A poco más de un mes de las elecciones seccionales, la Fiscalía, la bancada oficialista y activistas políticos han arremetido contra la gestión de Pabel Muñoz como alcalde de Quito y candidato a la reelección. ¿Coincidencia o concertación?
“¿Saben cuál es uno de los principales problemas cuando los tiempos políticos se cruzan con los judiciales? Que las denuncias pierden credibilidad y legitimidad. A un mes de las elecciones cualquier denuncia o actuación judicial corre el riesgo de interpretarse en clave electoral y no como lucha contra la corrupción”.
Este post de Yalilé Loaiza, editora de Ecuador Chequea, aplica y refleja lo que viene sucediendo en Quito en los últimos meses, y sobre todo en los últimos días. Desde lo político y judicial se han impulsado una serie de denuncias contra la administración municipal capitalina encabezada por Pabel Muñoz, quien busca la reelección y que según varios analistas es un serio aspirante a continuar en el cargo, frente a la candidatura oficialista de Harold Burbano que no termina de despegar, por lo que ha tenido que recurrir al “espectáculo” de ir a “desinfectar” el Palacio Municipal:
En la práctica han coincidido los tiempos electorales y las acciones de denuncia. Burbano fue a “fumigar” el Municipio el martes 20 de octubre, un día después de que el activista político Juan Esteban Guarderas presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de Muñoz por presuntas “vacunas” en el Municipio de Quito para financiar su campaña electoral.
La característica de Guarderas, convertido en “denunciólogo” y que intentó entrar por la “ventana” de la Izquierda Democrática a la candidatura por la Alcaldía de Quito, es que sus denuncias se han concentrado en opositores al Gobierno, como la exvicepresidenta de la República, Verónica Abad, pero ha sido cuidadoso de topar al oficialismo, de pronunciarse o en casos de corrupción como “Progen”, en una actitud similar a los legisladores de ADN.
Y para completar el círculo, la Fiscalía en coordinación con la Policía allanó el 21 de octubre las oficinas del alcalde Pabel Muñoz, por una denuncia del concejal de Quito, Michael Aulestia, de un presunto peculado. El concejal aclara que la denuncia no es directamente contra Muñoz, sino contra funcionarios de su despacho y descarta que tenga motivaciones electorales, aunque la acción de la Fiscalía haya coincidido con la etapa electoral.
El Municipio de Quito, a través de un comunicado, exigió que la investigación se haga con pruebas, respetando el debido proceso y no con “anuncios filtraciones o acusaciones sin sustento”.
La arremetida de la bancada oficialista
Mientras en el plano judicial se han iniciado esas acciones legales, en lo político la bancada de ADN ha transformado a la Asamblea en el “brazo ejecutor” de las acciones contra la gestión de Muñoz y ha hecho que la Legislatura asuma un rol fiscalizador de un gobierno seccional. Un rol que no le corresponde, según indicó el concejal de Quito, Andrés Campaña, ya que el ente competente para hacerlo es el Concejo Metropolitano:
Muñoz se ha convertido en “cliente” favorito de la bancada oficialista, donde la voz “cantante” la llevan los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Ordoñez. Sobre todo Ordoñez, quien desde la Asamblea se ha convertido en una especie de “juez supremo” del alcalde de Quito, el que le sigue los pasos, el que lo vigila y advierte los presuntos actos de corrupción en su gestión; pero también es el legislador que evade con una sonrisa sarcástica el tema Progen y las preguntas de la prensa sobre por qué no pone el mismo ímpetu en fiscalizar ese caso, que sí es de su competencia.
En un post del 16 de septiembre de este año, Ordoñez insinuó que los incendios en Quito fueron (auto) provocados por los propios correístas, para distraer la atención de la subida de pasajes de transporte urbano previsto para enero de 2027.
Al alcalde de Quito lo responsabilizan, con o sin razón, desde los incendios forestales hasta de la inundación de Quitopía y de todo lo negativo que pueda suceder en Quito. Y lo hacen desde el Pleno de la Asamblea, a través de las mociones de cambio del orden del día, que para variar se tratan casi exclusivamente las presentadas por la bancada oficialista, ya que el correismo presenta a destiempo las solicitudes, según se ha manifestado en el Pleno.
Esta dinámica se ha intensificado desde finales de septiembre y se ha presentado casi a sesión seguida.
El 22 de septiembre, en la sesión 125 del Pleno de la Asamblea, Alarcón mocionó un cambio del orden del día para que se debata una resolución de fiscalización a la actuación de Muñoz frente a los incendios forestales y verificar el cumpliento de sus obligaciones. La moción no pasó ya que obtuvo 75 votos a favor de los 77 requeridos. En la bancada oficialista se habló extraoficialmente de una mala gestión de la coordinación del grupo para garantizar la aprobación de la moción. Ante la prensa, Alarcón prefirió culpar al correísmo por no haber dado los votos.
Para el 1 de octubre, en la sesión 128, fue Ordoñez quien propuso el cambio del orden día para resolver sobre denuncias ciudadanas de presuntos cobros duplicados e indebidos a los usuarios del peaje Oswaldo Guayasamín. Según el legislador, el tema es de importancia nacional ya que el túnel Guayasamín constituye la puerta de entrada a la Amazonía.
Mientras que el 15 de octubre, en la sesión 130, la moción de cambio del orden del día la propuso Luigi García (ADN), para que se pida información sobre las condiciones técnicas del proyecto Quitopía y la inundación que sufrió apenas inaugurado el proyecto.
Varios sectores cuestionaron que el oficialismo pida información sobre Quitopía y omita de la agenda la crisis eléctrica, los apagones y se niegue a convocar al Pleno al ministro del ramo para que explique las medidas tomadas.
En tanto que en dos sesiones del Pleno que hubo esta semana, se aprobaron dos mociones de cambio del día propuestos por el oficialismo para tratar temas de la gestión municipal quiteña. El 20 de octubre fue Fernando Jaramillo quien propuso que se pida información sobre la adquisición de camiones de basura por parte de Emaseo EP; y el 22 de este mes fue el turno de Andrés Castillo (ADN) quien recurrió al mismo mecanismo para que se oficie al Ministerio de Trabajo sobre presuntos cobros de diezmos a los trabajadores del Municipio de Quito.
video de gabriela rivadeneira
Para el correísmo no fue una semana fácil. El jueves su excandidata presidencial y dirigente de la organización, Luisa González, fue detenida para formulación de cargos por presunto lavado de activos y este viernes el juez de la causa dictó prisión preventiva en su contra.
Cronología
Martes 22 de septiembre: en sesión del Pleno de las Asamblea, Inés Alarcón (ADN)) mociona cambio del orden del día para analizar la actuación de Muñoz frente a los incendios forestales. Su moción no pasó.
Jueves 1 de octubre: el asambleísta de ADN, Xavier Ordoñez, mociona cambio del orden del día para tratar presuntos cobros indebidos en el peaje Oswaldo Guayasamín, a cargo del Municipio de Quito.
Jueves 15 de octubre: Luigi García (ADN) propone cambio del orden del día para pedir informes técnicos sobre el proyecto Quitopía.
Lunes 19 de octubre: Juan Esteban Guarderas, activista político, presenta denuncia penal contra Pabel Muñoz por presuntas “vacunas” en el Municipio de Quito
Martes 20 de octubre: Fernando Jaramillo (ADN) propone recabar información sobre la adquisición de camiones de basura por parte de Emaseo EP.
Martes 20 de octubre en la noche: Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito por ADN, llega a la Plaza Grande con un grupo de ciudadanos para “desinfectar” la presunta corrupción del Palacio Municipal
Miércoles 21 de octubre: la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas del alcalde Pabel Muñoz por una denuncia de presunto peculado. La denuncia no es directamente contra Muñoz, sino contra funcionarios de su despacho.
Jueves 22 de octubre. Moción cambio del día presentado por Andrés Castillo (ADN) para pedir al Ministerio de Trabajo información sobre presunto cobro de diezmos en el Municipio de Quito.
Jueves 22 y viernes 23 de octubre: Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, es detenida por presunto lavado de activos y dictan su prisión preventiva.
