México y Colombia estuvieron donde Ecuador está hoy. Sus casos dan luces: la droga sigue y la ofensiva armada del Estado obliga a los grupos irregulares a armarse y a diversificar sus negocios sucios. ¿Qué hacer?: un Estado sólido, con más Inteligencia que fuerza bruta. 

Han pasado 52 años desde que Estados Unidos emprendió, oficialmente, una guerra contra las drogas en todo el mundo; estrategia que cobró fuerza, sobre todo, en América Latina. En este camino, México y Colombia se han convertido en grandes ejemplos de la efectividad de una guerra a la que, hoy, Ecuador se suma oficialmente.  

¿Qué puede aprender Ecuador de las batallas que se han levantado en países de la región?, una pregunta que llega al ver las noticias que, a muchos, recuerdan escenarios de antaño, esos que se veían tan lejanos. El conflicto armado interno, oficializado en el país el 9 de enero, ha generado más preguntas sobre las siguientes acciones a tomar y su eficiencia. Voltear a ejemplos como lo ocurrido en México y Colombia puede dar algunas luces a quienes toman decisiones.

Ecuador Chequea consultó a dos expertos en seguridad mexicanos y dos colombianos sobre los resultados de la lucha contra las drogas en sus territorios, para comprender el camino que Ecuador está empezando a transitar.

‘Un fracaso garantizado’

Su voz suena ronca a través de una línea telefónica, que reduce cientos de kilómetros a cero. Jacobo Dayán es mexicano y experto en seguridad. Al ser consultado sobre los resultados que ha dejado la ‘guerra’ contra el narcotráfico en su país, es claro en su respuesta: “Es un fracaso garantizado”. 

A finales del 2006, México emprendió oficialmente una ‘guerra’ contra el narcotráfico, de la mano del expresidente Felipe Calderón. Todo comenzó con un primer megaoperativo antidroga en Michoacán, una de las zonas donde el país vivía un aumento en este tipo de actividades ilícitas. En esta incursión participaron más de 7.000 efectivos, entre militares y policiales; en una ciudad donde sólo en 2006 fueron asesinadas 556 personas. Detenidos, plantaciones de marihuana quemadas, bandas desarticuladas, fueron parte de las noticias que rodearon a esta acción conjunta en el país: el inicio de la ‘guerra’. 

A México lo acechaban, en ese entonces, seis organizaciones delictivas grandes, dedicadas directamente a la venta y exportación de droga. El objetivo de Calderón fue, apegado a la política antidroga estadounidense —implementada por Richard Nixon en 1971—, acabar con el crimen organizado utilizando todo el poder de la fuerza militar y policial en su contra. 

Dayán recuerda este hito en México como el inicio de “una muerte anunciada”. El experto asegura que el comienzo de la lucha contra las drogas en el país tuvo un efecto rebote, generando un aumento considerable en los índices de violencia a lo largo de los años, una tendencia que no ha logrado revertirse hasta hoy, cuando la guerra, si bien se ha calmado, continúa viva en varios frentes. 

El experto mexicano, con voz pausada, cuenta que la composición de grupos criminales también fue cambiando a lo largo de los años, “pero nunca desaparecieron”. En 2006, el país contaba con seis grandes organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. En 2007, un año después del arranque de la campaña de seguridad, ya no registraba sólo seis organizaciones, sino ocho. Para 2010, el número había subido a 12 y en 2012, seis años después del inicio de la guerra, el país contaba con 16 grupos con fuerte presencia en el territorio.

Para Dayán, los números muestran sus propias conclusiones sobre los efectos del conflicto: “Las consecuencias son muchos grupos, más violentos. Esto empezó con un puñado de carteles muy grandes; hoy, más de una década después, aún tenemos carteles muy grandes, pero también grupos medianos y pequeños muy violentos. Entonces, lo que hubo es una pulverización de los grandes grupos, generando mucha más violencia y la permanencia de esos grupos grandes o alguna mutación de ellos mismos”.

Al dar paso a más violencia, las cifras de muertes o desapariciones también fueron creciendo en el país. Dayán las cuenta con firmeza y paso acelerado: “Más de 350 mil personas asesinadas, más de 100 mil personas desaparecidas, un fenómeno de desplazamiento forzado brutal. Se incrementaron las cifras de migración”. Para él, “después de todo este saldo, las drogas no han sido combatidas”. 

“Siguen llegando a los mercados internacionales, sigue habiendo acceso local, no hay un incremento de precios, que permitiera pensar en algún tipo de crisis. Es decir, todo este saldo humanitario, que es brutal, no ha servido de mucho”, dice. 

Lo que sí ha traído la “guerra”, explica Dayán, es un “aumento de la corrupción y su fortalecimiento en espacios como Fuerzas Armadas, Policía, la Justicia, que también fueron perpetradas ya antes pero, con la guerra, las organizaciones necesitaban mucho más de estos vínculos”. “Lo único que genera es un mayor vínculo entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales”, agrega. 

Con voz un poco más alta, Dayán repite: “El Estado entero ha sido penetrado y la guerra, no nada más no se gana, sino que goza de perfecta salud”. 

Jorge Romero, analista en seguridad en México, coincide con Dayán. Para él, en México la estrategia de enfrentar militarmente a las organizaciones delictivas “ha sido un fracaso tremendo, no se ha logrado ninguno de sus objetivos”. 

“El mercado de drogas sigue exactamente igual que siempre; hay que ver cómo se mantienen estables los precios de las sustancias en Estados Unidos. Lo que sí ocurrió es que la violencia se disparó”, dice. 

Romero explica que en 2007, México tenía apenas ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, cuando se empezaron a ejecutar estrategias de militarización, la cifra se disparó en pocos años, hasta llegar a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. “Una tasa que México no había tenido desde la década de los 60s”.

El experto destaca, además, que la guerra en el territorio obligó a las organizaciones criminales a modernizar su equipamiento, preparándose para el combate. Este movimiento económico causó que las agrupaciones ampliaran sus actividades a otros negocios, como el “tráfico de especies, minería ilegal, tala ilegal”. 

Para Romero, la conclusión es evidente: “La estrategia de enfrentar directamente al crimen organizado es una estrategia fallida, que lo que hace es engendrar más violencia”.

Otros ejemplos

En medio del panorama de guerra por el que han tenido que pasar países de la región, otro ejemplo es Colombia. La historia de este país no es muy distinta a la de México. Su lucha contra el Narcotráfico nació con el mismo Nixon, cuando el expresidente estadounidense se propuso emprender “una Ofensiva total” contra “el enemigo número uno”: las drogas. 

En los años setenta, cuando estas declaraciones se daban desde Washington, Colombia se levantaba como uno de los mayores exportadores de marihuana, que salía por el Caribe; posteriormente, las organizaciones delictivas que se empezaban a fortalecer en el país convirtieron al territorio en un centro de exportación de cocaína. 

Todo este proceso llevó al país vecino a convertirse en uno de los puntos centrales de la lucha estadounidense contra las drogas. Esto también se reflejó en el aporte de alrededor de $10.000 millones realizado por Estados Unidos al país como parte del ‘Plan Colombia’, que se firmó en el 2000, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico en el territorio. 

La guerra, que ha durado más de 50 años, ya ha sido declarada perdida por presidentes colombianos, incluido Gustavo Petro. Esto, debido a que la inversión militar y las incursiones no han alcanzado una considerable reducción en la producción de droga ni en su oferta. 

Con esto concuerda Jorge Mantilla, experto en seguridad colombiano. Él ha vivido parte de la guerra de cerca y explica que este tipo de conflictos han tenido tres importantes efectos en el territorio. Para él, “lo que muestra la militarización de la seguridad ciudadana o el uso del Ejército para combatir el crimen organizado son resultados débiles o fracasos”. 

Al igual que en México, la guerra contra el narcotráfico en Colombia, según el experto, provocó un crecimiento considerable en los índices de violencia. Esto, además, junto con el descabezamiento de organizaciones criminales, generó conflictos entre bandas o grupos organizados “por disputas internas o por fenómenos de desfragmentación de los grandes grupos”. A esto se suma la erosión de la democracia de un país, generado por los pesos y contrapesos de un sistema que es fácilmente corrompible por el narcotráfico y las bandas criminales. 

“En tercer lugar, pero no menos importante, en Colombia existieron violaciones a los Derechos Humanos por parte de fuerzas militares o especializadas. Pero no solo aquí, sino también en casos como el del BOPE, en Brasil, que es una policía militarizada de élite que busca controlar a organizaciones criminales”, dice. 

Con todo esto en mente, Romero reconoce que, aun así, no se ha logrado vencer al narcotráfico en su país. “La guerra contra el narco nos mete en este tipo de dinámicas, sin necesariamente obtener victorias o avances prácticos. Por esto, yo sí creo que la guerra fue un fracaso y por eso mismo es que hoy Colombia busca nuevas alternativas que le permitan alcanzar la paz”. 

María Alejandra Santos, magíster en Seguridad y Defensa Nacional colombiana, va en la misma línea que Romero. Para ella, si bien el conflicto armado en Colombia ha dado resultados, estos no se han reflejado en una reducción de actividades delictivas, ni la eliminación de la violencia. 

Ecuador, ¿en el mismo camino?

Ecuador vive una escalada de violencia, que no ha tenido freno en los últimos años. Para Diego Pérez, experto en seguridad ecuatoriano, esto está vinculado directamente al fortalecimiento de bandas delictivas reportado desde 2013, “más o menos”. Para él, lo que vive Ecuador es el resultado de una economía poco adaptada para resistirse al narcotráfico, de la mano de que el país comparte fronteras con dos de los mayores productores de cocaína del mundo.

“Todo esto ha conspirado para que, con el pasar de los años, el territorio se convierta en un centro de operación y exportación de droga por parte de organizaciones criminales. Aquí han llegado organizaciones trasnacionales de México y Europa. Estas mandan ‘gerentes’ al país para que gestionen sus empresas criminales, lo que pone a Ecuador en una situación complicada”, dice. 

Uno de los indicios de la situación crítica en temas de seguridad es el aumento casi exponencial que ha tenido la violencia en el territorio. Esta, según Insight Crime, se puede medir con base en las cifras de homicidios intencionales de un territorio. De este modo, si se comparan las cifras de Ecuador con las registradas en México o Colombia, en los años en los que la guerra contra el narcotráfico cobró fuerza, se puede ver que el país se encuentra en una situación similar a la vivida por Colombia entre 2004 y 2005, con una tasa de homicidios que sobrepasa los 45 por cada 100 mil habitantes. 

Como se puede ver en el gráfico, las cifras de homicidios en el país superan incluso a las registradas por México en su proceso de lucha contra el narcotráfico. Además, cabe destacar que estas presentan un considerable crecimiento entre el 2022 y 2023. 

Sobre la composición criminal en el país, el Decreto Ejecutivo 111, firmado por el presidente, Daniel Noboa, el 9 de enero, reconoce la existencia de 22 grupos delincuenciales, quienes han sido declarados como organizaciones terroristas. Esto significa una descentralización del crimen aún mayor a la registrada en casos como México, lo que para expertos como Dayán, puede ser un problema al momento de intentar “desarticular las bandas”. 

“Puede pasar lo mismo que aquí y pueden terminar con 50 grupos, cada vez más violentos, pues recurrirán a delitos que aumenten su capital, como secuestro, extorsión, pago de piso (vacunas), entre otros crímenes”, dice. 

Para Romero, estas cifras y el contexto delincuencial de Ecuador permiten identificar un patrón que da, “a todas luces”, pistas de que el país sigue un camino similar al que cruzó México, en este caso. Por esto, para él es importante que Ecuador aprenda de “los errores que acá se cometieron”. 

“Con estados débiles como el mexicano o el ecuatoriano, evidentemente la capacidad para enfrentar a organizaciones que tienen grandes ingresos, gracias a la prohibición de las drogas, es muy limitada”, dice. “Por eso, hay que estar bien preparados y utilizar todo el poder del Estado para combatir a las organizaciones criminales”. 

Según su opinión, esta guerra puede generar un “efecto cucaracha” en Ecuador. Esto, en otras palabras, consiste en la reacción del crimen organizado ante los ataques directos por parte del Estado, haciendo que los grupos criminales se dispersen a lo largo del territorio o, incluso, a países vecinos, con el objetivo de continuar con sus actividades. “Eso pasó en México”. 

Ecuador vive ya la llegada inminente de la guerra contra el narcotráfico o, como el Presidentente en varias ocasiones ha llamado a las organizaciones criminales: contra el “terrorismo”. Con el reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno (no internacional) en el territorio. Y esto ya ha empezado a dar frutos. 

Al momento, según fuentes oficiales, las operaciones de seguridad han dejado un total de 85 operativos contra grupos terroristas y 3.052 detenidos, de los cuales 158 son procesados por terrorismo. A esto se suma: 

• 32 presos recapturados
• 5 terroristas abatidos
• 2 policías fallecidos
• 13.747 kilogramos de droga decomisada
• 13 atentados a infraestructuras policiales
• 1.036 armas de fuego incautadas
• 1.319 armas blancas decomisada
• 4.802 explosivos incautados

Con el pasar de los días, las cifras siguen subiendo, como en toda ‘guerra’. Sin embargo, cabe preguntarse qué tan efectivo es que los números crezcan, únicamente. 

¿Qué sigue? 

Para todos los expertos consultados por Ecuador Chequea, es clave que el país no se enfoque únicamente en la militarización del conflicto como estrategia para luchar contra el narcotráfico. Esta, según Romero, es una “fórmula, ya probada, que no funciona”.

“Mientras exista un mercado clandestino del tamaño que tiene el de las drogas, pues, evidentemente, va a haber incentivos para que organizaciones especialistas en mercados ilegales aprovechen esas ventajas. Y si el Estado, además, los enfrenta de manera violenta, tienen fuertes incentivos para armarse, reclutar ejércitos y atentar contra el Estado”, dice. 

Por esto, Dayán propone que la respuesta del Estado debe ser completa y complementaria, con el objetivo de atacar al crimen organizado desde diferentes flancos, no necesariamente bélicos. 

“La violencia de las Fuerzas Armadas no estatales, como el crimen organizado, requiere de una respuesta de Estado completo. Se requiere más trabajo de inteligencia que fuerza bruta. Se requiere acabar con la impunidad y los vínculos entre los grupos criminales, la clase política y la clase empresarial. Se necesitan desmantelar redes criminales y no enfrentamientos armados directos”, explica. 

El experto explica que los “enfrentamientos directos, lo único que generan es que los grupos criminales requieran de mayor y más sofisticado armamento”. Esto, labra el camino para la escalada de violencia y otros factores, de los que ya se hablaron previamente, como la pulverización de bandas tras su descabezamiento y el aumento de crímenes violentos contra la población. 

“¿Cuál sería la solución? Con todo lo que he dicho, parece simple: más Estado, más inteligencia, más justicia, más estado de derecho y desmantelar redes de macro criminalidad, en las que participan agentes del Estado, clase política, fuerzas armadas y grupos empresariales, junto con carteles y grupos criminales”. Con esto, Dayán destaca la importancia de detectar lo penetrado que está el crimen organizado en las diferentes instituciones para así poder combatirlo de raíz. Para esto, sin embargo, destaca que se necesita fortalecer el Estado y todas sus funciones, brindando institucionalidad a las diferentes áreas. “Esto es elemental, mucho más que salir a la guerra”. 

Para él, la solución de fondo, sin embargo, está en la creación de estrategias regionales que permitan combatir a este tipo de grupos como lo que son: “organizaciones transnacionales”. Esto debería incluir una articulación internacional que busque, como objetivo final, “desmantelar los fondos y la logística de operación de estos grupos de forma integral; sólo así se puede realmente pensar en solucionar el problema”. Y Ecuador podría pensar directamente en emprender este tipo de iniciativas regionales. 

La desarticulación económica de los grupos, de igual manera, es uno de los puntos en común entre los expertos consultados. Dayán, Romero y Mantilla coinciden en que el fortalecer el control de las economías criminales es esencial para dar verdaderos golpes al crimen organizado. Los tres hacen énfasis en la relevancia de esta medida, asegurando también que como región se debería establecer un cambio en la política antidrogas para reducir el espacio económico a los grupos criminales. 

“Para combatir al crimen organizado debemos tener estados con fiscalías eficaces para perseguir el lavado de dinero, lo que es difícil en países con economías sumergidas, economías que tienen tan poca formalidad. Si se quiere lograr resultados se debe perseguir el dinero por la vía del lavado, perseguir el blanqueo de capitales. Es muy complicado, pero deben fortalecerse estas instituciones. Es la única vía para realmente enfrentar al crimen”, dice Romero.

Ecuador Chequea también consultó a Daniel Pontón, experto en seguridad ecuatoriano, sobre el futuro de la guerra, “que por primera vez ha sido declarada oficialmente como un conflicto armado interno en la región”. Ante la pregunta, el académico detalló que está incursión “no puede durar para siempre, por la falta de margen de maniobra económico y político” que tiene el país. Por esto, aclaró que es necesario pensar desde ya en los próximos pasos a dar, en tono con el fortalecimiento institucional y el fin de la impunidad judicial. “Si no, estamos condenados al fracaso y a que en un futuro la situación de violencia pueda complicarse aún más”. 

El presidente, Daniel Noboa, se refirió hoy, en una entrevista con Teleamazonas, a las acciones que se han tomado para golpear al financiamiento de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Entre estas se incluyen grandes decomisos de droga, como el dado en Vinces, donde se incautaron 22 toneladas de cocaína. Esto, según el Presidente, debe complementarse con la articulación y fortalecimiento del trabajo en instituciones como la UAFE y el SRI. Sin embargo, todavía no se ha hablado de acciones concretas en estas instituciones. 

Te puede interesar:

· Diana Salazar habría dicho: “¡No importa que maten fiscales!”

· ¿La historia de la Tribuna de Los Shyris llega a su fin?

· Debate sobre el IVA con poco sustento técnico, dicen académicos