Hay algo peligrosamente seductor en la idea de que un gobierno pueda convertirse en árbitro de la verdad pública. Ya no basta con cadenas nacionales, propaganda institucional o videos para TikTok. Ahora algunos gobiernos quieren algo más sofisticado: apropiarse del lenguaje del periodismo de verificación para administrar credibilidad.
Y eso es exactamente lo que deja un sabor inquietante en “Chequeo 360”, el supuesto proyecto de fact-checking impulsado desde el entorno comunicacional del gobierno de Daniel Noboa.
Esta semana, en el programa Politizados, Roberto Aguilar y Martín Pallares apuntaron algo que muchos ya sospechaban: detrás de este “verificador” aparecen operadores y estructuras cercanas al oficialismo, más vinculadas a la defensa narrativa del gobierno que al ejercicio independiente del periodismo.
Y ahí está el problema.
La verificación existe precisamente para controlar al poder, no para blindarlo. Su legitimidad nace de la independencia editorial, la transparencia metodológica y la capacidad de verificar incluso —y sobre todo— al gobierno de turno.
