Hasta el lunes 8 de junio la COVID-19 ha contagiado, por lo menos, a 43.378 personas y causado 3642 muertes en Ecuador. La crisis económica que ha significado puso al país frente a un déficit que podría bordear los $ 12.000 millones, según las proyecciones del Gobierno. Tras el estado de excepción determinado en el Decreto 1017 del 16 de marzo, se aplicaron medidas que abren el debate en torno al financiamiento de la educación pública.
El artículo 165 de la Constitución establece que, en estado de excepción, el Presidente de la República puede “utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”. Sin embargo, se anunciaron recortes a educación.
El primer anuncio se hizo el 1 de mayo, cuando la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt) indicó que el presupuesto universitario sufriría un recorte de $ 98 210 190. Lo que impactaría directamente en el funcionamiento de 32 universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas. Entonces el secretario, Agustín Albán, explicó que ese rubro se compone de cuatro elementos: la gratuidad de la educación, el mantenimiento de las universidades, las compensaciones por donaciones y el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). El último se constituye del 10% del IVA y el 11% del Impuesto a la Renta recaudados anualmente. Debido a la baja recaudación se produce la baja en la asignación presupuestaria.
El 13 de mayo del 2020 el Pleno de la Corte Constitucional resolvió: “Disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”.
A pesar de la pandemia, el 1 de junio arrancó el ciclo escolar en el régimen Costa y Galápagos. En Ecuador las clases se iniciaron virtualmente y apoyados también en los medios tradicionales radio y televisión.
Otro de los obstáculos que ahora también se sortea es la reducción del presupuesto. El 5 de junio la asambleísta Jeannine Cruz, del movimiento Creo, aseguró que:
“El presupuesto inicial $ 3784 millones, en 5 meses se recortan unos mil millones de dólares, afectando Educación Básica por 18 millones, la infraestructura por 300 millones y a la educación inclusiva en 96 millones”.
La Legisladora no se equivoca sobre la asignación inicial a la educación. La proforma presupuestaria enviada el 5 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Finanzas determinó USD 3.817 millones para ese rubro. Pero los datos de la reducción de los que Cruz hace eco surgen de las declaraciones del exviceministro de Educación, Vinicio Baquero, del 4 de junio. El exfuncionario replicó esas cifras en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 5 de junio. En sus palabras, dentro de las funciones que competían a su cargo el recorte supera los $ 900 millones. Recorte en el gasto de inversión: $ 503 millones Gastos corrientes: $ 402 millones De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del ministerio de Educación. Son funciones del viceministro:En 5 meses se han recortado casi MIL MILLONES de dólares a la educación. Y la ministra @monserratcream1 guarda silencio.. No da la cara al legislativo y al país…
— Jeannine Cruz (@Jeanninecruzz) June 5, 2020
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- Proponer y desarrollar políticas educativas para mejorar la calidad del servicio educativo.
- Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales, que permitan mejorar el servicio educativo.
- Remitir información requerida y rendir cuentas a la Autoridad Educativa Nacional.
- Dirigir estratégicamente las instancias bajo su cargo.
- Aprobar la proforma presupuestaria anual y plan plurianual de las dependencias bajo su cargo.
- Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia.
- Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en las leyes, normativas, y aquellas que le delegare el Ministro.
- Jornadas laborales de los maestros
- Programa Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi)
- Alfabetización y postalfabetización
- Reprogramación de acuerdos internacionales (convenios de colaboración educativa internacional)
- Mantenimiento de centros educativos
