34,87%.
Los robos disminuyeron en las 10 administraciones zonales, mientras que los homicidios aumentaron en cuatro y la extorsión subió en una.
Cuatro zonas concentran el aumento de homicidios
La reducción de homicidios estuvo impulsada principalmente por Quitumbe, donde los casos bajaron de 27 a 12; Eloy Alfaro, de 38 a 21; Manuela Sáenz, de 16 a 11, y Tumbaco, de 13 a 10.
En contraste, La Delicia pasó de 18 homicidios a 27; Calderón, de seis a 14; Los Chillos, de tres a siete, y Chocó Andino, de uno a tres. La Delicia se convirtió así en la administración zonal con el mayor número de homicidios en 2026, por encima de Eloy Alfaro, que registró 21.
En conjunto, las cuatro zonas donde aumentaron las muertes violentas pasaron de 28 homicidios en 2025 a 51 en 2026. Eso significa que concentraron cerca del 43% de los 119 casos registrados este año, de acuerdo con un cálculo realizado a partir de la tabla territorial del reporte.
Muñoz ofreció instalaciones municipales para policías y militares, pero admitió falta de información para coordinar
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ofreció instalaciones municipales y apoyo logístico para alojar a policías y militares que fueran trasladados a la capital, pero reconoció que el Municipio no tenía la información necesaria para coordinar el despliegue.
Muñoz hizo las declaraciones el jueves 30 de julio de 2026, en el marco de la firma de un compromiso por la seguridad entre el municipio y 15 universidades de la ciudad, es decir cuatro días antes de que el presidente Daniel Noboa anunciara, el lunes 3 de agos, el denominado Plan de Protección de Quito, que contempla el envío de 2.000 policías y 2.000 militares adicionales.
“Pongo a disponibilidad, como ya lo hemos hecho, espacio físico del Cuerpo de Agentes de Control para que pueda pernoctar o pueda haber presencia de las Fuerzas Armadas”, dijo Muñoz.
El alcalde también planteó entregar temporalmente unas instalaciones ubicadas en la base de la subida al Teleférico de Quito. Según explicó, el espacio podía ser inspeccionado y adecuado en caso de que resultara útil para la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
“No tenemos la información que quisiéramos”
Consultado sobre las razones del movimiento de policías y militares y sobre la posible presencia de carteles del narcotráfico en Quito, Muñoz admitió que la Alcaldía no disponía de información suficiente.
“No tenemos la información que quisiéramos”, respondió. El alcalde aclaró que el Municipio no buscaba acceder a información reservada de inteligencia, sino conocer los datos indispensables para cumplir tareas de prevención, logística y coordinación territorial.
“A nosotros no nos interesa ninguna información adicional a la que necesitaríamos para coordinar”, agregó.
Muñoz recordó una reunión anterior con autoridades del Gobierno y sostuvo que esos encuentros deberían repetirse. También señaló que las diferencias políticas entre el Gobierno nacional y el Municipio deberían quedar en segundo plano frente a la seguridad.
“Cuando la prioridad es la seguridad y el cuidado de la vida de los ecuatorianos, y en este caso de los quiteños, toda mi disposición para el Gobierno nacional y las autoridades nacionales para coordinar lo que necesitemos”, afirmó.
