El Gobierno y las FF.AA. mantienen el monto bajo reserva. “Creo que no estamos comprendiendo el momento histórico”, dijo la Ministra de Gobierno. Combustible, hospedaje, vehículos, armamento y drones son ejemplos de los rubros urgentes que se deben cubrir.
Por la crisis de violencia y la declaratoria de conflicto armado interno, Ecuador se encuentra en una situación crítica que demanda recursos imprevistos, los cuales no estaban contemplados en ningún plan ni presupuesto proyectado para el año 2024. Desde los aspectos logísticos más convencionales, como el transporte, hasta la adquisición de equipos tecnológicos de “última generación”, las necesidades son urgentes para hacer frente a los grupos determinados como terroristas. Justificando estos costos adicionales, el Gobierno ha planteado ante la Asamblea la posibilidad de elevar el IVA del 12 al 15% para obtener recursos para enfrentar esta crisis.
En pocas palabras, se trata del “costo de la guerra”, un término que diversos sectores han comenzado a emplear para referirse a este aspecto económico. La falta de recursos adicionales añade presión a las autoridades, quienes ahora, en la práctica, se ven obligadas a buscar soluciones rápidas.
Al defender la propuesta oficial de subir el IVA, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, cuestionó a diferentes bancadas políticas que han priorizado cuestionar cuál es la cantidad de dinero que se necesita y sus fuentes de financiamiento: “Creo que no estamos comprendiendo el momento histórico. En este momento la pregunta es otra: ¿Cuál es la cantidad de recursos que tiene un enemigo aglutinado? Porque durante años penetró en las estructuras del Estado y que es capaz de ponernos una bomba y en cualquier momento volarnos las cabezas y que es capaz de desestabilizarnos el país”.
En el proyecto de Ley remitido a la Asamblea, el presidente, Daniel Noboa, alega que “esta crisis catastrófica provoca la necesidad de compra de armamento y cualquier abastecimiento a los equipos militares y policiales para hacer frente al conflicto armado interno. A esto se suma la situación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual requiere una infraestructura que permita afrontar la crisis”.
“Las razones detrás de la adquisición de armamentos y demás insumos necesarios están vinculadas a la percepción de amenazas a la seguridad interna, la necesidad de mantener el orden público o la defensa frente a grupos armados”, señala Noboa en su pedido a los asambleístas. Agrega que “la decisión de incurrir en deuda para afrontar la crisis, está motivada por la urgencia de fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
LISTADO DE RECURSOS
En consecuencia, surge la interrogante sobre cuáles son las necesidades específicas del Estado, especialmente en lo que respecta a las fuerzas militares y policiales. Ante una solicitud de información por parte de Ecuador Chequea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que el alto mando militar ha decidido mantener esa información bajo reserva, argumentando razones estratégicas y de seguridad operativa.
Sin embargo, tres expertos en seguridad nacional explicaron detalles clave sobre los recursos esenciales necesarios para hacer frente a los grupos criminales clasificados como organizaciones terroristas en medio del conflicto armado interno y la reciente declaración de Estado de Excepción por un periodo de 60 días.
El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Paco Moncayo; el exconsejero presidencial de seguridad, Wagner Bravo; y el exdirector de movilización nacional de la Secrtetaría de Seguridad Pública, Patricio Quelal, detallaron que, en realidad, se trata de una amplia variedad de recursos, que abarcan desde logística convencional hasta la contratación de personal especializado en diversas áreas tecnológicas y administrativas. Además, incluye la construcción de nuevas cárceles e infraestructuras estratégicas, así como la instalación de equipos de vigilancia, operación de drones y la adquisición de dispositivos tecnológicos de «última generación».
LA LOGÍSTICA, UN DESAFÍO DE GRAN ENVERGADURA
Moncayo destacó que la logística tradicional se erige como el recurso más costoso, porque se necesita una mayor cantidad de vehículos, combustibles, alimentos y lugares de alojamiento necesarios para movilizar las 24 horas a los aproximadamente 80 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Asimismo, el exjefe militar subrayó la necesidad de un mayor entrenamiento, así como de un suministro adecuado de armamento y municiones para que las fuerzas militares y policiales puedan llevar a cabo sus operativos de manera efectiva.
Similares criterios formularon los otros expertos, quienes destacaron que ninguno de estos rubros adicionales de logística se contemplaron ni en el Presupuesto General del Estado ni en los denominados Planes Operativos Anuales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para el año 2024, de los que en la práctica dependen todas sus acciones.
Debido al considerable contingente militar involucrado en las operaciones, Moncayo informó que un sector específico de las Fuerzas Armadas, denominado Intendencia, asume la responsabilidad de gestionar y suministrar los recursos esenciales necesarios para el cumplimiento de sus operaciones.
“Todos los recursos logísticos se están usando de una manera exponencial” para enfrentar la arremetida de la violencia criminal, indicó Moncayo.
En este contexto se inscriben las estadísticas oficiales de las Fuerzas Armadas sobre sus operativos. El más reciente reporte señala que en un solo día, entre ayer y hoy, por ejemplo, se realizaron 2,741 operativos; y desde el martes de la semana pasada van ya 20.849 operativos.
LA INTELIGENCIA, PIEDRA ANGULAR DE LAS OPERACIONES
Los tres expertos resaltaron que la inteligencia se erige como el factor primordial para garantizar la eficacia de las acciones contra los grupos terroristas. Enfatizaron que se requiere personal especializado y la adquisición y puesta en funcionamiento de dos categorías de tecnologías.
La primera comprende cámaras y sistemas de vigilancia, así como la implementación de cámaras y drones para fortalecer el monitoreo. El segundo grupo incluye equipos tecnológicos especializados que posibiliten la identificación y diferenciación, así como la obtención de información de inteligencia de alto valor sobre grupos terroristas y de delincuentes organizados, además de prevenir posibles ataques cibernéticos.
Quelal afirmó que, en la práctica, es esencial que el Estado informe y promueva la importancia de la colaboración con los sistemas de inteligencia, incentivando y proporcionando garantías de seguridad para que los residentes de los barrios superen el temor a denunciar a extorsionadores y microtraficantes.
“Se necesita la colaboración y el compromiso de la ciudadanía en perder el miedo de delatar y denunciar, que digan ‘tal persona en tal casa se dedica a tales actividades ilícitas’. Esto porque las extorsiones y la venta de droga están muy ligadas a las actividades de los grupos terroristas”.
Wagner Bravo señaló que, además de la compra de equipos convencionales y tecnológicos para los sistemas de vigilancia, se requiere personal y recursos para infiltrar agentes que puedan recabar o incluso comprar información.
También indicó que es necesario renovar los equipos del sistema ECU-911, que empiezan a quedar obsoletos.
El experto también señaló que en este momento crítico que atraviesa el país, la seguridad implica no sólo el trabajo de militares y policías, sino de “todos los órganos ejecutores tengan los medios necesarios en las aduanas, Servicio de Rentas Internas, Gestión de Riesgos y Unidad de Análisis Financiero y Económico”.
RECURSOS TECNOLÓGICOS
La experta en ciberseguridad Diana Maldonado señaló que uno de los déficits críticos de recursos que debe abordarse de manera inmediata es la escasez de personal técnico especializado para capacitar a millones de empleados en los sectores público y privado, en la implementación de estrategias de ciberseguridad. Para resaltar la urgencia de contar con este tipo de profesionales, Maldonado subrayó que durante esta semana se han registrado incidentes en varias provincias donde individuos no identificados, con el rostro cubierto, ingresaron a aulas virtuales para realizar amenazas.
«A pesar de que el Ministerio de Educación ha afirmado que no ha habido hackeos en sus sistemas, se evidencia una filtración de información, ya que nadie puede acceder a una sesión de Zoom sin el usuario y la contraseña, o el enlace compartido. En este caso, la forma en que se compartieron los enlaces permitió el acceso de estos grupos», explicó.
La experta destacó que se trata de un fallo humano común en cuestiones de ciberseguridad, ya que las personas encargadas de compartir esta información de acceso a estudiantes y profesores no tomaron las medidas necesarias para evitar filtraciones.
«Esto demuestra que la ciberseguridad no es sólo un tema para instituciones o empresas, sino también para las personas, los usuarios finales, sin importar su edad, incluso los niños. Tanto es así que en Europa ya se está considerando la inclusión de la ciberseguridad como una materia escolar, para enseñar a los niños a identificar información falsa y evitar su difusión», agregó.
Sobre este tema, Bravo formuló un llamado a los usuarios de las redes sociales a usarlas con responsabilidad. “Los terroristas usan la desinformación para crear pánico”, comentó.
Moncayo subrayó la importancia de implementar medidas de ciberseguridad y ciberdefensa. «Estos son temas en los que podemos solicitar un fuerte respaldo de países aliados que nos lo han ofrecido. Los criminales están dispuestos a pagar sumas significativas a los mejores hackers, cantidades que el Estado difícilmente podrá igualar para contratar a un experto en esta materia. Por lo tanto, es imperativo redoblar esfuerzos para salvaguardar la soberanía en este nuevo ámbito que es el ciberespacio».
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