Analistas y periodistas consultados por Ecuador Chequea cuestionaron los lineamientos emitidos por las Fuerzas Armadas para acreditar y gestionar la participación de medios de comunicación en coberturas institucionales, mientras la Unidad Judicial de Trabajo de Pichincha postergó hasta el 17 de junio de 2026 la audiencia en la que se prevé emitir una resolución sobre la acción de protección presentada por Fundamedios.
La Unidad Judicial de Trabajo de Pichincha postergó para el 17 de junio de 2026 la audiencia en la que se prevé emitir una resolución sobre la acción de protección presentada por Fundamedios contra los lineamientos emitidos por las Fuerzas Armadas para la acreditación y gestión de medios de comunicación en coberturas institucionales.
La decisión fue adoptada esta mañana después de que la jueza Marcia Córdova dispusiera, por segunda ocasión, que la Defensoría del Pueblo presente un informe claro y específico sobre la situación jurídica de esos lineamientos: si se encuentran vigentes, si fueron dejados sin efecto y cuál fue el mecanismo usado para una eventual derogatoria, según constató Ecuador Chequea durante la audiencia.
El caso se originó luego de que se conocieran públicamente, en febrero anterior, documentos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que planteaban un procedimiento para acreditar, evaluar y gestionar la participación de medios y periodistas en eventos institucionales. El esquema incluía criterios como línea editorial, tratamiento informativo histórico, rigor informativo, conducta profesional y postura frente al rol de las Fuerzas Armadas.
Frente a esta situación, Fundamedios presentó una acción de protección al considerar que esos lineamientos amenazan la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre instituciones estatales, especialmente en un contexto de seguridad interna y operativos militares.
En una primera audiencia, realizada el 12 de mayo, la defensa del Comando Conjunto sostuvo que los lineamientos ya no estaban vigentes. En esa diligencia, la jueza ordenó que se certificara si el documento seguía en vigor, si fue derogado, modificado o dejado sin efecto, y si había sido aplicado. Y para ello ordenó que una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, varias instituciones públicas y el Ministerio de Defensa investigara y respondiera dicho requerimiento.
En la audiencia de hoy, en cambio, Córdova cuestionó que no se haya cumplido de manera concreta esa disposición. La magistrada observó que el Ministerio de Defensa presentó un informe por separado, mientras que la Defensoría del Pueblo no respondió de forma específica sobre la vigencia o derogatoria de los lineamientos y se limitó a citar normas sobre la naturaleza del instrumento administrativo sin aclarar si había sido formalmente derogado.
La falta de una respuesta clara impidió que la audiencia avanzara hacia una resolución de este caso.
El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, señaló que “si las Fuerzas Armadas sostienen que el documento ya no está vigente, deben demostrar concretamente mediante qué acto administrativo fue derogado”.
Ricaurte sostuvo que la información presentada hasta el momento dentro del proceso demostraría que los lineamientos fueron emitidos como un acto administrativo y que no existe evidencia de su derogatoria formal.
Este caso, dijo Ricaurte, trasciende el ámbito periodístico porque pone en discusión el respeto a los derechos constitucionales y los límites de actuación de las instituciones públicas frente al derecho ciudadano a recibir información
“Está en juego la libertad de expresión, el acceso a la información pública de todos los ecuatorianos, no solamente de los periodistas”, dijo Ricaurte. “Si se aplican esos lineamientos, lo que está haciendo Fuerzas Armadas es discriminar a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas, por su línea editorial”.
Según Ricaurte, existen evidencias de que estos criterios llegaron a aplicarse y que podrían permitir una discriminación contra medios de comunicación o periodistas con base en su línea editorial, una práctica que considera incompatible con los estándares constitucionales de libertad de prensa.
“El documento fue emitido, es un acto administrativo válido, que se ha aplicado, al contrario de lo que dice Fuerzas Armadas, está en vigencia. Y luego, el documento no ha sido derogado”, afirmó.
Reacciones
Paúl Pinto, analista en seguridad y defensa nacional consultado por Ecuador Chequea, consideró que los lineamientos fueron una medida “fuera de lugar” y dijo que espera que la justicia establezca que no se puede limitar la libertad de expresión.
Pinto afirmó que, desde que colabora como consultor y facilitador de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, desde 2007, no recuerda una restricción similar en la relación entre la institución militar y la prensa.
“Es la primera vez en 20 años que he visto una limitación del trabajo de periodistas de Fuerzas Armadas”, señaló. A su criterio, las restricciones informativas solo podrían justificarse en situaciones excepcionales, como un conflicto bélico con otro Estado o asuntos estrictamente vinculados a soberanía y estrategia.
Desde Esmeraldas, el periodista Manolo González aportó una perspectiva distinta. Dijo que, en las coberturas en las que ha participado durante 2026, no ha observado restricciones directas de las Fuerzas Armadas al acceso de los comunicadores.
“Decir de manera tácita que las Fuerzas Armadas están restringiendo el acceso a la información en Esmeraldas sería mentir”, sostuvo. Sin embargo, lamentó que la inseguridad ha debilitado el periodismo de investigación en zonas pequeñas, donde indagar sobre estructuras criminales o decisiones estatales puede generar riesgos de represalias y la falta de protección efectiva para los comunicadores.
Mauricio Aguirre, abogado con formación en derecho penal y criminología, exjuez ad hoc y asesor parlamentario, dijo que la jueza debería aceptar la acción de protección si concluye que los lineamientos restringen derechos.
Aguirre sostuvo que permitir que una institución pública seleccione qué medios acceden a entrevistas o coberturas según afinidad podría politizar el acceso a la información.
“El momento que las Fuerzas Armadas acepten solo a un medio y no a otro, esto quiere decir que eso también estaría politizándose”, señaló. “Únicamente los medios que estén afines a las Fuerzas Armadas podrían ingresar a una entrevista y los otros medios estarían limitados”.
