12 alcaldes tienen protección de la Policía y ocho solicitudes están en análisis, según el Ministro del Interior. 4 prefectos también tienen seguridad, mientras que 19 candidatos a asambleístas han solicitado esa medida, y se han aprobado 7.
El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que 22 alcaldes remitieron el pedido para que se les otorgue seguridad por parte de la Policía. A 12 ya se les había otorgado y ocho solicitudes estaban en trámite, ya que implica el uso de recursos públicos, por lo que tienen que generar los justificativos para los organismos de control. “Ese justificativo es el análisis de riesgo”, aseguró. Además, se ha destinado seguridad de la Policía a cuatro prefectos que lo solicitaron sin que existan más pedidos registrados por parte de esas autoridades. En relación a los candidatos a asambleístas se han recibido 19 pedidos de los que se han aprobado siete y el resto está en análisis de riesgo.
Reunión de seguridad
Las declaraciones de Zapata se dieron en el marco de la reunión que junto al Presidente de la República, Guillermo Lasso, y otras autoridades del sector de seguridad mantuvieron con los representantes de alcaldes, prefectos y de juntas parroquiales rurales del país para definir acciones acciones conjuntas que permitan combatir la inseguridad creciente que vive el país. Las autoridades locales fueron convocadas a esta reunión en la Gobernación del Guayas tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, que ocurrió el domingo.
Horas antes de esta reunión, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, aseguró que el asesinato de Intriago, es una muestra de que el país ha tocado fondo y que anda mal desde hace tiempo.
Agregó que han pedido a las autoridades nacionales que se brinde seguridad a todos los alcaldes del país, pero que el viernes les comunicaron que alrededor de 12 alcaldes que lo habían solicitado directamente iban a contar con dicha protección, entre ellos constaba Intriago. “Tuvo seguridad, pero nos da qué pensar si realmente las personas que están brindando seguridad a las autoridades están capacitadas para hacerlo, o únicamente son policías que están intentando cumplir con su labor, con lo que dispone el nivel jerárquico superior”, dijo Maldonado.
Añadió que el incremento del nivel de violencia ha hecho que día a día vivan en zozobra, ya que son autoridades que tienen agendas públicas de actividades, por lo que la ciudadanía sabe que harán y dónde estarán en determinado momento. “Todos somos testigos de cómo el crimen organizado avanza a pasos agigantados y cada día es mucho más difícil vivir”, manifestó.
Su pedido es que se les permita reunirse con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), pues como autoridades locales conocen de cerca la realidad de sus comunidades y podrían aportar con soluciones.
Otros criterios
Tras la reunión, la prefecta de Pichincha y presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), Paola Pabón, señaló que es importante que las autoridades seccionales sean tomadas en cuenta en esta lucha contra el crimen organizado, y que se haya dispuesto que se aumente la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno con las autoridades nacionales en materia de seguridad.
Además, dijo que firmarán convenios para realizar planes que se ajusten a cada una de las realidades territoriales. Indicó que se han identificado tres vulnerabilidades: puertos y tráfico de drogas, zonas de frontera, y minería ilegal.
Por su parte, Lasso manifestó que los distintos niveles de Gobierno tienen el reto de trabajar en conjunto para enfrentar la inseguridad que afecta a las parroquias, los cantones, y provincias. “Tenemos que trabajar unidos entendiendo que este es un problema común”, dijo.
Lasso informó que como resultado del estado de Excepción en el cantón Durán, decretado ayer, se registran 16 detenidos, 844 armas y alimentadoras y municiones decomisadas; 460 paquetes de heroína y cocaína decomisadas.
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