La Asamblea tiene en sus manos el futuro de las áreas protegidas. Conoce qué incluye la Ley que se encuentra en tratamiento y sus implicaciones para el ambiente.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
En Ecuador se levantan un total de 71 áreas protegidas, espacios constituidos con el objetivo de contener el crecimiento urbano y la huella que deja la contaminación humana. Sitios donde la vida se expande y se protege.
Hoy, el futuro de estos espacios está en juego en la Asamblea Nacional bajo el manto del tratamiento del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, un documento enviado por el presidente, Daniel Noboa, bajo carácter de económico urgente, pero que hoy ya causa debate fuera de los curules del Legislativo. Un proyecto que, si bien en la teoría, propone mejorar las condiciones de manejo y cuidado de estos espacios, mantiene varias críticas a su construcción y composición.
¿De qué trata esta ley y qué implicaciones tiene para el ambiente? Aquí te lo contamos.
Detalles
Aunque en su exposición de motivos el proyecto habla de fortalecer la conservación ambiental, de adaptar el manejo de las áreas protegidas para su mejor funcionamiento y afrontar los problemas de financiamiento que tienen actualmente, el informe para segundo debate, aprobado hoy en la Asamblea, plantea cambios estructurales que podrían debilitar las áreas protegidas, según han denunciado expertos en conservación y medio ambiente, junto con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
Y es que uno de los elementos más sensibles del proyecto es la incorporación de la figura de cogestión, por parte de actores privados, para el manejo de áreas protegidas. El proyecto Ley, en sus artículos, permite que personas naturales o jurídicas, incluyendo empresas, puedan asumir funciones en la administración, restauración, control y financiamiento de las áreas protegidas del sistema nacional. Aunque esta figura ya existía de forma limitada, el articulado la convierte en un modelo formal y permanente de gestión compartida. No se establece una tipología detallada de los actores privados autorizados, ni un régimen específico de evaluación de conflictos de interés o de actividades prohibidas. Y esto ha generado alertas sobre una posible puerta abierta a la privatización encubierta de servicios o zonas dentro de áreas protegidas, según han denunciado organizaciones ambientales y comunitarias.
Además, el proyecto habilita la ejecución de proyectos productivos «sostenibles» y «estratégicos» dentro de las áreas protegidas, siempre que estén alineados con los planes de manejo, cuenten con autorización expresa del Ministerio del Ambiente y cumplan con ciertos requisitos técnicos, que no se terminan por especificar.
El problema, según el análisis legal de varios expertos, es que la Ley no define qué se entiende por «proyecto estratégico», no establece una prohibición clara de actividades extractivas o de alto impacto. El texto menciona que se podrán realizar estas actividades bajo la etiqueta de «aprovechamiento sustentable de recursos naturales renovables», lo que en la práctica puede incluir proyectos turísticos, agroforestales, piscícolas o incluso de infraestructura.
Además, siguiendo la misma línea, el documento establece que estos proyectos requerirán un proceso de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas, negras o montuvias que puedan verse afectadas o si estas habitan o utilizan ancestralmente los territorios protegidos. Sin embargo, el texto aprobado en el informe introduce un matiz que expertos consideran regresivo. Y es que, si una comunidad expresa oposición al proyecto, deberá justificar su negativa con argumentos técnicos, ambientales o jurídicos.
Esta inversión del principio de consentimiento representa, según Gustavo Redín, experto en derecho ambiental, una carga desproporcionada para pueblos históricamente excluidos del acceso a asesoría legal y peritajes especializados. Además, en ningún punto se menciona que la negativa de una comunidad podría detener el proyecto, lo que vacía de contenido el derecho a decir «no».
Diana Chavez, dirigente kichwa de Pastaza, lo expresa desde el territorio y desde el sentir más cercano: “Se nos pide justificar técnicamente nuestra negativa, cuando en realidad se trata de nuestra forma de vida”. Para ella, la Ley representa una “visión mercantilista” que reduce los territorios a recursos y no reconoce la dimensión espiritual, cultural y ancestral que estos espacios tienen para las nacionalidades indígenas.
El proyecto también refuerza la figura de los convenios con gobiernos locales y con entidades del sector privado para el financiamiento de la conservación. Aunque estos acuerdos podrían ser una vía para canalizar recursos hacia áreas desatendidas, la Ley no establece criterios claros de selección, rendición de cuentas ni mecanismos de participación comunitaria en su formulación. Otro de los puntos que ha generado polémica es la inclusión de la intervención de la fuerza pública en zonas protegidas. El artículo 38 establece que las instituciones encargadas del control ambiental podrán solicitar el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para ejecutar desalojos, operativos de control, o para resguardar zonas con presencia ilegal.
El uso de la fuerza, si bien puede ser necesario en casos de minería o tala ilegal, no está regulado con mecanismos de proporcionalidad, evaluación de impacto o protocolos de intervención cuando hay presencia de comunidades o actividades tradicionales. Esto preocupa especialmente a organizaciones indígenas, que han denunciado previamente abusos policiales en contextos similares.
Finalmente, el documento transforma de manera significativa la noción misma de «área protegida». Se introducen nuevas categorías como Áreas de Protección Privada y Áreas Voluntarias de Conservación, con regímenes propios de manejo. Aunque estas figuras podrían sumar hectáreas al sistema, también generan un modelo de conservación diferenciado, en el que el rol del Estado deja de ser rector y se fragmenta el principio de unidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero, ¿por qué estos puntos terminan por ser conflictivos?
Problemas con la Ley
Para los expertos consultados por Ecuador Chequea, la aprobación de esta Ley puede tener efectos directos en el ambiente y en la conservación de áreas protegidas, al punto que podrían resultar contraproducentes. Aunque la narrativa oficial promueve la idea de recuperación y sostenibilidad, el articulado aprobado, y la manera en que fue tramitado ha encendido múltiples alertas.
Uno de los ejes más controversiales es la figura de la cogestión privada, que, aunque ya existía de forma acotada, ahora se institucionaliza como un modelo permanente. La Ley permite que personas naturales o jurídicas, es decir, empresas, asuman responsabilidades como administración, control y financiamiento de áreas protegidas, sin delimitar claramente su rol ni exigir mecanismos de rendición de cuentas, manejo de conflictos de interés o control ciudadano. En la práctica, dicen los expertos, esto puede dar paso a un modelo de gestión en el que el enfoque de conservación sea desplazado por intereses comerciales.
Franklin Bucheli, abogado ambientalista, alerta que el texto «superlativiza la función económica», desplazando el rol del Ministerio de Ambiente como ente rector del sistema nacional. Y aunque admite que las áreas protegidas atraviesan una crisis profunda por falta de presupuesto, escasos guardaparques y desatención estatal, advierte que la solución no puede ser la privatización. «No es compatible el término explotación con conservación. Explotar significa usar hasta agotar; conservar, usar sin destruir», dice.
Otro punto sensible es la habilitación de proyectos productivos “estratégicos” en zonas protegidas. El documento permite su desarrollo, siempre que se alineen con los planes de manejo y cuenten con autorización del Ministerio, pero deja vacíos peligrosos: no define qué es un “proyecto estratégico”, ni prohíbe expresamente actividades extractivas. En lugar de cerrar la puerta al extractivismo, se abre una ventana legal al permitir el “aprovechamiento sustentable de recursos naturales renovables”, sin excluir expresamente industrias como el turismo masivo, las represas o incluso cultivos intensivos, que pueden alterar ecosistemas sensibles. Así lo asegura también Buchelli.
La preocupación crece con el artículo que permite la intervención de Fuerzas Armadas y Policía en las áreas protegidas. Aunque el texto lo plantea como un mecanismo de apoyo al control ambiental, no impone límites claros ni protocolos diferenciados si hay presencia de comunidades. Esto genera temores de militarización. “Las FF.AA. ya pueden ingresar si hay una emergencia”, dice Chavez, “pero ponerlo en la ley nos hace pensar que será para proteger inversiones privadas, no a las comunidades” .
Asimismo, denuncia que se transforman las categorías del sistema nacional, algo que parece que presenta, para ella, una “agenda oculta”, con regímenes más flexibles, que, aunque podrían aumentar la cobertura, fragmentan el principio de unidad y rectoría pública del sistema, “privatizándolo todo”.
Sebastián Valdivieso, de la organización WCS, resume el conflicto: “No se trata sólo de proteger hectáreas, sino de garantizar que esos espacios conserven su valor ecológico y social. El peligro de esta Ley es que convierte el modelo de conservación en un espacio de participación sin mucho control del sector privado”, aunque aclara que, si se enfoca de una mejor manera la Ley, se podrían obtener resultados positivos para el ambiente. “Todo lo que pueda ayudar al ambiente lo vamos a celebrar y creemos que los cambios que se han hecho enfocan de mejor manera la ley”, dice asegurando que hay que trabajar en el proyecto de Ley.
En conjunto, estos elementos dibujan un escenario en el que las áreas protegidas, en lugar de ser fortalecidas, podrían convertirse en escenarios de disputa, fragmentación y pérdida de control público. Aún si la intención es mejorar su manejo y sostenibilidad, el camino propuesto parece abrir demasiadas puertas sin asegurar las garantías suficientes para cerrarlas si el equilibrio se rompe.
Los expertos advierten que, más allá del lenguaje técnico y los principios declarativos de conservación, la Ley abre puertas legales para debilitar la protección real de estos ecosistemas. Y esas puertas, dicen, podrían tener consecuencias ambientales irreversibles.
El abogado ambiental Franklin Bucheli coincide. Para él, abrir las puertas a proyectos dentro de las áreas protegidas es dejar entrar factores que alteran el equilibrio natural del lugar. “Si tú dejas entrar actividades que son extractivas, por más que digan que son sustentables, estás generando fragmentación del hábitat, alteración de rutas migratorias, contaminación, ingreso de especies invasoras. Lo que estás haciendo es debilitar la conservación”.
El peligro, dice, no está sólo en el acto puntual de autorizar una intervención, sino en las dinámicas que se generan alrededor. “Empieza como un proyecto piloto, pero se transforma en algo estructural. Después, ya no puedes sacar eso del territorio porque está lleno de inversiones y presiones políticas”.
Ese tipo de transformaciones silenciosas, señala Bucheli, ya han ocurrido en varias zonas del país, especialmente en áreas con proyectos turísticos o mineros que iniciaron con permisos limitados y terminaron ampliando su radio de acción. “La falta de control, la ausencia de claridad en la ley, y los intereses privados pueden convertir estas áreas en enclaves económicos disfrazados de conservación”.
Por eso, dice, la Ley debería ser clara en establecer prohibiciones absolutas, mecanismos de monitoreo independiente y procesos de consulta donde el consentimiento de las comunidades tenga efectos reales. “Nos estamos jugando el futuro. Cuando tú pierdes un bosque primario o un humedal estratégico, no hay forma de recuperarlo. Una ley que no garantiza eso no protege nada. Lo que hace es entregarlo”.
Ante todo esto, Amazon Frontlines ha reafirmado el apoyo nacional e internacional que tienen las voces en contra de esta Ley, amplificando sus denuncias. Y es que organizaciones civiles como Avaaz y Amazon Watch, además de celebridades como la actriz estadounidense Jane Fonda, se han sumado al llamado de comunidades indígenas sobre las implicaciones de esta Ley, que pueden complicar directamente su vida diaria y su derecho a ser consultados. Una consulta que incluso, según Redín, por el alcance del impacto de la norma debería haberse hecho de forma prelegislativa. “La Corte Constitucional ha sido clara en casos como el de la conocida como Ley de Aguas, que ratifica la necesidad de consultar a las posibles comunidades afectadas en consulta prelegilslativa”.
Todo este apoyo se ha hecho público en un video compartido por estas organizaciones, en donde expresan su apoyo por comunidades indígenas en el país.
https://www.instagram.com/reel/DL2wC8DuhHN/?igsh=dTU2Y2czcnVsY3Zn
Y en medio de la ola de críticas, expertos y líderes recuerdan las propuestas que se han manejado para cuidar las áreas protegidas y sus territorios, más allá de esta ley.
Otras opciones
Frente a los vacíos y riesgos que plantea el proyecto de ley, expertos y líderes indígenas coinciden en que hay otros caminos, más eficaces, sostenibles y justos, para fortalecer el sistema de áreas protegidas en Ecuador, sin debilitar sus principios fundamentales ni ceder terreno a intereses privados o extractivos.
Franklin Bucheli, abogado ambiental, propone fortalecer los mecanismos de gestión comunitaria y cogestión con pueblos indígenas y comunidades locales. “El cuidado de las áreas protegidas no puede hacerse desde una oficina en Quito. Tiene que haber participación real y vinculante de quienes habitan esos territorios, porque son ellos quienes mejor los conocen y los han cuidado durante generaciones”.
Bucheli cree que el Estado debería invertir en la formación de guardaparques comunitarios, en la implementación de sistemas de monitoreo ambiental participativo y en la consolidación de modelos de conservación indígena. “Es una mentira que las comunidades no sepan conservar. Lo han hecho desde antes de que exista el Ministerio del Ambiente”. Pero para su financiamiento, Bucheli propone el cobro de tasas ambientales desde la misma gestión ambiental para autogestionar estos espacios, algo que asegura que ya ocurre en algunas de las áreas que operan en el país, que terminan por aportar más de sus gastos operativos.
Diana Chávez, lideresa del pueblo Kichwa, coincide. Para ella, cualquier intento de conservación que no pase por el respeto a la autonomía de los pueblos originarios está condenado al fracaso. “Nosotros somos parte de ese bosque. No es un lugar al que vamos a hacer turismo o del que queremos sacar dinero. Es nuestra casa. Y cuando llegan con leyes a decirnos cómo cuidarla, sin preguntarnos, están repitiendo el mismo patrón de exclusión de siempre”.
Chavez insiste en que el Estado debe garantizar los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. “Queremos participar, pero desde nuestras formas de organización y decisión. No queremos que nos impongan proyectos diciendo que son sostenibles, porque ya hemos visto lo que pasa cuando eso ocurre. Quedan ríos contaminados, animales muertos y territorios fragmentados”.
Las alternativas existen, dicen los expertos. Lo que hace falta es voluntad política, recursos públicos suficientes, respeto a los derechos colectivos y una visión de conservación centrada en la vida, no en la rentabilidad.
Tras la aprobación del informe, el texto pasará al segundo debate en el Pleno de la Asamblea.
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